Coespe Aragón, está plenamente comprometida con las libertades democráticas y la defensa de los derechos de expresión y manifestación. Desde el inicio, han participado activamente en la campaña por la libertad de los seis jóvenes antifascistas de Zaragoza. El pasado 22 de mayo, se produjo el cuarto ingreso en prisión, están condenados a cuatro años y nueve meses de cárcel por manifestarse en enero de 2019 ante un mitin de Vox. Esta condena, basada únicamente en el contradictorio testimonio policial, llega tras cinco años de proceso judicial y ha generado una amplia solidaridad, evidenciada por miles de firmas en apoyo al indulto, aportaciones económicas, mensajes en redes sociales y numerosas manifestaciones en todo el país y el Estado.
La Plataforma Libertad 6 de Zaragoza destaca que esta situación no es un hecho aislado, sino el resultado de un sistema que oprime y castiga a miles de personas diariamente, diseñado para disciplinar a las clases populares. Por todo esto, desde Coespe Aragón proponen que la VI Asamblea de Coespe Estatal se sume a las siguientes exigencias: la inmediata puesta en libertad de los cuatro jóvenes actualmente en prisión, considerados presos políticos, mediante un indulto solicitado formalmente el pasado 2 de abril y respaldado por más de 10.000 firmas, la derogación de la ley Mordaza y de los artículos lesivos del Código Penal relacionados con el derecho a la protesta; y el apoyo a todas las medidas encaminadas a estos objetivos.
Coespe también está comprometida con la defensa de los servicios públicos, especialmente con la sanidad pública, junto con las pensiones públicas y el sistema de cuidados. Una de sus reivindicaciones más firmes es una sanidad 100% pública, universal y bien dotada de medios humanos y materiales. Desde Coespe Aragón proponen que la VI Asamblea de Coespe estatal asuma como propio el comunicado de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) respecto al anuncio del Ministerio de Sanidad sobre la elaboración de una Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. La FADSP ha destacado que la privatización del sistema sanitario es un grave problema, ya que aumenta exponencialmente los costes de la atención sanitaria y deteriora los centros públicos, empeorando la atención sanitaria y la salud de la población.
Coespe Aragón apoya cualquier paso hacia la protección del sistema sanitario público, pero subraya que el documento del Ministerio es demasiado inconcreto y tiene plazos excesivamente prolongados. La nueva ley debería contemplar la derogación de la Ley 15/97, garantizar la gestión pública de los servicios sanitarios financiados con fondos públicos, rechazar nuevos contratos para la gestión privada, revertir los centros privatizados, bloquear conciertos con entidades privadas salvo en casos de necesidad demostrada, potenciar la dedicación exclusiva de los profesionales de la sanidad pública y la utilización intensiva de sus recursos, integrar la asistencia sanitaria de las mutualidades de funcionarios en la sanidad pública, y fortalecer el papel de la alta inspección. Todos estos aspectos son esenciales para garantizar una sanidad pública de calidad y accesible para toda la población.
Los días 28 y 29 de mayo, la ciudad de Pinto será el escenario de la VI Asamblea Estatal de la Coespe (Coordinadora Estatal de Defensa de las Pensiones Públicas). Esta asamblea, que llega dos años después de la celebración de la V Asamblea en Valencia, se centrará en la presentación de balances, el plan de acciones futuras, y la actualización de su tabla reivindicativa y normas de funcionamiento. En los últimos dos años, Coespe ha organizado numerosas convocatorias a nivel estatal en defensa del sistema público de pensiones y los derechos sociales públicos.
Durante este periodo, se han entregado más de 400.000 firmas en el Congreso de los Diputados, exigiendo una auditoría pública de la Seguridad Social y el fin de la brecha de género en salarios y pensiones, así como la derogación de los planes privados de empleo y otras medidas regresivas. La asamblea también abordará la defensa de la sanidad pública, la implementación de un modelo de residencias de proximidad adecuadamente dotadas, el cese de los desahucios, y la introducción de un ingreso mínimo vital universal.
