La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), Apudepa y otras entidades del ámbito memorialista y del patrimonio, así como ciudadanos y ciudadanas del mundo de la cultura y la docencia a título particular, han suscrito el recurso de reposición presentado en el Ayuntamiento por el Colectivo Ciudadano de Huesca, para denunciar el incumplimiento de las leyes de Memoria Histórica de 2007 y de Memoria Democrática aragonesa de 2018 en lo relativo a la eliminación de símbolos y vestigios del franquismo en dependencias oficiales y en el callejero de la ciudad.
El recurso de reposición, paso previo a la presentación del contencioso administrativo, plantea “que se estime nulo o subsidiariamente anulable el acuerdo de pleno adoptado el 19 de octubre pasado, en cuanto al mantenimiento de la placa franquista en el patio del Ayuntamiento y la colocación de otra auxiliar explicativa; la permanencia en el callejero de los nombres de los exalcaldes Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa Coarasa y Mariano Ponz Piedrafita, igualmente el de Federico Mayo, así como la exhibición de las placas que recuerdan la Obra de la Delegación Nacional de Sindicatos en muros y portales”.
Asimismo, insta al Ayuntamiento a anular el acuerdo de resignificación para la Plaza de Navarra, Porches de Galicia y calle Rioja. Los recurrentes solicitan que se denominen los distintos espacios urbanos de acuerdo con la tradición popular e histórica y la inapelable perspectiva democrática. Así, recuerdan al concejo, que la futura Plaza de la Comunidad Foral de Nafarroa es conocida en la ciudad desde mediados del siglo XIX como Plaza de Zaragoza.
Por otra parte, junto a la denuncia del acuerdo de pleno que venía a rechazar el requerimiento realizado por la Dirección General de Patrimonio para el cumplimiento de la Ley de Memoria, el Colectivo solicita el cambio de denominación de las calles Pedro Sopena, Vicente Campo, Gil Cávez y Emilio Miravé, alcaldes franquistas y los destacados personajes del régimen Castán Tobeñas y Ricardo del Arco.
El recurso de reposición justifica y documenta a lo largo de casi treinta páginas la inseparable condición de franquistas militantes y colaboradores directos con las instituciones de la dictadura, de los regidores municipales y los personajes que las leyes señalan como “instigadores o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista”. “Que la gestión local –señala el documento– deba responder en gran medida a cuestiones de orden práctico y cotidiano, no resuelve el conflicto democrático y ético que implica la adhesión de sus ejecutores a las directrices, normas, jerarquías y estructuras de la dictadura que los nombra y ampara, dictadura a la que sirven y que ha sido reiteradamente condenada por los organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos”.
En cuanto a la placa del patio municipal, “no es necesario que aparezcan yugos y flechas, ni que exalte el 18 de julio, ni que se denigre a las víctimas de la terrible represión, la placa constituye un elemento intrínsecamente vinculado con los vencedores y su régimen militar y policial sostenido a base de leyes, escudos, monumentos, himnos, ocupación de espacios públicos y homenajes permanentes a los propios vencedores y su tiempo”. El recurso presentado plantea la sustitución del plafón franquista por otro que recoja con rigor documental las vicisitudes arquitectónicas del edificio municipal a lo largo de toda su historia.
El Colectivo Ciudadano está dispuesto a acudir a todas las instancias necesarias para promover la retirada de símbolos y referencias "a un régimen cuyo hecho fundacional y razón de ser arrancan en un golpe de Estado y la victoria militar que anuló y persiguió los derechos humanos y las libertades durante una sangrienta dictadura de casi cuarenta años".
Como señalaba recientemente la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca Josefina Cuesta, la eliminación de la simbología franquista es “fundamental”. “Nuestra sociedad –añade Josefina Cuesta– está comprometida a construir memorias democráticas, que son incompatibles con valores no democráticos. Seguir cultivándolos es atacar a la democracia”.
