Tras meses de incumplimiento y con una sentencia de por medio, el Ayuntamiento de Uesca (PSOE) se ha visto obligado a retirar la placa franquista del patio del Consistorio. El pasado mes de marzo, el Juzgado Contencioso Administrativo daba la razón a las entidades memorialistas que durante años ha reclamado la salida del homenaje al dictador Francisco Franco de este espacio institucional, tal y como marca la Ley aragonesa de Memoria Democrática (y la norma estatal de 2007).
Ya en marzo la sentencia recordaba que “la placa del patio del Ayuntamiento con el enaltecimiento que implica su dedicatoria ‘A su excelencia el Caudillo, Huesca agradecida’ (subrayado en la sentencia) infringe el artículo 31.1.a, sin que la Ley exima de su retirada por intentar su contextualización con un cartel adjunto”. Para el magistrado, “considerar la placa franquista como documento histórico es perfectamente compatible con su retirada y almacenamiento”.
Además, la sentencia reclamaba al equipo de Gobierno que ordenara cambiar las calles dedicadas a los alcaldes del periodo franquista Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa y Mariano Ponz, así como del nomenclátor la referencia a Federico Mayo.
En este sentido el fallo judicial demostró que los nombres de alcaldes de la dictadura vulneran igualmente la Ley de Memoria dado que “fueron personas afectas al franquismo”. En el caso de Federico Mayo, el hecho de haber sido responsable de la construcción de varios grupos de viviendas sindicales en el barrio del Perpetuo Socorro, argumento presentado por los demandados, “no exime su exclusión del callejero”.
Durante años, el Colectivo Ciudadano de Huesca, la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) y personas a título particular han denunciado el silencio del Gobierno de Luis Felipe (PSOE) al respecto.
“El PSOE del Ayuntamiento de Uesca, en materia de memoria histórica se ha alineado tenazmente con la derecha negacionista, constituyendo un bloque de poder municipal profundamente intolerante y antidemocrático. Confiamos que la sentencia cambie el curso de las decisiones”, señalaban en marzo.
La sentencia resolvió la demanda presentada a través del letrado Pablo Malo, por el Colectivo Ciudadano de Huesca, la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés Apudepa, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón ARMHA y personas a título particular.
El juez estimó los argumentos de las entidades demandantes y analizó "el espíritu y finalidad" de la Ley 14/2018 de Memoria Democrática de Aragón, para anular el acuerdo del Ayuntamiento de Uesca que desestimó en el pleno de enero de 2021 el recurso de reposición que instaba la retirada de la placa y las denominaciones callejeras franquistas.
No obstante, el Gobierno de Luis Felipe rechazó la retirada del callejero de los nombres de tres alcaldes (José María Lacasa, Mateo Estaún y Mariano Ponz) y presentó recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
Ya en marzo, estas entidades recordaba que pese a que esta sentencia suponía “un enorme avance democrático”, lamentaban que hubiera que recurrir a los tribunales para que las instituciones cumplan las leyes.
