El PSOE también intentará retorcer la ley en un desesperado intento por continuar las obras ilegales de Mularroya

El secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha mostrado “su apoyo a los regantes afectados”, mientras el consejero Olona anunciaba que “adoptaremos todas las acciones políticas e institucionales necesarias para garantizar la continuidad de las obras del embalse de Mularroya hasta su completa finalización”, a pesar de estar declaradas nulas o ilegales por los tribunales.

Reunión de Lambán y Olona con Lamuela y Goñi.

Si durante el pasado fin de semana fue el PP quien declaraba una “guerra política” contra la Unión Europea y la Justicia española por la “sentencia de nulidad” del pantano de Mularroya, en el medio día de este lunes le llegaba el turno al PSOE.

Tanto Javier Lambán, Presidente de Aragón, como Joaquín Olona, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la DGA, parecen estar actuando como tales y no como militantes del PSOE, por tanto, a pesar de que la mitad de los socios del gobierno de coalición se oponen a las obras del pantano de Mularroya: Desde Podemos se pide, tras ilegalización del embalse de Mularroya “que se convoque la mesa de diálogo para un nuevo Acuerdo del Agua”, mientras desde CHA señalan que “la nueva sentencia de la AN contra Mularroya vuelve a demostrar el rotundo fracaso de la política hidráulica del gobierno español”, parece que la postura oficial del Gobierno de Aragón es la anunciada por ambos militantes del PSOE.

Tras la reunión con representantes de la Junta de Usuarios del Rio Jalón, el Presidente Lambán y el consejero Olona han mostrado “su apoyo a los regantes afectados por las obras del embalse de Mularroya”, y el consejero de Agricultura ha asegurado que “el Presidente está en contacto permanente con la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para pedir que presenten el recurso de casación ante el Tribunal Supremo”.

“Adoptaremos todas las acciones políticas e institucionales necesarias para garantizar la continuidad de las obras del embalse de Mularroya hasta su completa finalización y su definitiva puesta en servicio, exigiéndolo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y apoyando en todo lo necesario a la Junta Central de Usuarios del Jalón”, así de contundente ha sido el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, comunicando la intención del PSOE de utilizar todos los recursos públicos a su alcance para retorcer la ley e intentar sortear las cinco sentencias contrarias a las obras del pantano de Mularroya.

En la reunión mantenida entre Lambán y Olona, con el presidente, Jesús Ángel Lamuela, y el secretario, Ángel Goñi, de la Junta de Usuarios Rio Jalón, los representantes gubernamentales han dejado claro “el apoyo a los regantes” y han dado a conocer que el Presidente Lambán “se encuentra en contacto permanente con la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a fin de convencerla de este propósito, incluyendo la presentación del correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que apoyamos absolutamente”, ha destacado Olona.

Asimismo, el consejero Olona ha anunciado que “ya se ha acordado con el Presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada -PSOE-, la solicitud a la Ministra Ribera de la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua”, afirmando que “vamos a utilizar todos las herramientas y resortes para defender la posición que estamos trasladando”.

Según el criterio del consejero Olona la sentencia de la AN declarando la nulidad de las obras de Mularroya es una “malísima noticia para la agricultura familiar, para el regadío y para la lucha contra la despoblación. La agricultura familiar que tanto defendemos en el Gobierno de Aragón necesita del regadío, el regadío necesita de la regulación, y sin eso, no podremos hablar contra la despoblación porque es una utopía. En una geografía como la aragonesa, con un clima árido, sin regulación hidrológica, no cabe hablar de agricultura”, ha insistido el consejero.

“La reciente sentencia de la Audiencia Nacional que anula la Resolución de la Dirección General del Agua de 12 de agosto de 2015 por la que se aprueba el proyecto de construcción de la Presa de Mularroya y obras complementarias, sin que se pronuncie sobre la continuidad de las obras y estimando parcialmente el recurso interpuesto, obedece a razones de carácter estrictamente formal que cabe considerar subsanables y deben subsanarse por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, ha asegurado el consejero Olona.

En un amago de autocrítica, Olona ha confirmado que “si bien de acuerdo con la sentencia no se habría justificado suficientemente el Interés Público Superior del embalse de Mularroya que justificaría la alteración de las masas de agua afectadas, dicho interés resulta obvio que existe. Sobre todo, cuando ya se han invertido 140 millones de euros en una obra que cuenta con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental -DIA- de 19 de mayo de 2015, complementada por la Resolución de 13 de julio de 2015 relativa a la prescripción sobre la ejecución y operatividad de las medidas compensatorias sobre la Red Natura 2000 establecidas en la DIA, que no han sido anuladas”, ha asegurado Olona.

A juicio de Joaquín Olona “no sólo no existen razones objetivas de carácter material que justifiquen la paralización de las obras y, mucho menos, la restitución del emplazamiento a su estado original tal y como pretenden los demandantes, sino que la paralización de las obras en curso o demolición de las ya ejecutadas implicaría incurrir en costes absolutamente desproporcionados que supondrían un grave quebranto al interés general”, obviando que la chapuza en la gestión de este proyecto, que acumula sentencias en contra de todos los tribunales posibles, es imputable tanto al PSOE como al PP.

Intentando ‘una patada a seguir’ Olona ha reiterado su particular criterio, retorcer la ley hasta conseguir “asegurar los beneficios asociados a Mularroya y evitar los costes desproporcionados, injustificados e irreparables que supondría la suspensión de los trabajos en curso y la demolición de los ya ejecutados, es preciso adoptar todas las acciones políticas, jurídicas, judiciales e institucionales necesarias, incluyendo la interposición del correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte de quienes están legitimados para hacerlo, que son el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como demandado, así como la empresa contratista de los trabajos y la Junta Central de Usuarios del Jalón como codemandados”, ha concluido.

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