Defensorxs de los Derechos Humanos en Colombia: “En estas movilizaciones lo artístico era como el fuego” | PARTE 1

Hablamos con Eliécer, María Fernanda y Santiago del Congreso de los Pueblos de Colombia para hablar de la violencia, de la persecución de los movimientos sociales, del periodismo que da miedo, de los feminismos que habitan lo urbano y lo rural y de la paz, o más bien de su ausencia

Colombia
Eliécer Cáceres, María Fernanda Yath y Santiago Salinas. Foto: Rocío Durán Hermosilla.

Hace unas semanas estuve una mañana con Eliécer, María Fernanda y Santiago. Aunque venían de Colombia para hablar de lo mismo, la violencia y la criminalización de la protesta, lo hacían desde tres rincones distintos.

Eliécer Cáceres llegaba desde su radio afincada en el interior, al este del país, en el Departamento del Arauca para contarnos cómo es ser periodista en un Estado donde sólo en 2021 se produjeron 651 violaciones a la libertad de prensa.

María Fernanda Yath llegaba desde Bogotá pero también desde la costa norte, en la Región Caribe, cargada de anécdotas sobre el Paro Nacional pero también de cómo se habita en los cuerpos disidentes y de cómo todo esto se expresa a través del arte. Encontrar un dato que sirva de radiografía a este respecto no es nada fácil porque en Colombia el patriarcado camina de la mano del conflicto armado. En este 2021 el Registro Único de Víctimas contabilizaba que 33.874 personas habían sido víctimas de Delitos contra la libertad y la Integridad sexual por el conflicto armado, de las cuales en un 91,8%, eran mujeres.

Por último, Santiago Salinas llegaba desde la capital de Colombia, Bogotá, en el centro de este gran territorio con un maletín cargado de casos, decenas de ellos, de personas cuyo único crimen ha sido defender la tierra y quienes viven en ella. Él es uno de los y las abogadas que acompañan y representan a todas aquellas personas que deben enfrentarse a proceso judicial por el mero hecho de ser voceras, acudir a manifestaciones o servir de intermediarias en los conflictos sociales. Él mismo lo ponía en cifras durante esa hora y media de conversación.

Sí, esta fue una entrevista larga pero qué bonita y qué final de entrevista.

Sois parte del Programa de Acogida a Personas Defensoras de Derechos Humanos en Aragón, no sé si nos podéis contar un poco cuál es la situación en cada zona o ámbito en el que trabajáis. Elíecer, ¿cuál es la situación del periodismo en Colombia?

Eliécer Cáceres: Además de ser periodista, soy defensor de los derechos humanos. Y el ser periodista allí en mi región, y bueno en Colombia, es algo difícil porque digamos que la libre expresión no es tan libre. O nos limitan o no nos limitan pero nos señalan, nos estigmatizan, y a través de eso, nos hacen persecución. Yo creo que hay cientos de periodistas que han salido del país exiliados por la persecución del Estado. Los medios de comunicación en Colombia no son tan asequibles a la información real.

No dan voz a las comunidades que sufren la violencia y el conflicto armado, y las violaciones de los derechos humanos. Uno se convierte en un periodista pero además, en un defensor de los derechos humanos porque la empatía que uno siente con esas comunidades hace que se convierta en uno más de ellos, luchas por reivindicar sus derechos.

Al igual que los líderes sociales, el periodista se convierte en un objetivo para el Gobierno y a través de ese trabajo eres muchas veces judicializado o, en algunos territorios, incluso asesinado. El trabajo es muy difícil pero hay que resistir y seguir con la convicción de que hay que seguir en esa lucha por la defensa del territorio, por los derechos humanos…

¿Quiénes son los culpables? Hay de todo, el Gobierno principalmente con sus fuerzas militares o la Fiscalía que es el recurso que está al servicio del Gobierno y al servicio de otro actor que son las compañías trasnacionales de otros países, de EEUU, de la UE, españolas, de todos los países que están explotando los recursos naturales y que las comunidades son una piedra en el zapato para ellos. Y entonces, a través de la fiscalía hacen unos montajes judiciales para quitar del medio a los líderes sociales y poder lograr la explotación.

También están los grupos armados sobre todo los narcotraficantes que también desplazan y despojan a las comunidades de su tierra por el control territorial pero también por robar las tierras para sembrar la cocaína o también para los negocios de cultivos a gran escala que también son serviles a las trasnacionales. Es una situación bien precaria y la violencia se está viendo tanto en lo urbano como en lo rural.

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Movilizaciones en Colombia. Foto: Comité de Solidaridad Internacionalista.

Santiago, tú eres abogado de Derechos Humanos, ¿cuál es la situación legal en Colombia?

Santiago Salinas: Hay un incremento en los procesos de judicialización y persecución al movimiento social. Es una forma de represión al movimiento de las últimas manifestaciones que ha habido. Hace menos de 15 días, hubo 29 capturas todas de jóvenes que participaron en espacios de manifestación.

Se ha librado orden de captura contra el 90% de las organizaciones sociales, en particular del Congreso de los Pueblos, y se han abierto diferentes causas contra líderes de la oposición. Hay un claro uso político del poder judicial para criminalizar todas aquellas apuestas políticas que son diferentes a las del Gobierno.

En ese ejercicio nosotros lo que hemos evidenciado es que se están valiendo principalmente de testigos que obtienen beneficios por estas declaraciones, estos testigos suelen ser personas que pertenecieron a alguna organización insurgente, que se han desmovilizado o que han sido capturados y en todo caso, estas personas tienen una condición.

Obtienen un beneficio por realizar estas declaraciones y se encuentran, además, en el ámbito del control de las fuerzas militares, es decir, que se encuentran recluidos en prisiones ordinarias o en condición de cooperante con las brigadas lo que les quita autonomía para poder realizar estas declaraciones.

Este no es un fenómeno nuevo, estos testigos han estado presentes en la historia del movimiento social y de persecución solo que en este momento lo que se ha venido haciendo es ampliar los periodos de detención preventiva.

La detención preventiva es la que ocurre mientras se adelanta una investigación después de que se ha presentado algún indicio medianamente razonable de actuación o participación en un hecho delictivo.

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Marcha por la Dignidad en Colombia. Foto: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza

El marco normativo ha sido modificado para que la prisión preventiva se pueda prolongar hasta cuatro años, solamente vas a entrar por controvertir las pruebas, por un testimonio falso, un elemento ilícito cuatro años después de que te haya sido privada la libertad. Materialmente la prisión preventiva es una pena, es una sanción. Y, ¿qué se sanciona? Pues la posición política, lo único que tienen en común estas personas que son procesadas de esta manera es que pertenecen a organizaciones o movimientos de oposición.

Entender ese contexto de movilización a través del proceso judicial también implica que hay un uso abusivo del derecho penal. Mientras que son judicializados con una rapidez impresionante y solicitado de manera casi automática la medida de aseguramiento para líderes sociales frente a los delitos cometidos presuntamente por la fuerza pública. No hay un indicador de avance en esto salvo que sean evidentes, que sean hirientes como cuando queda registrado el accionar de armas contra un manifestante o cuando por el cúmulo de lesiones hay presencia de tortura.

En estos casos que son sistemáticos, masivos y generalizados que se han producido en la última movilización pues no se ha visto ningún tipo de avance, ni siquiera de los casos anteriores. Entre 15 y 23 años son los tiempos de investigación hasta la privación de libertad para integrantes de la fuerza pública.

Por un lado hay esta persecución ensañada, la puesta a disposición de todo el organismo judicial y por la otra cara la impunidad de los agentes del Estado involucrados en crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos.

María Fernanda, tú eres activista feminista y estás dentro de un colectivo que utiliza el arte para expresarse, ¿cómo es la situación del feminismo y cómo se conjuga con el arte?

María Fernanda Yath: Primero decir que lo artístico no está tan distante de los movimientos sociales. Nos dimos cuenta en estas movilizaciones que lo artístico era como el fuego en otras épocas como las juntanzas, el arte, o la propuesta que hacen desde los indígenas del Cauca que es la minga y es juntarnos. Eso era el pretexto para juntarnos.

En cuanto a la situación del feminismo en Colombia, es tan diversa como tantas realidades, como lo es cada región. Entonces, vemos un feminismo urbano que se está peleando en estos momentos por que el aborto sea una posibilidad para todas las mujeres sin distinción pero también vemos en las comunidades otro tipo de feminismo que está pensando más en la defensa del territorio, más urgente para ellas, la defensa del agua, las alternativas que las hagan más independientes en cuanto a la alimentación, en cuanto a la educación, en cuanto a la formación que también tiene que ver con lo político. Como han sido las mujeres rurales las que se han visto afectadas por el conflicto armado y ahora con las multinacionales que extraen recursos naturales pues estas mujeres tienen otra agenda dentro del feminismo y otra forma de ver el feminismo.

Lo que yo hago entonces es tener un pie aquí y un pie allá porque vivo en la ciudad pero además vengo de la región Caribe que gran parte de la región es rural, entonces tengo un pie aquí y un pie allá.

A través del Congreso de los Pueblos, por ejemplo, he conocido y he estado junto a mujeres que llevan una formación política grandísima y una experiencia y un camino tremendo. Estas mujeres lo que hacen es reunirse en asambleas, encontrarse entre ellas y hacer un poco de recorrido histórico, de conciencia histórica. ¿Qué ha pasado allí, cómo nos ha afectado, y también cómo nos estamos pensando? En el sentido de la esperanza, de lo que viene, de cómo participamos muchos más…

Yo estoy allí acompañando desde lo judicial, de las denuncias, de escribir, de tener aliados, de buscar a otras personas que puedan ayudarnos a redactar mejor, llevar los documentos…

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Marcha por la Dignidad en Colombia. Foto: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza

E.C: ¿Asesorías?

M. F. Y: Ellas me asesoran mucho más a mí. Pero esas tareas que implican salir de los territorios, es un poco de trabajo. En cuanto al movimiento estudiantil que estuvo muy presente en las movilizaciones y ahora está muy perseguido también. Muy pocas personas pueden acceder a la educación pública, entonces, cuando pueden acceder tienen que pagar mucho dinero, tienen que irse a vivir a otro lugar… Las universidades cada día se niegan más a cumplir con estos compromisos, cada día es más caro y cada día los cupos son más limitados.

Los enfoques de género no están claros, ni siquiera se tienen presentes. Nuestra tarea es estar ahí presionando para que estas cosas sean posibles. Yo y junto a mucha gente más, nosotros somos unos dentro de un montón.

En 2016 las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos firman los Acuerdos de Paz tras más de 50 años de conflicto armado. Sin embargo, Colombia sigue siendo uno de los países con más asesinatos de representantes sociales, ¿en qué momento se encuentra la construcción de la paz en Colombia?

S. S: Esa es la disputa de los pueblos, la paz no es la apuesta gubernamental y creo que el error sistemático es esa paz monopolizada por el gobierno en diálogo con un grupo armado, en diálogo solo con quien se ha alzado en armas cuando en las dimensiones del conflicto armado solo es una pequeña parte.

El conflicto en Colombia tiene raíces políticas, económicas, sociales, se apoya sobre el modelo económico que se ha elegido, sobre las profundas inequidades que ha causado, sobre el modelo político.

El conflicto nos ha tocado a todos, es decir, la apuesta que hacemos como sociedad es conquistar esa paz. No hablamos de una paz completa como si le faltara agregar algo más que solo cumplimiento, nosotros creemos más en la paz integral, es decir, que pueda reunir a aquellos elementos dispersos sobre los que no ha habido una transformación significativa.

En parte, la frustración que existe alrededor del proceso de paz es que las expectativas superaron las voluntades de cumplimiento por parte del Gobierno. Mencionar que con todos sus matices, la insurgencia ha cumplido más con las cargas que tenía en el proceso que lo que ha hecho el Gobierno. La implementación del Gobierno ha tendido a las consecuencias de la guerra, la jurisdicción especial para la paz, la necesidad de verdad, la comisión de la verdad, la comisión de búsqueda de las personas desaparecidas, que son consecuencias del conflicto.

Pero todo lo que tiene que ver con las causas del conflicto como la reforma rural integral o la inclusión política han quedado en el tintero. Estas cosas no han tenido un avance, los planes de desarrollo territoriales han sido condicionados fuertemente por las dinámicas políticas regionales, la ejecución de los recursos ha sido muy precaria. Todo lo que apuntaba a transformar ese sistema de exclusión política, social, económica que ha servido de caldo de cultivo del conflicto se ha dejado simplemente por fuera.

Y en ese conflicto el Congreso de los Pueblos decide apostarle a la paz. Nosotros estamos comprometidos con una idea de paz, estamos trabajando por construir esta paz pero no esta pacificación que se nos ha ofrecido que es silenciar los fusiles por un lado, es la paz incómoda de la democracia, en la que cuestionar que lo que se está haciendo no nos cuesta la vida, o la libertad. Es la paz de la democracia, es la paz que presupone que los movimientos sociales podamos existir con nuestro programa político, con nuestra identidad política y promover nuestras ideas dentro del marco de la democracia representativo.

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Santos y 'Timochenko' firman el pasado acuerdo en Cartagena de Indias en 2016. Foto: Juan Pablo Bello (SIG)

El Congreso de los Pueblos ha hecho una apuesta por la construcción de poder popular, eso es que nosotros no vamos a tomar el poder, nosotros no somos un movimiento que pretende derrocar al Estado, esto siempre es importante decirlo porque el primer calificativo que nos dan a nosotros es que pertenecemos a la insurgencia.

Cuando apostamos a la paz, que la paz requiere de una participación cívica, la consecuencia es la criminalización del movimiento social a unos puntos inauditos.

Yo siempre cuento la misma anécdota, en parte porque me resulta muy impresionante. En el último juicio que se adelantó a uno de los voceros nacionales del Congreso de los Pueblos, Jimmy Moreno, la fiscalía presentaba dentro de estos elementos probatorios como indicio de pertenencia a la insurgencia que asistió al escenario civil para los diálogos de paz con invitación del Gobierno.

Asistió junto a los empresarios que asistieron a ese espacio, junto a las organizaciones delictivas, junto a las organizaciones que fueron convocadas para un diálogo que se dio en Quito a instancias del Ejército de Liberación Nacional como condición exploratoria para que la segunda insurgencia del país se embarcara en estos procesos de negociación.

Presentar estos indicios de participación, presentar esta apuestas de la sociedad en un nivel institucional, de esta manera es algo que rompe. Si esto se dice de los espacios institucionales, qué se dice de las iniciativas de la ciudadanía.

Hay una cantidad importante de condiciones alrededor de la paz pero la paz finalmente es la paz de los pueblos y en la vinculación de amplios sectores de la sociedad creemos que está la clave de reciclar el conflicto.

Excluir no solamente de la participación política formal sino incluso de los escenarios de resolución de conflictos a la sociedad ampliamente considerada ha sido una de las fórmulas de repetición del conflicto armado en el país.

E. C: Van 350 asesinatos de firmantes de la paz. Combatientes que decidieron entregar las armas y decidieron quedar con un sustento en los territorios de origen. Empezaron esa misma lucha de defensores de los derechos humanos en esos territorios, entonces ese motivo ha llevado a que hayan sido asesinados.

Se han cumplido cinco años de esta firma de la paz, pues hicieron halago a esa firma, estuvo el presidente Santos y otras personalidades y fue un boom pero me causa risa. Hablan de esa paz ficticia porque no hay paz. Los últimos dos años 1.300 líderes sociales asesinados, eso es una prueba de que, la paz, no la hay en Colombia.

Este Gobierno que llegó hizo unos acuerdos que son 502 puntos que resolvían parte, no todo, de las problemáticas del país pero de aquellos 502 puntos solamente han avanzado como en dos o tres y el resto se han quedado ahí. Hablan de una reforma agraria que no se ha hecho, donde a los campesinos despojados de sus tierras y aquellos que todavía no tenían pero que habían trabajado en el campo se les iba a dar un pedazo de tierra para que pudieran cultivar sus productos y hacer vida allí con su familia y de eso no se ha hablado.

A lo contrario, cada día desplazan a más campesinos del campo y esas comunidades campesinas llegan a las ciudades a seguir incrementando la pobreza, llegan allá con sus manos cruzadas.

No sé qué están celebrando porque la violencia sigue y el conflicto sigue. Deberían ser más honestos y no celebrarlos como forma de rechazo porque no han cumplido los Acuerdos de Paz. Leí un artículo que decía “el presidente Santos”, ni siquiera el expresidente Santos, está haciendo esfuerzos para reanudar las conversaciones con el ELN pero solamente dicho por este premio “Nobel de Paz”.

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