La publicación, el pasado viernes 14 de abril, en el el BOPZ (Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza) de la ordenanza municipal que regula el servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación social, que da cobertura a la línea 900, el teléfono de atención a las personas usuarias de los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza implantado en pandemia, supone el último paso para privatizar el servicio, hasta ahora prestado por personal municipal.
La representación sindical y algunos grupos políticos de la oposición venían alertando de las intenciones del equipo de gobierno de Jorge Azcón (PP) de privatizar el acceso a los Servicios Sociales, externalizando funciones desarrolladas por el personal municipal de los centros. Lo que en un principio fue una solución temporal ha acabado siendo permanente y "además con un mayor coste para la ciudadanía", denuncian desde CCOO.
La ordenanza expone que "previa acreditación documental de la falta de medios humanos para el ejercicio de este servicio" se podrá solicitar el auxilio de medios externos para la realización de distintas tareas. En este sentido, el sindicato recuerda que en el mandato de Azcón se han eliminado alrededor de 250 puestos de trabajo, y en el Área de Acción Social hasta el 30 de septiembre de 2021, que es la última fecha en la que se facilitaron datos por áreas, hay 52 personas menos.
CCOO presentó alegaciones y planteó aportaciones a la ordenanza, que han sido desoídas, como que el servicio de información, valoración y diagnóstico y orientación social es "un servicio social general, dirigido a toda la población, de titularidad pública local, de naturaleza esencial, de gestión directa y gratuito". Por tanto, "tenía que ser un servicio prestado con personal directo de las administraciones y no un servicio que pudiera ser concertado". Además, CCOO critica que la falta de medios humanos es responsabilidad de la administración, que "debe dotar al servicio con medios humanos suficientes para desarrollar su labor".
"Seguiremos peleando para revertir esta situación que nunca se debería haber producido", afirman desde el sindicato, y añaden que "los actuales responsables políticos municipales han optado por la privatización de los Servicios Públicos derivando recursos económicos de la ciudadanía a las empresas privadas". En opinión de CCOO, "con plantillas suficientemente dotadas, bien organizadas y con buena planificación evitaríamos un gasto público innecesario".
"Caso omiso" a las alegaciones del Colegio Profesional de Trabajo Social y las presentadas por Zaragoza en Común
Por su parte, el grupo municipal de Zaragoza en Común ha denunciado la privatización de "la puerta de entrada de la ciudadanía" a los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) de Zaragoza.
De los 12 votos particulares presentados por Zaragoza en Común únicamente se han aceptado dos, y de una manera parcial, "eliminando el carácter con los que fueron planteados". Estas dos alegaciones pretendían establecer un horario de apertura de los CMSS por las tardes, "como salto de calidad en la prestación del servicio, adaptándose a las necesidades de la ciudadanía". El gobierno de Azcón lo ha limitado a "una posibilidad" en la apertura.
"En los otros 10 votos particulares, de mayor importancia si cabe, porque afectan al centro de esta ordenanza y de la concepción de los servicios sociales, no han dado ni un paso atrás", según ha explicado el candidato número dos de la formación, Suso Domínguez.
Asimismo, el propio Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón ha comunicado su disconformidad con esta ordenanza, al no tener en cuenta el Ayuntamiento de Zaragoza las alegaciones más importantes realizadas por el Colegio. Estas iban encaminadas a asegurar que todas las prestaciones fueran gestionadas de manera directa por empleados públicos. En este sentido, el Colegio Profesional ha aprobado por unanimidad la presentación de un recurso solicitando la derogación de la ordenanza.
Domínguez ha recordado que tanto la Ley de Servicios Sociales de Aragón, el Decreto de Centros de Servicios Sociales y la Orden que se regula el servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación social son "meridianamente claros" al atribuir a los municipios y comarcas la gestión de este servicio, público y directo, correspondiendo a las y los profesionales de la estructura básica del Centro de Servicios Sociales. "En ninguna parte de las normativas citadas aparece la palabra 'preferentemente' por lo que viola el contenido y el espíritu de norma", ha detallado.
"La ordenanza no sólo no regula el derecho que tienen las personas usuarias a ser atendidas directamente en su CMSS sin tener que pasar ningún filtro previo, sino que se inventan el concepto de asesoramiento administrativo que no aparece ni en la ley ni en la orden del Gobierno de Aragón y que únicamente sirve para dar trabajo a la famosa línea 900", ha explicado la concejala de Zaragoza en Común, Luisa Broto.
ZeC también ha recordado que CGT ha llevado a los tribunales la contrata de la línea 900, presentando un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por convertir este servicio de atención social en un "call center" donde personal externo y no cualificado filtra las llamadas que deben ser gestionadas. Una decisión, según apunta CGT en su recurso, que no cuenta con informes que avalen la necesidad de externalizar tareas reservadas a funcionarios o personal laboral del Ayuntamiento.
En este sentido, según datos de CGT, "hay que tener en cuenta que casi el 50% de las 67.000 personas que han pedido cita no han sido derivadas a los centros por considerarse su demanda 'no pertinente", ha recordado el candidato de ZeC, Suso Domínguez.
