El “escándalo” de Castanesa se agrava: “La respuesta del Gobierno de Aragón es vergonzosa y avasalladora”

Sobre la decisión de la DGA, la Federación Aragón de Ecologistas en Acción señala que “de ser cierto que los informes negaban esta declaración de urgencia, estaríamos hablando de varios delitos graves por cometer actos a sabiendas de que no son ajustados a derecho. Habría entonces que depurar responsabilidades y conocer qué miembros del gobierno, aparte de la consejera de Economía y del Presidente, han dado el visto bueno a esta irregularidad”.

Como ya ha informado AraInfo, desde Ecologistas en Acción recuerdan que el BOA de este pasado 17 de mayo “traía la declaración de urgencia, por parte del Consejo de Gobierno, de la expropiación de las tierras de los propietarios y familias de Castanesa”.

Para la Federación Aragón de Ecologistas “por un lado, supone ejecutar una política de hechos consumados. Tras conocerse que los vecinos de Castanesa se negaban a ser expoliados y que, para defenderse, habían llevado el asunto a los tribunales, quedaba claro que el proceso acabaría con la justicia dando la razón a los habitantes del valle, como la admisión a trámite adelantaba, y siguiendo lo ya sucedido hace una década cuando todos los tribunales declararon ilegal el Plan Urbanístico de Montanuy con el que Aramón quería financiarlo”.

“Ante este hecho, la respuesta del Gobierno de Aragón es vergonzosa y avasalladora: declarar la expropiación forzosa y urgente, para que sea inmediata, mientras todavía se está decidiendo en los tribunales si es legal o no, de modo que cuando se produzca la sentencia, que presumiblemente volverá a declarar ilegal el proyecto, las tierras ya estén usurpadas y destruidas, haciendo imposible la ejecución de la sentencia y dejando completamente indefensos a los habitantes y a los amantes de los paisajes de alta montaña”, denuncian desde Ecologistas en Acción.

Marta Gastón, la consejera de Economía, es a la vez la presidenta de la empresa Aramón

Para agravar los hechos, asegura el colectivo ecologista, el BOA “nos muestra que la decisión ha sido tomada por la Consejera de Economía y por el Presidente de Aragón, algo que llama poderosamente la atención dado que la tramitación de un proyecto declarado PIGA -interés general- corresponde por ley a la Consejería de Vertebración y no a la de Economía. Para entender que una consejería haya usurpado las competencias legales de otra, probablemente sea bueno recordar que Marta Gastón, la Consejera de Economía, es a la vez la Presidenta de la empresa Aramón, de modo que parece que sus intereses como presidenta de una empresa estén prevaleciendo sobre los de su cargo público y poniendo éste al servicio de sus intereses empresariales, y no del interés general”.

“También resulta grave la sospecha de que los informes técnicos y jurídicos de los servicios del Gobierno de Aragón nieguen la declaración de urgencia de dicho proyecto. Algo, por otro lado, de sentido común: un proyecto que la empresa llevaba sin ejecutar desde hace más de una década resulta ahora chocante que se diga que en el 2010 era urgente su realización. De ser cierto que esos informes negaban esta declaración de urgencia, estaríamos hablando de varios delitos graves por cometer actos a sabiendas de que no son ajustados a derecho. En este caso, habría que depurar responsabilidades y conocer qué miembros del gobierno, aparte de la Consejera de Economía y del Presidente como promotores como nos indica el BOA, han dado el visto bueno a esta irregularidad”, avisan desde la Federación Aragón de Ecologistas.

También desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón expresan “todo nuestro apoyo a los habitantes del valle de Castanesa en su lucha por defender sus tierras del expolio y anunciar que vamos a estudiar medidas legales y acciones de protesta social para detener esta barbaridad”.

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