Las pensiones públicas y los salarios “con el modelo impuesto de revalorización anual del IPC medio, pierden poder adquisitivo, y junto a la inflación real y el aumento del coste de la vida de los productos básicos y de las energías (luz, agua, gas ,electricidad, etc.), aumenta la situación de indefensión de la mayoría de la población”, señalan desde COESPE, “a esta situación se acompaña con las crecidas de beneficios de las grandes empresas y las grandes corporaciones que de manera grosera anuncian sus grandes ampliaciones económicas y su mayor poder de presión fáctica al poder político”.
En esta situación “una vuelta de tuerca más, el Real Decreto Ley aprobado por el Parlamento sobre medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, a pesar de su ostentoso nombre, no resuelve la situación de las pensiones mínimas contributivas y no contributivas, ya que dichas pensiones no van a llegar a los niveles del salario mínimo interprofesional (SMI), en el caso de las contributivas, y al nivel del umbral de la pobreza las no contributivas. no avanzan en el cierre de la brecha de género en salarios y pensiones públicas, generando así que la precariedad y las diferencias económicas entre mujeres y hombres se mantenga e incluso se amplíen”, enfatizan desde COESPE.
"Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden"
En estas circunstancias “las organizaciones de pensionistas más representativas del Estado, hemos llegado a un acuerdo unitario, para realizar una jornada de acción y denuncia a nivel estatal, el 25 de mayo, ante el Congreso de los Diputados, con una concentración que una a 1080 personas, cuya imagen represente la exigencia de que la pensión mínima pública debe alcanzar 1080 euros y equiparse al Salario Mínimo Profesional”.
Desde COESPE hacen un llamamiento “a la participación de mujeres y hombres pensionistas y trabajadoras y trabajadores, a participar con su presencia en la convocatoria ante el Congreso dando visibilidad a la exigencia de que las pensiones mínimas se sitúen en 1080 euros.”.
Con esta acción, COESPE quiere "dar a conocer a la sociedad" que "seguiremos denunciando el saqueo a que se somete nuestras pensiones públicas", y exigiendo "pensiones mínimas de 1080€; una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social desde 1967; eliminar de los convenios colectivos la promoción de sistemas privados de pensiones que siempre acaban quebrando; y erradicar la brecha de género".
