Los colectivos ciudadanos que se oponen a la nueva gran superficie comercial que se pretende abrir en los antiguos terrenos de la fábrica Pikolín, en la carretera de Logroño, han valorado, en rueda de prensa celebrada este martes en la FABZ, la decisión de los promotores de desistir del recurso de casación que habían presentado en el Tribunal Supremo español contra la sentencia que declaraba ilegal el Plan Especial que permitía la construcción de dicho macro complejo comercial.
Juan Carlos Crespo, responsable de Urbanismo de la FABZ, junto a Maribel Martínez, de Ecologistas en Acción, y Gerardo Montori, de CCOO, en nombre del resto de colectivos, han explicado que la decisión de la empresa Iberebro de retirar su recurso, días antes de que el Tribunal lo resolviera, demuestra que "estos recursos son maniobras de los promotores para amparar la concesión de licencias, permitir la continuidad de las obras y conseguir sus propósitos mediante la política de hechos consumados".
Juan Carlos Crespo ha recordado que a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que declaraba nulo de pleno derecho el Plan Especial con el que se pretendía permitir su construcción, tanto el Ayuntamiento de la ciudad como el gobierno de Aragón, concedieron las primeras licencias de obras e iniciaron su construcción.
Ha señalado también "la sospechosa coincidencia de que tanto los promotores privados como el Ayuntamiento presentaran el mismo día los recursos de casación a dos instancias distintas -al TS por parte de los promotores y al TSJA por parte del Ayuntamiento". El responsable de la FABZ ha subrayado la contradicción “in terminis” que supone que confiaran en esta vía para legalizar el proyecto y posteriormente recurrieran a la modificación a la carta del PGOU, aprobada con los votos de PP, Ciudadanos, Vox y PSOE, en Pleno municipal.
Juan Carlos Crespo ha apuntado que hasta ahora todas las sentencias judiciales han dado la razón a los colectivos ciudadanos que se oponen a este macro proyecto comercial, y que también la modificación a la carta del PGOU ha sido recurrida por ellos, espera sentencia. Ha insistido que por el principio de prevención las licencias de obras no deberían haberse concedido y el proyecto debería estar paralizado.
“Parece la historia de David contra Goliat –ha dicho-. Desde que el alcalde Belloch y Carlos Pérez Anadón firmaron el primer convenio para el traslado de la antigua factoría de Pikolín, los promotores privados y los partidos que les apoyan han utilizado todo su poder económico y mediático, los recursos de costosos gabinetes jurídicos y todas las argucias legales para salirse con la suya".
Pero la ciudad es la que pierde -han afirmado los colectivos ciudadanos. Ahora más que nunca, con la pandemia del Covid golpeando al pequeño comercio, otro gran centro comercial puede ser -en su opinión- "un golpe definitivo para el pequeño comercio de los barrios".
"En plena crisis climática y sanitaria, un macrocomplejo para grandes multitudes, al que prácticamente solo se podrá acudir en coche, que requiere costosas infraestructuras que a la postre la ciudad deberá pagar y mantener, es un atentado contra el modelo de ciudad concentrada y sostenible que postula el actual PGOU de la ciudad, como norma superior de su urbanismo".
En base a estas premisas, los colectivos ciudadanos recurrieron citada modificación a la carta del PGOU, y "seguirán luchando contra este atentado a la sostenibilidad, al pequeño comercio y a la calidad de vida de la ciudad".
