Para comprender mínimamente el embrollo judicial de querellas cruzadas entre saharauis y marroquís, cabe señalar que todo parece indicar que este episodio judicial forma parte de la estrategia de presión internacional que Marruecos ejerce contra la Unión Europea en general, y el Estado español en particular, para ahogar las legítimas -reconocidas por la ONU- aspiraciones del Pueblo saharui de obtener su soberanía política, a través de un referéndum de independencia.
La querella contra Ghali es la reacción marroquí a otra querella previa presentada ante la Audiencia Nacional en 2015, en la que víctimas saharauis denunciaban crímenes de lesa humanidad del ejército marroquí. Producto de esta querella, la Audiencia Nacional dictó órdenes de detención contra 14 altos mandos del ejército marroquí por crímenes de lesa humanidad, sin embargo, el Reino de Marruecos ha hecho caso omiso de la comisión rogatoria enviada por el Estado español para que entregue a los militares marroquís procesados.
En este contexto, el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado por razones humanitarias en un hospital riojano aquejado de complicaciones por el COVID-19, ha declarado ante el juez Pedraz por videoconferencia, y ha negado haber cometido violaciones de los Derechos Humanos, recalcando que “el motivo de esta querella es absolutamente político para tratar de minar la dignidad y la credibilidad del pueblo saharaui y su lucha en el camino hacia la autodeterminación”.
En la misma línea, el abogado defensor del líder del Frente Polisario, el penalista aragonés Manuel Ollé, ha explicado que Brahim Ghali ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional haber cometido violaciones de los Derechos Humanos contra la población saharaui. Ollé también ha indicado que son “absolutamente falsos los hechos que han sido objeto de acusación contra él”.
Finalmente, Ollé ha destacado que mientras las acusaciones particulares han solicitado medidas cautelares -prisión provisional y retirada del pasaporte para Ghali-, la Fiscalía únicamente ha pedido que aporte un domicilio y un teléfono para estar localizable mientras duran las diligencias, pero no mantiene acusación alguna contra el líder saharaui. “No contemplamos que se adopte ninguna medida”, ha concluido Ollé, que ya ha anunciado que solicitará el “inmediato sobreseimiento provisional de la causa”.
La Audiencia Nacional rechaza imponer medidas cautelares contra el Presidente de la RASD Brahim Ghali
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz ha emitido, a última hora de la mañana de este martes, dos autos en los que rechaza las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones particulares al entender que “no puede apreciarse riesgo de fuga alguno. No consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia”.
El juez Pedraz ha destacado que “en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra, que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración”.
“No puede concluirse que pueda ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, máxime a la vista de la fecha de los hechos investigados y que no se ha solicitado diligencia de prueba alguna y menos aún que el mismo pueda actuar contra bienes jurídicos de víctima alguna”, ha remachado el juez Pedraz.
Los autos de Pedraz refuerzan la estrategia del abogado defensor Manuel Ollé, que entiende que “se ha tratado, aprovechando que estaba aquí, de utilizarlo -a Ghali- como un trofeo o como una presa política” y ha reafirmado su intención de solicitar el sobreseimiento de las actuaciones judiciales y la condena en costas de las acusaciones particulares “al estimar -a juicio de Ollé- que han actuado con mala fe y temeridad”.
