El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón ha hecho pública una declaración en la que exige al Gobierno de Aragón la prohibición de la instalación de nuevos parque eólicos y fotovoltaicos en el Pirineo, Prepirineo y en el Maestrazgo, así como en otras zonas de alto valor paisajístico, agroganadero y ambiental.
Desde la Plataforma en Defensa del Paisaje y la Vida en el Pirineo (Alto Galligo y Chacetania) valoran el documento aportado por este colegio como “una argumentación técnica muy completa y contundente”. En el texto reclaman también un mayor rigor en el los estudios de impacto ambiental y socioeconómico de los proyectos actuales y una urgente regulación del modelo de ordenación territorial que requiere el desarrollo de las energías renovables.
Cinco puntos y cinco propuestas
Los ingenieros de Caminos resumen en cinco puntos sus propuestas para un desarrollo sostenible y justo con el medio ambiente de las energías renovables. En primer lugar, aseguran que es "absolutamente necesario y urgente que se elabore un documento de ordenación territorial que establezca los territorios que, por sus valores ecológicos, naturales, paisajísticos o culturales, deben estar exentos de este tipo de instalaciones".
En segundo lugar, reclaman una tramitación "transparente" y con "participación pública efectiva y real" para la instalación de nuevos proyectos.
"Es llamativa la brevedad de los plazos que se otorgan para que los interesados puedan efectuar las alegaciones que estimen pertinentes, generalmente de solo un mes. La documentación suele ser extensa, lo que dificulta su lectura y comprensión, a lo que se añade la coincidencia de numerosos expedientes expuestos al público a la vez", advierten desde este colegio profesional.
Respecto al cumplimiento de la normativa urbanística de los municipios: "La facilidad con la que este tipo de instalaciones son declaradas de utilidad pública o de interés social permite, en muchos casos, que pretendan instalarse indiscriminadamente en cualquier lugar, aplicando laxamente la normativa urbanística municipal, que en su día no pudo prever la invasión de este tipo de instalaciones en su suelo no urbanizable".
También exigen que los documentos de este tipo de proyectos, y su estudio de impacto ambiental, "deben tener la misma calidad, concreción y nivel de estudio que los proyectos de otro tipo de infraestructura", analizando la propia instalación, los caminos que se deben trazar para construirla y sus posteriores líneas de evacuación. Como ejemplo, el Colegio de Ingenieros de Caminos apuntan que la instalación Cluster Maestrazgo incluye "unos 400 kilómetros de caminos que se trazan habitualmente por terrenos de alto valor medioambiental, sin que muchos alcancen el nivel de definición técnica ni estudio ambiental que sería preciso".
Por último, consideran que la "necesidad y la urgencia" del desarrollo de las energías renovables "no deben ser la excusa para disminuir las garantías que establece la legislación sobre la necesaria ordenación territorial y la protección medioambiental, que debería complementarse y reforzarse con una directriz especial de carácter sectorial sobre zonificación y características de implantación de estas instalaciones".
“Algo de razón tendremos”
Declaraciones como éstas y de este nivel son para esta plataforma “muy necesarias y nos refuerzan en la idea de que algo de razón y capacidad tendremos” las personas que desde las zonas rurales afectadas llevan meses alertando sobre esta cuestión y exigiendo regulación en este mismo sentido.
Y es que cada vez son más las voces que se unen a la reclamación de paralización de esta avalancha descontrolada de proyectos especulativos, y se suman argumentos firmes y autorizados desde el punto de vista ciudadano, técnico, científico, jurídico, económico, ambiental.
