El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado este martes la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que pasa ahora al Congreso. Este texto modifica el Código Penal para definir el consentimiento y acaba con la distinción penal entre abuso y violación. Se empezará a tramitar previsiblemente en septiembre, tras más de un año de anteproyecto aprobado. Ha contado con los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado.
Se trata del proyecto de ley de Garantías de la Libertad Sexual, la llamada ley del “solo sí es sí”. Este proyecto, tras 16 meses de visicitudes, modifica la definición de consentimiento, que pasa a ser “en positivo”, con una redacción que dice que “sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.
Esta fórmula está en la línea de la definición que da el Convenio de Estambul, ratificado por el Estado español, en su artículo 36.2. Asimismo, las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencias, ya que se entiende que “todo acto sexual sin consentimiento será agresión”, según el Ministerio de Igualdad. También se elimina el término de “abusos sexuales” del Código Penal.
También amplía el concepto de violencia sobre las mujeres más allá del ámbito de la pareja o expareja: toda violencia sexual se considerará violencia machista, como se entiende en el Convenio de Estambul. Con esta nueva legislación la violación será toda penetración sin consentimiento, sin exigir que concurran violencia o intimidación. Con esta nueva reforma del Código Penal se acaba con la figura del abuso sexual.
El texto cumple con el Convenio de Estambul al situar el consentimiento en el centro. Otros puntos claves que recoge esta ley es “la protección a todas las mujeres, niñas y niños con independencia de su situación administrativa, su etnia o nacionalidad, así como a las víctimas de trata y explotación” sexual bajo la premisa "todas las violencias, todas las mujeres”. Ofrecerá prevención, atención, sanción, especialización y reparación frente a las violencias sexuales.
Según la información del Ministerio de Igualdad, también se incorpora al texto la actuación contra la industria proxeneta, al incorporar la tercería locativa. Esto permitirá perseguir a los proxenetas que de manera habitual y con ánimo de lucro destinen establecimientos o espacios públicos o privados a la explotación sexual.
También se quiere evitar la revictimización con medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de declarar en salas especiales. Las mujeres víctimas de violencias machistas y sexuales tendrán recursos a su disposición, aunque no medie denuncia, como por ejemplo los centros de crisis 24 horas (para mayores de 16 años) y las casas de infancia para menores de edad.
Modificación del Código Penal
También recoge la norma cambios en el Código Penal, que opta por un sistema penológico progresivo y proporcional a la gravedad, con horquillas amplias. Se busca así, según Irene Montero, ministra de Igualdad, “dar una respuesta más amplia y acorde a las múltiples manifestaciones de violencias sexuales”, desde las consideradas más leves a las más graves. Recoge también un catálogo de agravantes, como las agresiones grupales, violencia o daño grave a la persona y uso de armas o medios peligrosos. Estos son términos del propio Convenio de Estambul, que recoge la vulnerabilidad de la víctima.
Bajo el delito de agresión sexual se agruparán varias conductas, con penas desde 1 a 15 años de prisión. También se incluirá en el Código Penal, como delito leve, el acoso callejero.
Irene Montero ha celebrado la aprobación de esta ley en un video que el Ministerio de Igualdad ha publicado antes de la rueda de prensa después del Consejo de Ministros y Ministras.
🙌🏾 La ley del #SoloSíEsSí es una respuesta institucional a las demandas feministas, al “Hermana, yo sí te creo”, “No es abuso, es violación” o “Solo sí es sí” que llenaron las calles con Nagore Laffage, Laura Luelmo, Nevenka o la víctima de la Manada.
💬 Principales medidas ⤵️
— Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) July 6, 2021
Ley de largo recorrido
Tras un año de que el Consejo de Ministros y Ministras aprobara el anteproyecto de ley y tras una consulta pública, la Fiscalía, el CGPJ y el Consejo de Estado ratifican esta norma salida del Gobierno español para que inicie la fase de tramitación parlamentaria. Previsiblemente en septiembre comenzará su tramitación en el Congreso, donde recibirá las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios.
Sin embargo, esta reforma de los delitos sexuales comenzó a idearse tras la polémica sentencia de la Manada dictada por la Audiencia Provincial de Nafarroa. En 2018, Mariano Rajoy y su ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunciaron que analizarían la tipificación de los delitos por abuso y agresión del Código Penal.
La propuesta de la Comisión General de Codificación llegó a la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el cambio de gobierno al que dio lugar la moción de censura. La reforma así se hizo esperar y no fue hasta la llegada del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos cuando se pudo avanzar.
El texto se aprobará en vísperas del 7 de julio, cuando se cumple el décimo aniversario del feminicidio sexual de Nagore Laffage. También ha recordado la ministra de Igualdad la agresión de la Manada de San Fermín, cuya sentencia originó un fuerte estallido de protesta social del movimiento feminismo, con incidencia en los lemas “no es abuso, es violación”, “hermana, yo sí te creo” y “solo sí es sí”.
