El tribunal de Uesca analiza la vulneración de la normativa sobre dominio público hidráulico “ya que el Ayuntamiento de Benasque/Benás pretendía construir el telecabina en una zona inundable calificada de riesgo muy alto”, explicaban en nota de prensa desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA), a final de la tarde de este pasado día 15, jornada de huelga en Aragón en apoyo al pueblo palestino y contra el genocidio del gobierno sionista de Israel.
“La estación de salida es ilegal”
“Para poder saltarse este riesgo, el Ayuntamiento de Benás urdió una trama con el Instituto Aragonés del Agua (IAA) mediante la cual realizaban unas excavaciones en el Ésera a su paso por Benás. Estas obras, también ilegales y también denunciadas, tenían como fin último la extracción de gravas para depositarlas en la zona de la estación de salida, aumentando la altura de la estación”, detallan desde la PDMA, y añaden que “el juez de Uesca se sorprende de que, a pesar del informe desfavorable de la CHE sobre la localización de la estación de salida, el Ayuntamiento continuara con la construcción, entre otras cosas, porque según el RD 849/1986 en suelo inundable no se pueden realizar rellenos que modifiquen la rasante del terreno, cambios de uso que incrementen la vulnerabilidad de grandes aglomeraciones de población, ni instalaciones permanentes de aparcamientos”.
Asimismo, el juez rechaza “tajantemente, la estrategia municipal consistente en ‘prometer futuras obras hidráulicas’ para justificar la ubicación ilegal: “No se podía predecir su ejecución, no se podía asegurar su ejecución correcta, no se podía anticipar la mayor o menor eficacia”, señala.
“Por si fuera poco, el Ayuntamiento de Benás optó por forzar la tramitación urbanística mediante una recalificación exprés (modificación aislada nº 23 del PGOU) pese al informe desfavorable expreso del Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ya advirtió que la edificación en dichos terrenos no resulta compatible con las limitaciones establecidas en el artículo 9 bis del RDPH”, recalcan desde SOS Ribagorza.
Finalmente, en su resolución el juez establece, que “en conclusión, esta sentencia considera que la disposición de la estación de salida de la telecabina con sus construcciones auxiliares y su aparcamiento anejo en zona inundable infringe el artículo 9 bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Este defecto del proyecto (afectado el punto de salida, toda la línea queda forzosamente afectada), es esencial al mismo”.
Sin estudio geotécnico de los anclajes
Los riesgos tomados por el Ayuntamiento de Benás, Leitner y el Gobierno de Aragón “no terminan en la cuestión de inundabilidad, además, tampoco estudiaron el suelo en el que iban a anclarse ocho pilonas, donde solo hicieron una inspección visual”, detallan desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, y añaden que “el juez también confirma que, tal y como denunciamos, no se habían realizado suficientes estudios geotécnicos del suelo, lo cual supone un grave riesgo de seguridad para la infraestructura y para las personas. Así, el juez confirma que la obra ha sido aprobada sin el conocimiento directo de las características geológicas y de resistencia de los lugares de apoyo concretos de ocho pilonas”.
“Una obra que podría arruinar Benás”
Tampoco se preocupó el Ayuntamiento de Benás de realizar un estudio de viabilidad económico de explotación de la telecabina, ni estudiar qué costes iba a suponer para las arcas municipales. Por lo que el juez considera “imperativo acompañar al proyecto de un estudio de viabilidad económico antes de la adjudicación de la obra", destacan desde la PDMA, a cuyo criterio “ni siquiera Aramón tuvo interés, hace unos años, en explotar este telecabina. Habría que estudiar qué relación tienen ciertas recalificaciones de terrenos realizadas en Cerler-Sarllé a la hora de obviar estos estudios. ¿Eran una ruina y no querían demostrarlo o quizás había acuerdos por debajo de la mesa?”, se cuestiona la entidad ciudadana.
“Los fondos europeos, menos anclados que la telecabina”
Una comisión de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón presente en Bruselas ya ha solicitado una reunión con los eurodiputados Estrella Galán (Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo - GUE/NGL) y Vicent Marzà (Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea) para presentarles la sentencia, así como para recordarles que también existe un expediente sobre esta obra tramitándose en la CHE. “El objetivo es asegurar que los fondos europeos no recaigan en una obra que no solo es ilegal e innecesaria sino, además, peligrosa para la población. Los fondos europeos deben destinarse a proyectos que aporten valor a la población local”, aseveran desde la PDMA.
Paralización inmediata y restitución de lo dañado
Esta anulación judicial del proyecto “por graves irregularidades supone que debe ser inmediatamente paralizado y lo construido retirado y repuesto a su estado original”, recalcan desde SOS Ribagorza.
“En conclusión, esta sentencia demuestra que el Ayuntamiento de Benás y el Gobierno de Aragón han realizado una obra ilegal, peligrosa para la población y sin un mínimo de rigor técnico y económico”, enfatizan desde la PDMA.
“Este proyecto, realizado rápido y mal quizás tenga que ver con que los intereses tanto del Ayuntamiento de Benás como del Gobierno de Aragón no se encuentran en el esquí, sino en la construcción de viviendas turísticas, como demuestra la reciente aprobación de un nuevo plan urbanístico en Cerler-Sarllé de 2.200 viviendas, así como todas las construcciones planificadas en la zona de afección de la estación de salida de Benás. Quizás solo sean negacionistas del cambio climático en público y sepan que el negocio no está en la nieve, que cada vez es más escasa, sino en el ladrillo que la rodea”, concluyen desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón.
Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Benás anuncian que recurrirán la sentencia
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, vendía la telecabina Benás – Sarllé “como un símbolo del desarrollo sostenible en el Pirineo”. Un proyecto incluido en su populista Plan Pirineos, que ahora, a la espera de nuevas resoluciones judiciales para este y otros proyectos de su plan, queda cuestionado también legalmente, además de económica, social y medioambientelamente.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Benás, su alcalde, el también militante del PP, Manuel Mora, defendía airadamente que el proyecto “cumple todos los condicionantes medioambientales” y que las intervenciones en el río Ésera “se enmarcan en obras de protección del casco histórico frente a futuras avenidas”.
Ambos políticos, Azcón y Mora, quedan ahora desmentidos judicialmente, pero sin embargo, ya han anunciado que dedicaran todavía más recursos públicos para recurrir la sentencia e intentar así culminar unas obras innecesarias para la población de la Vall de Benás.
CHA considera que la sentencia judicial “debe tener consecuencias políticas”
La sentencia que tumba el proyecto de la telecabina Benás – Sarllé confirma, a juicio de CHA “que el actual Gobierno de Aragón ha actuado con improvisación, sin rigor y con desprecio hacia la legalidad y hacia el territorio. Lo que se vendió como una gran apuesta estratégica para el Pirineo no ha sido más que un proyecto propagandístico, pensado para alimentar titulares y fotos, pero incapaz de sostenerse cuando se somete a un mínimo análisis técnico, jurídico y ambiental”.
“Se ha actuado de espaldas a las advertencias de colectivos ecologistas y sociales, ignorando el impacto sobre el cauce del Ésera, sin valorar adecuadamente los riesgos de inundación y empleando dinero público en una iniciativa que ahora queda deslegitimada por los tribunales”, recalcan.
Para CHA, “no es aceptable que se utilicen los recursos de todas y todos los aragoneses para aventuras que terminan en los juzgados por falta de rigor. La sentencia es un varapalo político que debería tener consecuencias políticas, porque lo que está en juego no es solo un telecabina, sino la confianza en unas instituciones que deberían defender el interés general, la sostenibilidad y el respeto a la normativa”, enfatizan.
Y reiteran que Aragón “necesita proyectos sólidos, participativos y viables, no operaciones de marketing que ponen en riesgo nuestro patrimonio natural y generan frustración social”.
