El radicalismo antidemocrático de PP y Cs, que mantienen los honores al dictador Franco, le costará a Calatayud 2 millones de euros al año

El equipo de gobierno de Calatayud (PP-Cs) rechaza, una vez más, la propuesta para revocar el acuerdo del pleno de 1951 que concedió la medalla de oro al dictador fascista Franco.

José Manuel Aranda, alcalde de Calatayud. Foto: Ayuntamiento de Calatayud

Pues fue que no. Parecía que esta vez sí, y por ello publicábamos que “Sólo la amenaza económica obliga a Aranda a retirar a Franco la medalla de oro de Calatayud”, pero este pasado martes PP y Cs volvieron a unir sus votos para rechazar la revocación del acuerdo por el que el Ayuntamiento de Calatayud concedió a finales de 1951 la medalla de oro de la ciudad al dictador fascista Francisco Franco.

El sectarismo político de PP y Cs en Calatayud es recurrente, llevan años rechazando las iniciativas del PSOE para retirar al dictador Franco la principal condecoración de la ciudad. Las excusas han sido tan diversas como pueriles, y en el fondo subyace la ideología antidemocrática de las dos formaciones políticas del nacionalismo hispano-madrileño, PP y Ciudadanos, que con esta actitud se sitúan fuera de las coordenadas de la derecha democrática europea y se acercan peligrosamente a los postulados de la ultraderecha.

Pero además de la vergüenza democrática que supone para toda la ciudad de Calatayud que PP-Cs, con el alcalde José Manuel Aranda a la cabeza, mantengan distinciones y honores a un dictador fascista, la sectaria actuación de Aranda y su equipo acarreará importantes consecuencias negativas de orden económico para las arcas de la ciudad.

La ley, de obligado cumplimiento siempre, también para militantes del PP y Ciudadanos, conmina a las administraciones públicas aragonesas a “revisar e invalidar por los procedimientos legalmente establecidos todas las distinciones y las demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista”. El incumplimiento de la ley expone a esas administraciones a la apertura de un expediente sancionador que conlleva “la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática de Aragón”.

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