En su escrito, el Colectivo Emigrante Aragonés -CEA- ha expresado que la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón concedió a las administraciones y a los particulares el plazo de 18 meses, a partir de la entrada en vigor de la Ley, para eliminar los elementos o menciones realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de estado de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial.
La normativa legal incluye -ha recordado el CEA- la remoción de las placas, escudos, insignias, inscripciones, anagramas y otros elementos sobre edificios públicos o situados en la vía pública, como así también las alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y a sus defensores, o ensalcen a los participantes, instigadores o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista, y las denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de estado o al régimen franquista.
El CEA ha destacado que el artículo 15 de Ley estatal 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, actualmente en vigor, ya fijaba la obligación legal de retirar toda la simbología franquista en los espacios públicos de todo el Estado español.
Por medio de la iniciativa, este colectivo social ha propuesto preguntarle -en sede parlamentaria- al Gobierno de Aragón “qué opinión le merece que aún existan símbolos de exaltación y homenaje al franquismo en diferentes lugares públicos aragoneses vulnerando las citadas leyes aragonesa y estatal de Memoria”. Por otro lado, el CEA ha propuesto preguntar también al Ejecutivo aragonés “si tiene pensado aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley de Memoria Democrática sobre quienes estén incumpliendo la normativa relativa a la retirada de la simbología franquista”.
El CEA confía en que “la iniciativa trasladada por medio del mecanismo de participación ciudadana contenido en la página web de la Institución sea admitida a trámite por parte del órgano rector, la Mesa de las Cortes”. Y también ha expresado “el deseo de que los parlamentarios y parlamentarias interesados en reivindicar la vigencia de la mencionada Ley aragonesa, consideren la posibilidad de asumir como propia la iniciativa en cuestión, si fuese calificada por la Mesa de las Cortes, para que la propuesta de pregunta pueda continuar su recorrido parlamentario”.
