El ICA y la financiación de las infraestructuras del ciclo del agua en Zaragoza

En tan solo tres años, la DGA ha facturado en torno a 45 millones de euros en la capital aragonesa, mientras que la ciudad tiene pendiente inversiones en saneamiento del orden de 150 millones de euros para la década que acaba de iniciarse

Una de las manifestaciones celebradas en Zaragoza contra el ICA. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Zaragoza necesita invertir anualmente una media de 15 millones de euros para garantizar una gestión eficiente y sostenible en materia de saneamiento. Las inversiones reales que se están realizando en la capital aragonesa no superan los 6,5 millones de euros al año (un 44% de lo necesario). Así lo afirman desde la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), y además advierten que esto supone "un grave deterioro de infraestructuras que antes o después habrá que afrontar".

El ICA, cobrado por la DGA, representa para los vecinos y vecinas de Zaragoza un aumento medio de la carga impositiva en materia de saneamiento del 86%, con un total de 13,5 millones de euros al año. "Si tenemos en cuenta que Zaragoza tendría que invertir en saneamiento 8,5 millones de euros al año más de lo que invertimos ahora y otros 8 millones de euros al año más en abastecimiento, resulta inaplazable derogar el ICA y asumir una alternativa razonable antes de que la falta de inversión nos lleve al deterioro del medioambiente y a nuevos incrementos del precio del agua para corregirlo. Esto se resolvería aplicando la propuesta de RAPA", aseveran.

En tan solo tres años, la DGA ha facturado en torno a 45 millones de euros en Zaragoza, mientras que la ciudad tiene pendiente inversiones en saneamiento del orden de 150 millones de euros para la década que acaba de iniciarse; "inversiones, que son inaplazables y que deberán realizarse en el marco de una gravísima crisis económica, derivada de la crisis sanitaria, que golpeará la economía familiar de la mayoría social", agregan.

La alternativa de RAPA al ICA supone que nadie en Aragón pague más de la media de lo que se está pagando en el Estado español por los servicios de saneamiento y que el sobrecoste (por encima de esa media) se cubra con los presupuestos del territorio.

En la situación actual, todo ello supondría que la ciudadanía de Zaragoza seguiría pagando al Ayuntamiento la tasa municipal y además aportaría entre 3,5 y 5 millones de euros al año a la DGA (no los 13,5 actuales), como contribución de corresponsabilidad al sostenimiento de los sistemas de depuración en Aragón. "De esta forma -subrayan-, liberando hasta 10 millones de euros al año de lo que ahora se paga por ICA, Zaragoza tendría posibilidad de encarar sus propias necesidades de inversión (15 millones de euros anuales, solo en materia de saneamiento)".

El agua no debe gestionarse como negocio

Respecto al resto de Aragón -según la RAPA-, en los municipios que tuvieran cedidas sus competencias a la DGA, esta cobraría la tasa territorial y el impuesto de corresponsabilidad, lo que debería alcanzar la media de lo que se paga a nivel estatal; el resto se cubriría desde los presupuestos del territorio. En los municipios que no tengan cedidas las competencias, se pagaría la correspondiente tasa municipal, además del impuesto de corresponsabilidad cuyo importe debería estar en torno a 0,1 euros el metro cúbico. "Ello supondrá que en aquellos municipios en los que se haga una buena gestión se acabaría pagando menos" de la media estatal, apostillan.

En cuanto a la financiación de las depuradoras del Pirineo, a juicio de este colectivo, deberían cargarse a los presupuestos del territorio, "puesto que esos fondos los recibió la DGA con destino finalista para estas obras consideradas de interés general del Estado".

Para la RAPA, "la presente crisis deja claro que el agua, como la sanidad, no deben gestionarse como negocio, sino como servicio público de interés general sin ánimo de lucro, asegurando el acceso universal al agua y protegiendo el derecho humano al abastecimiento y al saneamiento". "En este sentido, tanto el Estado como las Autonomías, deben reforzar la financiación de la gestión municipal de los servicios de agua y saneamiento, como clave fundamental de la salud pública", matizan.

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