Ya hay sentencia en el macroproceso judicial contra activistas de la PAH Zaragoza. Las 19 personas encausadas han sido condenadas por un delito de desórdenes públicos a una multa que asciende a 25.000 euros en total y a dos años de antecedentes penales, según ha comunicado la propia plataforma.
Las activistas se enfrentaban inicialmente a penas que podían alcanzar los 60 años de prisión por una protesta contra un desahucio en la sede de Caixabank. Tal y como recogió AraInfo en octubre, el juicio fue aplazado en una primera ocasión y finalmente se celebró en diciembre, en un contexto de movilización y concentraciones de apoyo.
En el comunicado difundido tras conocerse la resolución, la PAH Zaragoza sostiene que se trata de “una sentencia ejemplarizante que busca castigar a quienes están organizadas y advertir a quienes se lo están pensando con leyes hechas a medida para desmembrar y aniquilar al movimiento de vivienda combativo que señala como banca, especuladores grandes o pequeños, Estado, poder judicial y policía se alían para intentar debilitarnos”.
La plataforma afirma que defendió la absolución total y que no esperaba un fallo favorable: “Sabíamos que ningún juez iba a aceptar pues, de hacerlo, nuestras formas de lucha se legitimarían poniendo en jaque los intereses del poder financiero”. Añaden que su defensa no buscó “la compasión del tribunal”, sino mantener su posición política y colectiva frente al proceso.
Desde la PAH subrayan que continuarán con su actividad y que seguirán “luchando de la misma forma contra el siguiente que se atreva a desahuciar a una compañera para enriquecerse a costa de su trabajo”.
En un mensaje difundido en redes sociales, agradecen la solidaridad recibida y recuerdan que mantienen activo un crowdfunding, así como la venta de material y la organización de nuevos actos para reforzar la caja de resistencia y hacer frente a la multa. “La lucha es el único camino”, concluyen.
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Mientras tanto, los desahucios continúan
Este fallo llega en un contexto en el que los desahucios siguen marcando la agenda social en Zaragoza. El pasado 5 de febrero, Margarita fue desalojada de su vivienda pese a haber solicitado acogerse a la nueva moratoria antidesahucios.
Días después, el 10 de febrero, la PAH volvió a llamar a la movilización para intentar frenar el tercer intento de desahucio de Hamza y sus hijos menores. El caso generó una amplia respuesta social, hasta el punto de que compañeros y compañeras de clase de los menores llevaron el clamor contra el desalojo hasta el Ayuntamiento de Zaragoza.
Episodios que evidencian que, más allá del proceso judicial, el conflicto por el derecho a la vivienda continúa abierto en la ciudad.
