El Chusticia d'Aragón "nos da la razón". Así se ha expresado el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón (CPTSA) celebrando la resolución de la institución sobre la línea 900 y solicitando su "inmediata retirada".
En una nota de prensa, el CPTSA recuerda que desde abril, por distintas vías, han venido denunciando las dificultades que sufre la ciudadanía para acceder al sistema público de Servicios Sociales a través de la línea 900. En octubre de 2020, presentaron un informe al Chusticia d'Aragón con las objeciones al mantenimiento de la línea 900. Las objeciones "tenían que ver con la merma de calidad en la prestación del servicio de cara a la ciudadanía, las dificultades que añade a la coordinación entre los servicios sociales de base y profesionales del Trabajo Social de otros servicios, entre otras. Pero sobre todo con lo que consideramos un incumplimiento de la legislación en materia de Servicios Sociales que obliga a que el servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación social sean prestados por las Administraciones competentes y trabajadores y trabajadoras públicos, en gestión directa".
Una de las cuestiones que el Chusticia corrobora es que la Ley 5/2009 de Servicios Sociales en su artículo 22 establece que el servicio de información, gestión, evaluación, valoración y diagnóstico es obligatoriamente de gestión directa por lo que las personas profesionales que los presten deberán ser personal público.
El CPTSA empezó la elaboración de la queja "en el cumplimiento de uno de sus principales objetivos como institución: ser altavoz de la profesión". A lo largo del confinamiento domiciliario y hasta hoy, profesionales del Trabajo Social han contactado con el CPTSA para expresar su malestar por las dificultades añadidas que la instauración de la línea 900 sumaba a su desempeño diario. "Dificultades para trabajar en red con las y los profesionales de los servicios sociales comunitarios, algo que en Trabajo Social es básico para una buena atención a las personas, dificultades para contactar con los centros de servicios sociales de la ciudad, imposibilidad de trabajar de forma multidisciplinar, entre otras", apuntan.
Desde el CPTSA se preguntan: "Si estas son las dificultades que tienen las y los profesionales ¿Cuántas más se encontrará la ciudadanía en su acceso al sistema público de Servicios Sociales?". En este sentido, consideran que la retirada de la línea 900 es "beneficiosa no sólo para la profesión y el correcto desempeño de las funciones que le son propias sino para todo el conjunto de la ciudadanía".
La misma línea de demanda del CPTSA ha sido compartida por diversos agentes sociales de la ciudad de Zaragoza -sindicatos, entidades sociales, partidos, consejos de salud, profesionales- expresando su queja en diversos espacios participativos de la ciudad, llegando incluso a manifestarse en contra de la citada línea 900.
Bernal (CHA): "El Chusticia insta al Ayuntamiento a aprobar de una vez por todas el Reglamento de Centros Municipales de Servicios Sociales, pendiente desde 2016"
Las reacciones a la resolución del Chusticia no se han hecho esperar. El presidente de CHA-Zaragoza, Chuaquín Bernal, ha valorado "muy positivamente" la resolución que "ha dado la razón a la formación aragonesista, y a otros colectivos sociales y sindicales" en la queja presentada por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón contra la privatización de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento Zaragoza a través de la línea 900 como forma de acceso a los mismos.
En su resolución, el Chusticia "da un tirón de orejas" al Ayuntamiento de Jorge Azcón (PP-Ciudadanos) y le insta a "aprobar de una vez por todas el Reglamento de Centros Municipales de Servicios Sociales, que lleva pendiente desde 2016", ha señalado Bernal, quien insiste en exigir el cierre de la línea 900, a la que considera "un intento privatizador de dudosa legalidad por parte de PP y Cs". Además, reclama que el Presupuesto de 2021 dote del personal y de los medios técnicos necesarios a los Centros Municipales de Servicios Sociales “para desarrollar las funciones que tienen encomendadas”.
Bernal recuerda que el Chusticia reconoce que la iniciativa de poner en marcha la línea 900 parte de la empresa gestora del Servicio de Teleasistencia, en colaboración con el consejero de Acción Social y Familia. "No puede ser que las políticas públicas de Servicios Sociales las marque la empresa privada", denuncia, y añade: "Este contrato a la carta para los amiguetes de Azcón nos ha costado 200.000 euros en 2020 y supondrá otros 350.000 para 2021".
Por su parte, Luis García, secretario de Derechos y Movimientos Sociales de CHA, ha explicado que la resolución del Chusticia "destaca que los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación social son de gestión directa por empleados públicos y gratuito y en el caso de establecer servicios de triaje esta función está reservada a personal propio de la administración del Centro de Servicios Sociales".
"¿Qué sentido tiene entonces la línea 900 si, según el Chusticia, no puede dar información, y solamente pueda dar cita, lo que no hace actualmente y que no puede hacer, ya que son los trabajadores de los Centros Municipales de Servicios Sociales los que establecen las citas en función de criterios profesionales y al conocimiento de las situaciones individuales y familiares de las personas que acuden a los Servicios Sociales?", ha finalizado García.
Broto (ZeC): "La línea 900 debe ser suprimida de manera inmediata y retornar estas tareas a los Centros Municipales de Servicios Sociales"
La resolución del Chusticia también ha sido bien acogida por Zaragoza en Común. "Estamos muy satisfechas con esta resolución, porque refrenda la importancia de la gestión directa de este servicio público", ha apuntado Luisa Broto. La concejala de ZeC ha vuelto a pedir la retirada de esta línea, al entender que "es contraria a la legalidad".
La formación solicitó, ya en mayo del año pasado, la retirada de la línea 900 por funcionar como un filtro "inadmisible" en el acceso de la ciudadanía a los servicios sociales y "romper la equidad a la hora de hacer uso de estos". Para Broto, los servicios sociales "deben garantizarse desde lo público" por lo que el Ayuntamiento "debe poner fin a esta externalización y privatización de la tarea de primera información y valoración".
Desde ZeC apuntan que, en este mismo sentido, han venido manifestándose colegios profesionales, entidades y redes de apoyo vecinales, consejos de salud, sindicatos y las y los profesionales que desde hace aproximadamente dos meses se concentran en los plenos y comisiones. En la actualidad, estas manifestaciones se producen dos días a la semana de manera rotatoria en los diferentes centros de servicios sociales pidiendo su retirada.
Como recoge la resolución, el único sentido que podría tener esta línea es el servicio de cita previa, siempre y cuando no asuma funciones de información, gestión evaluación, valoración, orientación y diagnóstico, "algo que no hace en la actualidad y que resulta imposible dado que requiere importantes modificaciones organizativas y tecnológicas para hacerlo", ha destacado Broto.
"El Ayuntamiento de Zaragoza ya cuenta con instrumentos necesarios, con personal propio para dar citas telefónicas, como el servicio de atención telefónica del 010, que podría asumir esta tarea con la eficacia que siempre ha venido demostrando", añade la concejala de ZeC.
Dado que la línea 900 no puede realizar, como señala El Chusticia, tareas de información, valoración y orientación, y tampoco es posible dar citas previas, "entendemos que esta línea debe ser suprimida de manera inmediata y retornar estas tareas a los Centros Municipales de Servicios Sociales como venía haciéndose con total normalidad hasta la puesta en marcha de ésta", ha subrayado Broto. En este sentido, Zaragoza en Común ha avanzado que presentará una pregunta en la próxima Comisión de Acción Social y Familia.
La formación también ha exigido, como señala la resolución de El Chusticia, que se continúen los trabajos para la aprobación del reglamento de funcionamiento de los Centros Municipales de Servicios Sociales, que tras su exposición pública quedó preparado al final de la pasada legislatura y debería estar en funcionamiento.
Bella (Podemos): "Los Centros Municipales de Servicios Sociales son la puerta de entrada al sistema público, por eso la gestión debe ser pública y directa"
Podemos Zaragoza también ha celebrado la resolución del Chusticia que "viene a corroborar la denuncia que hemos realizado en reiteradas ocasiones, como han hecho organizaciones sindicales o el mismo Colegio de Trabajo Social, de que el Ayuntamiento de Zaragoza está incumpliendo la ley 5/2009 de Servicios Sociales, que en su artículo 22 establece que el servicio de información, gestión, evaluación, valoración y diagnóstico es obligatoriamente de gestión directa por lo que las personas profesionales que los presten deberán ser personal público".
La concejala de la formación morada en el Ayuntamiento, Amparo Bella, recuerda que "los Centros Municipales de Servicios Sociales son la puerta de entrada al sistema público de Servicios Sociales", por eso "la gestión debe ser pública y directa", y "vamos a insistir en su eliminación". Podemos ya anunció que enmendaría la partida de 350.000 euros para la línea 900. "Pero como lo que se necesita en los Servicios Sociales es reforzar los equipos de trabajo, también presentaremos enmiendas en el Capítulo 1 de personal", avanzan.
"Seguiremos manifestando nuestro rechazo a la línea 900 acompañando a las y los trabajadores sociales, quienes en las concentraciones que vienen realizando cada martes y jueves de este mes. La línea 900 dificulta muchísimo el trabajo, provoca retraso en la atención a las personas usuarias en los Servicios Sociales y empeorar la calidad del servicio. Además de ser una privatización a todas luces del acceso a un servicio público", concluye Bella.
Ortiz (PSOE): "La línea 900 es una privatización encubierta de servicios básicos y esenciales"
Tras conocer la resolución del Chusticia, el Grupo Municipal del PSOE ha exigido al Gobierno PP-Cs que limite la externalización de los Servicios Sociales municipales. Por ello, ha instado a que, "en la mayor brevedad posible, clarifique qué gestiones de este tipo pueden ser encomendadas a entidades privadas y cuáles deben facilitarse a través de empleados públicos".
Desde el PSOE consideran "imprescindible" que el Ayuntamiento de Zaragoza elabore este "catálogo de funciones", tal y como le ha sugerido el Chusticia de Aragón.
"Hemos denunciado en repetidas ocasiones que la línea 900 es una privatización encubierta de servicios básicos y esenciales. Este teléfono es un filtro, la atención debería hacerse por los servicios sociales de referencia", ha denunciado la portavoz de Acción Social del Grupo Municipal del PSOE, María Ángeles Ortiz, que ha recriminado que el Consistorio tardara tres meses en contestar al Chusticia.
