Este próximo jueves, el Congreso votará un Proposición No de Ley -PNL- que de aprobarse obligaría al Estado español a reconocer con “un estatus de oficialidad” al idioma aragonés, pero no parece que PSOE, PP, Cs y Vox lo vayan ‘a permitir’.
La proposición no de ley se basa en el manifiesto Pluralidad lingüística: libertad, igualdad y democracia, elaborado por la Red Europea para la Igualdad Lingüística -ELEN- y suscrito en 2019 por varias asociaciones de todo el Estado español que trabajan en defensa de las lenguas minorizadas. Son diez asociaciones que trabajan en favor del aragonés, el euskera, el asturiano, el gallego y el catalán: Nogará, Kontseilua, Iniciativa Pol Asturianu, A Mesa Pola Normalización Lingüística, Acció Cultural del País Valencía, Ciemen, Escola Valenciana, Ómnium y Plataforma per la Llengua.
La iniciativa social cuenta con el respaldo de numerosos grupos parlamentarios, hasta diez grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados -BNG, Compromís (socio colaborador de CHA en Madrid), CUP, PNV, EH Bildu (socio colaborador de Puyalón en Madrid), ERC, JxCat, Más Madrid, PDCAT y Unidas Podemos- apoyan la PNL “en defensa de la realidad plurilingüe del Estado español, para que las lenguas propias distintas al castellano tengan el mismo reconocimiento y sus hablantes tengan los mismos derechos y deberes que la lengua oficial de todo el Estado”.
A las puertas del Congreso de los Diputados, representantes de EH Bildu, ERC, CUP, BNG, Junts, Pdecat, PNV, Compromís, Más País y Unidas Podemos acompañaron a las entidades que trabajan por el aragonés, el asturiano, el euskera, el gallego y el catalán, que agradecieron “a los partidos que recogieran el guante de sus reivindicaciones” y presentasen la proposición.
Entre las razones para presentar esta propuesta desde las entidades sociales destacan que la PNL “toma como base acuerdos y tratados internacionales de los que forma parte el Estado español:
- Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU: Art 2: no discriminación por lengua.
- Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos, ONU Art 27.
- Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (DUDL), 1996: asumida por unanimidad en la sesión del pleno del Congreso de 18 de septiembre de 1996 (con Aznar como presidente del Gobierno).
- Continuidad en el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, 2016, para el impulso da DUDL por agentes sociales de toda Europa.
- Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (CELRM): tratado internacional ratificado por el Estado español en 2001. (con Aznar como presidente del gobierno).
“Un aspecto en común a todos estos acuerdos y tratados es que las comunidades lingüísticas son iguales en su derecho a realizar todas las actividades humanas en la lengua propia de su territorio, con plena validez jurídica, en todo y para todo”, recalcan.
Asimismo, plantean unas “Bases para una nueva gestión de la pluralidad lingüística:
- Libertad: La ciudadanía de territorios con lengua propia diferente al castellano (45% del total) no tienen libertad para vivir en su lengua. No es un problema de demanda. Es ausencia de oferta.
- Igualdad: Todas las lenguas son estructuralmente iguales. Todos los pueblos son iguales No se pueden hacer diferencias a respecto del derecho a su uso entre lenguas oficiales o no oficiales, de más o menos hablantes, de mayor o menor extensión geográfica. El mismo derecho a usar la lengua de su territorio que tiene un ciudadano de Madrid, la debe de tener otro de Betanzos, Barakaldo, Uesca, Tafalla, Ceuta o Elxe.
- Democracia: Un sistema político que establece diferencias entre los derechos y deberes de la ciudadanía en función de la lengua que utilizan es excluyente. El Estado español debe pasar de la democracia declarativa a la ejecutiva. Ninguna discriminación es legítima, tampoco la lingüística.
Finalmente, cabe destacar que según fuentes del PSOE y su socio Unidas Podemos, “aún se está intentando un acuerdo antes de la votación, este jueves, de la PNL”.
