Las oficinas del oficialista "Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas" son hoy cuartel general de una alianza de pueblos originarios en lucha por el derecho a decidir una vida mejor.
Seis años atrás, comuneros de la etnia otomi tomaron este edificio y lo mantiene como bastión del indigenismo más libertario y combativo.
En la calzada que circunda esta sede en Ciudad de México han desplegado un extenso entoldado bajo el que debaten y toman sus decisiones varios centenares de delegados y delegadas asistentes a la asamblea indígena. Celebran el 30 aniversario del nacimiento de una coalición de decenas de etnias y pueblos originarios.
Algunos de los líderes más veteranos de este movimiento pude conocerlos, en 1996, integrando los cordones de seguridad masivos que protegían a la comandancia zapatista durante las conversaciones de paz con el gobierno del PRI, en la localidad tzotzil de San Andrés Larrainza. El presidente Zedillo ofreció autonomía plena a los líderes del Ejército Zapatista. Las buenas palabras dieron entonces paso a la estrategia de aniquilación del movimiento zapatista combinando el ejército regular con la creación de numerosos y sanguinarios grupos paramilitares. Como respuesta a esta traición nació el Congreso Nacional Indígena.
Hoy los líderes de los pueblos originarios se debaten ante dos opciones. Por un lado la de quienes renuncian a sus derechos a cambio de magros recursos económicos. Estos buscan optar a cargos públicos en la estructura del partido gobernante. Por otra los líderes que rechazan las migajas del gobierno y se mantienen firmes en la defensa de sus derechos y costumbres ancestrales. Estas y estos últimos integran la primera línea del indigenismo más combativo. En su toma de postura influye sin duda el ejemplo y la autoridad moral de las comunidades zapatistas de Chiapas.
La firmeza indígena no resulta gratuita. Su compromiso con la defensa de su territorio y sus recursos naturales los han convertido en objetivo de la violencia de sicarios a sueldo de empresas muy poderosas. Asesinatos, desapariciones, expolio y éxodo de sus casas. Así se explica que el ocupado Instituto Indígenista fuese rebautizado como espacio Samir Flores, líder campesino nahuatl asesinado por su oposición a la instalación de una central térmica ultratoxica en su Morelos natal. Otras y otros líderes sufren los ataques de sicarios, narcos y policías corruptos.
En la memoria reciente de estos pueblos permanece la herida del mutiple asesinato de 46 estudiantes de Ayotzinapa a manos de una trama integrada por narcos, autoridades locales, policías y militares. O la de Acteal, en los Altos de Chiapas.
Desde 1996 los sucesivos gobiernos han bloqueado la prometida reforma de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas abriendo el enfrentamiento con estas comunidades. Sumen a esto la expropiación de sus recursos, la minería que envenena sus manantiales, el expolio de sus cultivos para la construcción de megaproyectos, la violencia generalizada y quizás comprendan su eterna desconfianza hacia el poder. La reforma de la ley de derechos indígenas duerme en un cajón desde hace dos años pese a ser meramente cosmética. A este descarado olvido no es ajena la presión de grandes empresas y multinacionales empeñadas en hacerse con estos valiosos recursos. Es una lucha muy desigual solo compensada por la conbatividad y resiliencia Indígena.
Sube la temperatura emocional en la asamblea y se suceden las consignas de memoria y lucha. Intervienen familiares de desaparecidos y de presos políticos. Numerosas mujeres animan al auditorio a mantener la resistencia frente a la violencia del narco, frente al poder federal y al expolio de su territorio. El evento se cierra con la tradicional holla comunitaria y los cánticos tradicionales de una raza que nunca se rinde.
