El proceso de exhumación de 77 personas asesinadas por el fascismo ha sido autorizado por Patrimonio Nacional tras la petición de las familias, entre ellas, la de los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Ramiro Lapeña.
Este trabajo es el más complejo de los que se han acometido en el Estado español, por ello, el Gobierno de Sánchez ya ha avisado de que será largo en el tiempo debido al estado de las criptas.
La frase más repetida entre las familias es que este anuncio llega tarde para quienes todavía esperan y para quienes ya se han ido. Hace apenas unos días Manuel Lapeña, hijo y sobrino de los hermanos, fallecía a los 97 años.
Su yerno y representante de la asociación memorialista ARICO, Miguel Ángel Capapé, ha respondido a las preguntas de AraInfo con un sincero “ya era hora” y, como hizo la semana pasada, ha recordado que pese a que “muchos ya no están” todavía quedan familiares que esperan el regreso de los restos que les fueron arrebatados sin consentimiento.
Para llegar a este punto han tenido que pasar 12 años desde la primera visita al Valle de los Caídos y desde que comenzara su lucha y cinco años desde que una sentencia obligara a Patrimonio a sacar los restos para que se cumpliera su derecho a una digna sepultura.
"Más de sesenta años después de los traslados, las dificultades técnicas son muy grandes, por lo que entrar en las criptas no garantiza necesariamente que se encuentre a las personas que se buscan", señala el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; "no obstante, el proceso de exhumación va a contar con todos los medios y con los mejores expertos para poder entregar a las familias a sus seres queridos, siempre que sea posible".
La entrada en las criptas tendrá varias fases, en primer lugar, se habilitarán los accesos a los columbarios, asegurando las estructuras arquitectónicas que así lo requieran.
A continuación, tendrá lugar la intervención forense, que consistirá en la búsqueda y localización de los cuerpos, hasta donde sea posible, y a los correspondientes análisis genéticos que puedan dar lugar a las identificaciones.
Finalmente, tendrá lugar una fase de acondicionamiento de los columbarios, mejorando las instalaciones y las condiciones de conservación de los restos allí enterrados. Esto permitirá la dignificación global de las criptas.
"Los forenses que se harán cargo de esta tarea tienen la máxima cualificación, así como una gran experiencia contrastada en este tipo de actuaciones", añade el Secretario de Estado. La intervención técnica va a desarrollarse mediante protocolos reconocidos internacionalmente, y los laboratorios de referencia se encuentran acreditados en este ámbito.
El proceso de exhumación forma parte de la resignificación global del monumento a la que se ha comprometido el Gobierno español y que tiene su plasmación jurídica en el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, actualmente en trámite parlamentario.
“Esta ley, que se ancla en los cuatro principios fundamentales del derecho humanitario internacional (verdad, justicia, reparación y deber de memoria para no repetir los hechos), pone a las víctimas en el centro, recuerda a todas las personas represaliadas y repara moralmente a sus familias fomentando valores democráticos y derechos humanos. Las exhumaciones en las criptas del Valle forman parte significativa de este proceso”, señalan asimismo desde Moncloa.
El deseo de las familias aragonesas es que vuelvan las 12 cajas de los de Calatayud para colocarlas en el memorial que hay instalado en el cementerio de la localidad. Capapé asegura que siempre han querido que volvieran “aunque no se identifiquen individualmente”. De momento, habrá que esperar, un poco más, para ver cómo evolucionan los trabajos, el estado de los restos y si es posible identificarlos.
