El 29 de septiembre de 2021, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 12/2021, diseñada para garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en plataformas digitales de reparto. “Con su entrada en vigor, las empresas que empleaban a riders como autónomos debían adaptar su modelo de contratación al marco del Estatuto de los Trabajadores”, recuerdan desde CCOO Aragón.
Sin embargo, una investigación de la Inspección de Trabajo puso de manifiesto que Glovo incumplía esta normativa “manteniendo de forma paralela el modelo de falsos autónomos. Como consecuencia, la empresa fue sancionada con una multa de casi 80 millones de euros”, recalcan desde el sindicato.
“La nueva estrategia de Glovo para eludir la ley”
Pese a este precedente “un día antes del plazo establecido, el director ejecutivo de Glovo, Oscar Pierre Miquel, anunció un supuesto cambio en el modelo laboral de la empresa, asegurando que los trabajadores pasarían a ser contratados como asalariados”, recuerdan desde CCOO.
“No obstante, el 22 de septiembre de 2024 se constituyó en Zaragoza la empresa Noriega Logistics SL, con un capital social mínimo de 3.000 euros. Más de dos meses después, el 25 de noviembre, se nombró a un socio y administrador únicos, lo que sugiere una estructura diseñada para servir de intermediaria en la contratación de los repartidores. Esta empresa se creó apenas seis días antes del anuncio de Glovo sobre la modificación de su modelo de contratación”, relatan desde CCOO Aragón.
Desde entonces “los trabajadores que anteriormente prestaban sus servicios como falsos autónomos para Glovo han sido contratados por Noriega Logistics SL, aunque en la práctica sus condiciones no han cambiado”, aseguran desde CCOO, pues “siguen realizando las mismas funciones, bajo las mismas condiciones y directrices. Utilizan las mismas herramientas de trabajo proporcionadas por Glovo, incluidas la aplicación Glovo App, mochilas corporativas y bolsas de cartón de la marca. Y la relación laboral sigue dependiendo de Glovo, a pesar de la supuesta intermediación”, aseveran.
Consecuencias para los trabajadores y trabajadoras
Además de “esta estrategia de cesión ilegal de trabajadores”, gracias a la labor sindical de CCOO Aragón se han detectado “otras prácticas lesivas para los derechos laborales”, como que “se les asigna una antigüedad ficticia con fecha de 2025, ignorando los años previos de trabajo en la empresa”, que “se impone un período de prueba de 30 días a empleados que llevan años desempeñando la misma actividad”, también que “se les encuadra en el Convenio Colectivo de Transportes de Mercancías, Mudanzas, Guardamuebles y Logística de Zaragoza, lo que limita el reconocimiento de complementos salariales y antigüedad”, así como que “los trabajadores pierden derechos vinculados a la Seguridad Social y condiciones laborales previas”, detallan desde el sindicato.
Finalmente, destacan que “la fragmentación de la plantilla bajo estas condiciones tiene un impacto directo en la representación sindical, impidiendo la elección de delegados sindicales, la formación de comités de empresa y la constitución de órganos de seguridad y salud laboral. Se estima que más de 3.500 trabajadores en Zaragoza se ven afectados por estas prácticas fraudulentas”, concluyen desde CCOO Aragón.
