La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado en la oficina del Defensor del Pueblo una queja por su falta de atención a las víctimas del franquismo a las que ha marginado en el desempeño de sus funciones mirando para otro lado cuando fue la primera institución del Estado español que recibió quejas sobre el desamparo de las personas desaparecidas por la represión franquista.
En el año 2000 se exhumó de manera científica la primera fosa común de víctimas del franquismo. En agosto de 2002 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó, ante la oficina del Defensor del Pueblo, las fichas de 64 personas desaparecidas en el Estado español; detenidas ilegalmente, torturadas, asesinadas y cuyos cadáveres les fueron ocultados a sus familias. Lo hizo mediante un formulario del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Desde esa fecha un organismo como el Defensor del Pueblo debería haber articulado un espacio para las víctimas de esa larga y terrible dictadura y haber llevado a cabo numerosas actuaciones al respecto, pero la decisión política que se llevó a cabo y se ha mantenido en el tiempo fue dar la espalda a esa realidad y negarse a defender los derechos de las familias de miles de desaparecidos forzados, víctimas del peor crimen que se puede cometer contra un ser humano”, explican desde la asociación.
En 2002 la ARMH presentó ante el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU los mismos 64 casos que hicieron que por primera vez el caso español apareciera recogido en su informe anual.
Pero aquel llamamiento a la oficina del Defensor del Pueblo no supuso ninguna actuación al respecto e “incomprensiblemente un organismo que debe velar por el cumplimiento de los derechos humanos ha seguido mirando hacia otra parte con el paso de los años”, y añaden, “lo ha hecho cuando todas las puertas de los juzgados han estado cerradas a las víctimas y la ARMH decidió iniciar una querella en Argentina en abril de 2010 buscando la justicia que no se obtenía en su propio Estado”.
Lo ha hecho cuando una ciudad como Madrid, además de vestigios franquistas en su callejero conserva un Acto de la Victoria que celebra el primer triunfo militar del fascismo europeo; el aplastamiento de un Gobierno democrático por los ejércitos de Franco, Hitler y Mussolini.
Han pasado los años y en 2014 el proceso abierto ante la ONU por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica años antes se convierte en la visita del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU, en septiembre de 2014. Seis meses después llegó el Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. Los dos organismos que visitaron el Estado español para conocer de primera mano la situación de las víctimas de la dictadura franquista tuvieron entrevistas con la Oficina del Defensor del Pueblo y “eso no cambió el silencio negacionista de la institución española con respecto a los crímenes de la dictadura franquista y sus consecuencias”, lamentan.
“La institución ha seguido hasta hoy mismo mirando para otro lado, asistiendo a noticias y debates al respecto sin considerarse interpelada por la lucha de las víctimas tratando de conseguir verdad, justicia y reparación”, denuncian desde la ARMH.
La Oficina del Defensor del Pueblo cuenta con unos "Grupos Sociales" a los que presta especial atención, pero entre ellos, aseguran desde la entidad memorialista, no está el numeroso grupo de familiares de las 114.226 personas desaparecidas por la represión franquista. También ha publicado numerosos informes monográficos sobre cuestiones sociales y grupos vulnerables y vulnerados entre los que tampoco están las víctimas de la represión de la dictadura.
Explica Emilio Silva, presidente de la ARMH que "uno de los informes de la ONU de 2014 señalaba de manera crítica el modo en el que en España se elige al Defensor del Pueblo, restringido a mayorías parlamentarias y no con el voto de organizaciones sociales y otros colectivos que operan en el ámbito de los Derechos Humanos, algo que lo haría más independiente".
Y concluye: "Le pedimos al Defensor del Pueblo una explicación acerca de ese terrible silencio de una institución que debe velar por los derechos humanos, que ofrezca una disculpa pública por el abandono en el que ha mantenido a las víctimas del franquismo y que tome actuaciones con carácter de urgencia para terminar con décadas de silencio viendo cómo las familias deambulaban por las cunetas en busca de sus seres queridos, sin ser atendidas por organismos estatales".
