Hace más de un año se inició el proceso de integración del profesorado de Formación Profesional en el Cuerpo de Secundaria, consecuencia de la nueva ley de Formación Profesional “proceso que dejaba en el camino a las personas que se jubilaban durante el proceso, al funcionariado en régimen de interinidad de FP y al profesorado especialista en especialidades singulares de Formación Profesional”, recuerdan desde CGT Enseñanza Aragón.
Este proceso de integración incluía el pago retroactivo de la equiparación salarial desde enero de 2021, siendo marcado enero de 2024 por el anterior Departamento de Educación de la DGA como fecha para hacer efectivo el pago de los atrasos.
Ante las dudas y preguntas transmitidas por las organizaciones sindicales al nuevo director general de Personal del Gobierno de coalición PP-Vox-PAR en la DGA, “este se comprometió públicamente a hacerlo durante el primer trimestre justificando el retraso en la dificultad de calcular el coste docente a docente”, señalan desde CGT, y añaden que “la propia consejera de Educación, Claudia Pérez, declaró en prensa en noviembre que había partida económica en los presupuestos de Aragón para haber frente al proceso de integración, igual que para la aplicación del acuerdo de reducción horaria” recuerdan desde CGT. Sin embargo, “entrando ya en mayo no hay noticias ni se ha iniciado el proceso de pagar los atrasos”.
Preguntado por la CGT, el director general de Personal ha comunicado que “no se va a pagar el proceso a no ser que el Ministerio adelante el dinero al Departamento, aunque otra opción sería pagarlo a plazos”. “De nuevo, la respuesta de este Departamento de Educación es culpar al anterior Gobierno o señalar al Gobierno español”, enfatiza el sindicato, y se da la circunstancia de que Aragón es prácticamente el único territorio “donde no se ha pagado la retroactividad”. “Aragón se sitúa, otra vez, a la cola de las condiciones laborales docentes”, destacan desde los sindicatos.
Por todo ello, desde CGT exigen al Departamento que “se comience el pago de los atrasos” y que “se dé solución a la situación del profesorado que ha quedado excluido del proceso”.
