Una veintena de parlamentarias y parlamentarios exigen el cumplimiento del Acuerdo de Paz de Colombia

26 integrantes del Interparlamentario por la Paz en Colombia, del Congreso, del Senado, del Europarlamento y de diversos territorios como Aragón han suscrito un comunicado para instar a la UE y al Estado español a implicarse en el acuerdo

Santos y 'Timochenko' firman el pasado acuerdo en Cartagena de Indias. Foto: Juan Pablo Bello (SIG)

El próximo 24 de noviembre se cumple el 5º aniversario de la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto suscrito en Bogotá en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que ponía fin a un conflicto armado interno que duraba más de 50 años y que había provocado alrededor de nueve millones de víctimas.

La firma del Acuerdo en Colombia llenó de esperanza al país y al mundo entero. En muy pocos meses, las tasas de violencia disminuyeron drásticamente a la vez que crecía con fuerza la confianza popular en un proceso que sentaba las bases para una nueva sociedad basada en principios de paz y justicia social.

El Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia advierte que “tales expectativas, sin embargo, pronto comenzaron a desvanecerse o a palidecer”. Uno tras otro, los ejes del Acuerdo fueron congelados o postergados por parte de los sucesivos gobiernos colombianos.

Así la Reforma Agraria Integral fue completamente ignorada, al punto de que, todavía hoy presenta un cumplimiento menor al 3% de lo acordado; la restitución de tierras a la población campesina, indígena y afrodescendiente desplazada forzosamente, ha sido prácticamente nula; las alternativas sostenibles para la sustitución de cultivos ilícitos, abandonadas; y el apoyo a los proyectos dirigidos a la reincorporación de excombatientes a la vida social, olvidado.

“Como consecuencia, la exclusión histórica de los pueblos étnicos colombianos se perpetúa e incluso se agrava, pues los líderes de la reclamación de tierras usurpadas son objeto de nueva persecución, en un clima de estricta impunidad”, explican desde este grupo interparlamentario.

De igual modo, el capítulo sobre enfoque de género y todo lo referente a los colectivos LGTBI apenas ha sido implementado en un 20%, con lo que continúan siendo objetivos predilectos del paramilitarismo y otros grupos armados. Desde 2016 han sido asesinadas 176 lideresas y defensoras de los derechos humanos.

De hecho, el clima de violencia por el auge de grupos armados ilegales, especialmente los neo-paramilitares, las violaciones de derechos humanos especialmente sobre defensoras y defensores y líderes sociales, así como la militarización creciente de la vida social del país y el aumento de la represión violenta por parte de la Fuerza Pública frente a las reivindicaciones populares, se ha venido incrementando año tras año hasta superar los índices de violencia anteriores a la firma del Acuerdo.

Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinadas 1.267 personas líderes sociales y defensoras de los derechos humanos y 292 excombatientes en proceso de reincorporación. En lo que va de 2021 se han documentado 87 masacres con 293 víctimas. Y durante las semanas del Paro Nacional han sido asesinadas 80 personas, a la vez que, al menos, 28 mujeres han sido víctimas de violencia sexual.

“Las causas últimas de este caos no radican sólo en personas que actúan individualmente al margen de la ley, sino en factores estructurales que Colombia debe afrontar con urgencia, si quiere vivir en paz”, y añaden en un comunicado, “entre ellas cabe señalar la excepcional desigualdad social en el país, la exclusión social y política, el expolio y concentración de tierras y la voraz actuación de las empresas transnacionales sobre los territorios y las comunidades que los habitan”.

A terminar con esos factores de injusticia social contribuyen de modo decisivo, al menos en su fase inicial, los Acuerdos de Paz de 2016, cuyo primer objetivo es la consolidación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como condición fundamental para una paz duradera.

Por ello, hasta 26 diputadas, diputados y senadores en diferentes Parlamentos del Estado español, y miembros de diversos grupos políticos ha firmado un documento para hacer un llamamiento público para la Implementación integral de todos los aspectos del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, a fin de hacer posible una paz justa y sostenible.

Así, instan al Gobierno español y a la Unión Europea para que adopten una posición más pro-activa y empleen toda su capacidad diplomática ante el Gobierno colombiano para eliminar los obstáculos al Proceso de Paz.

Además, piden que el Gobierno español y la Unión Europea se impliquen en la observación internacional de los procesos electorales que han de tener lugar en Colombia en 2022, a fin de desvelar e impedir la compra masiva de votos que algunas organizaciones de Derechos Humanos están ya denunciando.

Por último, urgen al Gobierno colombiano a reanudar las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional para alcanzar una salida negociada y definitiva del conflicto, así como adoptar medidas efectivas para el desmantelamiento de los grupos paramilitares vigentes.

Congreso: Bustamante Martín, Miguel; Fernández Casero, Ana Belén; Gomez-Reino Varela, Antón; Illamola Dausà, Mariona; Muñoz Dalda, Lucía; Pisarello Prados, Gerardo; Villagrasa Quero, Noemí. Senado: Escandell Grases, Adelina; Martínez Urionabarrenetxea, Koldo; Surra Spadea, Ana.

Europarlamento: Miranda Paz, Ana; Urbán Crespo, Miguel; Villanueva Ruíz, Idoia.

Parlamentos de:

Aragón: Sanz Remón, Álvaro

Asturies: Palacios García, Rafael Abelardo; Vallina de la Noval, Ángela; Zapico González, Ovidio.

Catalunya: González Herrera, Jessica

País valencià: Castelló Cervera, Trinidad; Gómez Santos, Irene; Mira Rojano, Aroa; Rodríguez Armigén, Cristina.

Extremadura: Jaén Barbado, Álvaro

Madrid: Lillo Gómez, Vanessa

Nafarroa: Perales Hurtado, Patricia

Rioja: Moreno Martínez, Henar.

Euskadi: Gallástegui Oyarzábal, Miren; Martínez Zaton, Iñigo.

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