En las últimas cinco décadas, la Unión Europea ha aplicado un sólido conjunto de políticas y normas que garantizan un nivel muy elevado de protección y unos derechos fuertes para las consumidoras y consumidores. En este sentido, y más allá de la tradicional alusión a la situación económica de las personas consumidoras a la hora de determinar su situación de vulnerabilidad, se constatan otras situaciones que hacen que se encuentren en una especial subordinación, indefensión o desprotección en sus relaciones de consumo, tal y como recordó la Comisión Europea con la publicación de la Comunicación, de 13 de noviembre de 2020, sobre la Nueva Agenda del Consumidor, que presenta la visión de la política europea de consumo para el periodo 2020-2025.
Para alcanzar sus objetivos, la Agenda cubre cinco ámbitos prioritarios, de los cuales el cuarto se refiere a la vulnerabilidad de los consumidores. En suma, la Nueva Agenda del Consumidor coloca en el centro de sus políticas y medidas la protección de las personas consumidoras que no puedan adoptar una decisión acorde con sus intereses en una relación de consumo.
“Actualmente acaba de entrar en vigor la Ley 4/2022, de 25 de febrero, sobre la protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. La justificación para volver a incluir el concepto de persona consumidora vulnerable en esta Ley, según su Exposición de Motivos, es resaltar su carácter de norma básica estatal, vinculante para las comunidades autónomas, en aras de determinar un mínimo común de protección, respetando que, en ejercicio de sus competencias, puedan desarrollar estas una normativa propia que resulte más favorable para las personas consumidoras vulnerables”, destacan desde Con Huesca.
Por ello, Óscar Sipán, portavoz de Con Huesca Podemos Equo explica que “el concepto de consumidor vulnerable es dinámico. Una persona puede ser considerada vulnerable en un determinado ámbito de consumo, pero no en otros. Además, esa condición de vulnerabilidad podrá variar a lo largo del tiempo según puedan hacerlo las condiciones que la determinan, tanto las de tipo personal como las sociales o de contexto. Por eso, cualquier persona puede ser consumidora vulnerable en algún momento de su vida”.
“Por ello, y atendiendo al mandato legal”, continua Sipán, “nuestro grupo solicita al Pleno que el Ayuntamiento de Uesca se comprometa a ofrecer atención presencial en todos sus servicios y que solicite a las entidades públicas y privadas con presencia en el municipio que ofrezcan a las personas consumidoras vulnerables atención personalizada, especialmente las entidades bancarias”.
