El secretario Territorial de CHA, José Ramón Ceresuela, ha mantenido una reunión en Uesca con todas las presidencias del Alto Aragón, ante la preocupación creciente por la avalancha de proyectos de parques fotovoltaicos, eólicos y líneas de evacuación de transporte, “proyectos con unas dimensiones y unos impactos desconocidos hasta hoy”.
Desde CHA consideran “imprescindible” el desarrollo global de las energías renovables para avanzar en los objetivos de descarbonización previstos para conseguir la neutralidad climática en 2050, pero esta transición “debe de ser justa, implicando a la sociedad local y al sector empresarial en políticas de ahorro energético y autoconsumo, frente a los macroproyectos” que favorecen un efecto “burbuja” especulativo y que pueden suponer un impacto muy negativo sobre los sectores turístico y agroganadero, por la afección paisajística en el primero caso y la ocupación de tierras de labor y pastoreo en el segundo, favoreciendo el rentismo.
Ceresuela ha trasmitido la “necesidad de planificar (Industria en Aragón, MITECO en España) antes de desarrollar toda la ingente cantidad de proyectos que con muchas dificultades está teniendo que tramitar la administración, y es que la tramitación fragmentada de tantos proyectos con evidente interconexión entre ellos implica la pérdida de la necesaria visión global del conjunto de Aragón”.
El secretario Territorial de CHA ha solicitado también más transparencia y consenso inexcusable con los ayuntamientos, “no puede ser que los ayuntamientos afectados por la línea de muy alta tensión Valsalada-Laluenga-Isona tuvieran que enterarse de la tramitación del proyecto por el BOE del 9 de septiembre, que no se consulte previamente con los ayuntamientos sobre la ubicación de parques fotovoltáicos y eólicos o la indefensión que produce enfrentarse a proyectos con una documentación extensa y plazos de alegación de tan solo un mes”.
Ceresuela ha explicado que desde CHA se considera “imprescindible un plan ligado al aprovechamiento de la energía en el territorio donde se crea la misma para facilitar la implantación de nuevas empresas que permitan generar expectativas de empleo en la población local, ante el nulo empleo directo que crean este tipo de proyectos energéticos, y para ello el coste de la energía en los municipios generadores o afectados por la evacuación debería ser inferior al precio de referencia del mercado”.
