Una pelea de bar. De madrugada. Dos personas acusan a siete de haberlas agredido. Las comparaciones son odiosas, pero a diferencia de la trifulca producida en la noche de octubre de 2016 en la localidad de Altsasu, los acusados de la pelea en Chaca y de los insultos racistas, no son jóvenes del pueblo, son militares, que, aunque no vayan de uniforme, según jurisprudencia Altsasu, siguen siendo militares.
En el primer caso, el de Altsasu, ocho jóvenes del pueblo fueron acusados de “terrorismo” y finalmente condenados hasta con 13 años de prisión por la pelea con dos guardias civiles. Siete de ellos se encuentran encarcelados, algunos llevan más de 800 días privados de libertad “por un tobillo roto”. La trifulca, distorsionada hasta el hartazgo por los grandes medios, fue portada en los principales diarios, radios y televisiones durante meses. Las irregularidades en este juicio fueron ampliamente denunciadas.
En el segundo caso, el producido el 26 de enero de 2014 en Chaca, los siete militares han sido absueltos por falta de pruebas. Esa noche un grupo de militares pertenecientes a la Guardia Real protagonizaron una pelea en un bar. Los dos denunciantes vecinos de localidad altoaragonesa, un policía municipal y un profesor, aseguran que, ya en el exterior, fueron rodeados por unas quince o veinte personas y agredidos. Además, el profesor fue increpado con gritos racistas de "negro, moro y musulmán". Los partes médicos corroboran las lesiones de los denunciantes. Sin embargo, en este caso, el tribunal sostiene que "los hechos declarados probados no son constitutivos de delito alguno", ya que "no tienen mayor fundamento que las propias declaraciones de los denunciantes" y que no se puede probar que los militares estuvieran implicados en la agresión.
Ante esto, cabe preguntarse: ¿Es la justicia igual para todos?
