De últimas prórrogas, decretos, coroneles, una jueza, Marlaska, manipulaciones y el 8M

En medio del tsunami político derivado del "ataque jurídico-policial" a Sánchez, Simón y al movimiento feminista, el Gobierno español piensa en otra prórroga del estado de alarma, pero esta vez sin arriesgarse demasiado, con un decreto ley en la manga por si no consigue los apoyos necesarios

Tal y como se esperaba, el Gobierno español ha anunciado que se plantea solicitar autorización al Congreso para establecer una nueva prórroga del estado de alarma. La actual finaliza el 7 de junio. Sería la sexta y, esta vez sí, al menos eso dicen, sería la última. Abarcaría todo el proceso pendiente de desescalada, hasta "los últimos días de junio", por lo que sería para "algo menos de un mes".

Este es el plan del Gobierno español, el mismo de siempre. Pero, tras los serios problemas para dar luz verde a la cuarta y quinta prórroga, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido no arriesgarse. Y ahora sí, tiene algo parecido a un "plan B" por si no logra la mayoría para prorrogar la alarma: preparar un decreto ley que ordene el final de la desescalada con las medidas "mínimas posibles" hasta su finalización.

Así lo avanzó este martes la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, tras anunciar que el Gobierno español pedirá el apoyo al resto de grupos parlamentarios para esta "última" prórroga que, según ella, incluiría "modificaciones muy importantes" permitiendo, porque "constitucional y legalmente es posible", que la desescalada sea diferente en cada territorio, dependiendo de la evolución y el control de la pandemia. De este modo, unos territorios podrían salir de la alarma antes que otros.

Este "plan B", contemplaría que el Gobierno español ordenara la legislación que está vigente por medio de las órdenes ministeriales que se han ido aprobando y ponerla con un "paraguas de decreto ley" para dejar las medidas "mínimas posibles" que puedan regular la reacción y la respuesta sanitaria hasta el final de la desescalada. Y junto a ese decreto ley, el Gobierno español planteará "en legislación de urgencia" alguna reforma de la legislación estatal básica "para poder responder a algún rebrote".

La última prórroga del estado de alarma aprobada por el Congreso, con el menor respaldo de todas, con un Sánchez mirando a la derecha y dejando de lado a las izquierdas, se extiende hasta el 7 de junio. El Ejecutivo español quiso ya entonces que esa quinta ampliación de la alarma cubriese toda la desescalada, pero finalmente la limitó a 15 días rindiéndose a las exigencias de Ciudadanos a cambio de su apoyo.

Aunque desde el Gobierno de Sánchez se siguen haciendo llamamientos a todos los partidos para "hacer política con mayúsculas" y "trabajar" desde la "unidad" por "la reconstrucción". Este ha sido el enésimo, y principalmente dirigido a un cada vez más beligerante PP. Lo cierto es que las formaciones de izquierda que le apoyaron en la investidura, hace ya un año, se han ido descolgando con más o menos enfado.

Ahí están los ejemplos de Compromís y fundamentalmente ERC. Y las que se mantienen, ya sea con su apoyo (Más País) o con la abstención (BNG y EH Bildu), no están especialmente contentas como se pudo observar en el último pleno del Congreso.

El caso de EH Bildu es distinto. La formación soberanista vasca jugó bien sus cartas y, a cambio de su abstención, consiguió arrancar el compromiso (firmado) de PSOE y Unidas Podemos para la derogación "íntegra" de la reforma laboral. Esto provocó una reacción en cadena inmediata: las críticas de CCOO y UGT, las amenazas de la CEOE y el aviso a navegantes de la propia Nadia Calviño. Pero para EH Bildu y Unidas Podemos el asunto está claro: "Cuando un vasco firma un acuerdo o da su palabra, la cumple" y "la reforma laboral se derogará al completo. Pacta sunt servanda (lo firmado obliga)", afirmaron respectivamente Arnaldo Otegi y Pablo Iglesias. Pero ya veremos si el PSOE cumple.

Sin embargo, tras el "lío" de la reforma laboral, otro tsunami político ha llegado hasta la costa de Madrid con un "ataque jurídico-policial" a Pedro Sánchez y Fernando Simón, y como no, al actual enemigo público número 1: el movimiento feminista. La nueva película, con una trama poco novedosa en la que no faltan manipulaciones (leitmotiv visto ya en otras superproducciones como 'El caso Altsasu', 'Los titiriteros', 'Egunkaria', 'Bateragune', 'Los Jordis y el caso procés' y 'Sumario 19/98', por citar algunas), errores de bulto, tergiversaciones y bulos, cuenta en el reparto con coroneles de la Guardia Civil, una jueza y el sempiterno Marlaska, y por supuesto, como artista no invitada la ultraderecha.

Lo que se conoce como "operación derribo" y lo de llevar "todo" a los tribunales tampoco es algo nuevo. La ultraderecha viene aplicando esta estrategia en América Latina desde hace años. El argumento de esta película recién estrenada, lo resume muy bien el periodista Ramón Sola en GARA, en su edición de este miércoles: "La Guardia Civil sostiene que la OMS declaró la pandemia el 30 de enero, pero aquel día se limitó a lanzar una emergencia internacional, cuando solo existían 82 casos fuera de China. La pandemia se decretó el 11 de marzo, tres días después del 8M que se busca criminalizar". Todos los focos están ahora en este asunto.

Las fichas están en el tablero, revueltas, eso sí. En unos días llegará el desenlace de esta nueva partida. Pasen y vean.

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