El Gobierno de Azcón da luz verde a Torre Village sin resolver las causas que lo ilegalizaron

La decisión de la empresa Iberebro de seguir con las obras a pesar de acumular hasta el momento dos sentencias en contra es una de las piezas clave del conflicto del outlet de Torre Village. La Consejera del Área de Economía, Innovación y Empleo fue directora de Comunicación del Grupo Iberebro y Directora de Torre Village.

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Foto: Ayuntamiento de Zaragoza.

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este martes la modificación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por la que se regulariza el plan especial del outlet de Torre Village. La decisión ha llegado según lo esperado y gracias a los votos a favor de PP, Cs, PSOE y Vox. En el otro lado se encontraban Podemos y ZeC que han rechazado este movimiento político y lo han tildado de “urbanismo a la carta”.

Varias entidades sociales confirmaron este lunes que si el Ayuntamiento de Zaragoza daba este paso hacia la legalización de Torre Village presentarían una protesta formal ante el consistorio. Del mismo modo han anunciado que si sus alegaciones son rechazadas recurrirán a la vía jurídica contra la legalidad de dicha modificación, como ya lo hicieron en su momento presentando un recurso contra la aprobación del Plan Especial, el cual se vio refrendado por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Aragón TSJA, que declaró “nulo de pleno derecho” al citado Plan Especial.

Para las citadas entidades, la modificación del PGOU supondría hacer legal lo que el lunes era ilegal, como ha refrendado el TSJA. Esta modificación debería estar basada en demostrar que han cambiado las circunstancias que determinaron el PGOU en su actual redacción y que existen razones de interés general para hacerlo. “Nada ha cambiado, sino todo lo contrario, para que la ordenación urbana de la ciudad deba seguir primando a la ciudad concentrada que evite el despilfarro energético y la contaminación, más aún en estos momentos en que la lucha contra el cambio climático es una prioridad mundial”, señalaban.

En el mismo sentido, han recordado que Zaragoza es la ciudad española con mayor índice de grandes superficies por habitante, con más de 630 metros cuadrados por habitante, muy lejos de los 350 de la media nacional.

El proyecto de Torre Village comenzó hace más de 10 años con un convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza (Carlos Pérez Anadón, Consejero de Urbanismo) y el Grupo Pikolín Iberebro (Alfonso Solans Solans, empresa) relativo a la parcela de la fábrica de Pikolín con recalificación de usos a cambio que las nuevas instalaciones de la fábrica se mantuvieran en Zaragoza con compromiso de mantener los puestos de trabajo dos años. “Sin validez alguna, donde la propiedad pretendía una recalificación ilegal que incrementase el valor de su suelo y en contrapartida y, a petición del Gobierno Socialista, se establecía la nueva factoría en terrenos vacíos de PLAZA”, apuntan desde estas entendides.

Representantes de la Plataforma contra Torre Village. Foto: Páblo Ibáñez.

Torre Village en terreno ilegal

La decisión de la empresa Iberebro de seguir con las obras a pesar de acumular hasta el momento dos sentencias en contra es una de las piezas clave del conflicto del outlet de Torre Village. En febrero de este 2019 y tras conocer la segunda sentencia que confirmaba la ilegalidad de esta macroconstrucción, la empresa presentó un recurso y anunció que no iba a paralizar las obras.

El informe que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza publicó en marzo avanzaba que solo una ejecución provisional de la sentencia hasta que el Tribunal Supremo emitiese una sentencia firme obligaría a Iberebro a frenar los trabajos en los terrenos de lo que en su día fue Pikolín. Y así se hizo, el pasado 23 de mayo de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Aragón admitió a trámite la ejecución provisional de la sentencia por la que se declaraba la nulidad de pleno derecho del Plan Especial del outlet. Actualmente todos los actores de este conflicto urbanístico se encuentran a la espera de que la sala se pronuncie a favor o en contra de paralizar los trabajos.

Asimismo, las obras son también uno de los principales argumentos que tanto de la ejecutiva municipal, cuya Consejera del Área de Economía, Innovación y Empleo Carmen Herrarte fue directora de Comunicación del Grupo Iberebro de 2014 a 2016 y Directora de Torre Village de 2017 a 2018, como sus aliados políticos han utilizado para “desbloquear” por todos lo medios este proyecto urbanístico. Tanto PP y Cs como PSOE y Vox aseguran que la posible indemnización a la empresa por los gastos de la construcción en caso de que se confirmara que es ilegal supondrían un gran agujero para las arcas municipales. Por ello, este ‘Eje de la excavadora’ ha aprobado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para eliminar el principal obstáculo para los intereses de la empresa: los artículos que señalaban que en ese terreno no se podía construir con fines comerciales.

Sin embargo, a pesar de que estos grupos municipales parecían tener la absoluta certeza de que el Ayuntamiento de Zaragoza iba a tener que pagar “100 millones”, como aseguró el consejero de urbanismo Víctor Serrano, el informe de la Asesoría Jurídica ya aclaraba en marzo de este año que “no habría lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración, dado que la causa del daño infligido no lo sería una decisión de la Administración, sino de la Jurisdicción”.

Asimismo, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público subraya que “la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone. por sí misma. derecho a la indemnización", por lo que no se puede afirmar que de entrada y con seguridad absoluta e inequívoca la existencia de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Zaragoza.

La responsabilidad individual

Por su parte, el Pleno del consistorio se ha adelantado a los acontecimientos ya que ninguno de los tribunales pertinentes se han pronunciado sobre alguno de los recursos que se encuentran en trámite por lo que todavía se desconoce esa posible responsabilidad de la que hablaban los y las consejeras este lunes.

Sin embargo, esta rapidez en legalizar Torre Village podría estar relacionada con el artículo 32 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: “la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves”.

En palabras Zaragoza en Común y como incluye el informe de la Asesoría Jurídica del consistorio habrá de ser exigida de oficio en vía administrativa a autoridades y demás personal a su servicio alcanzando la responsabilidad en los órganos colegiados a quienes hubieren votado favorablemente los acuerdos (art. 17.6 LRJSP. arts. 22.2. 165.1.a. 223 y 225 ROFI)”.

Las entidades representadas en la plataforma contra Torre Village son: Federación Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Asociación Yo compro en Las Fuentes y alrededores, Asociación San Jose Barrio Comercial, Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la provincia de Huesca, Ecologistas en Acción-Ecofontaneros, Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, Izquierda Unida Aragón, Podemos Aragón y Zaragoza en Común.

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