La transición ecológica podría generar más de 700.000 empleos

Siete formaciones políticas, sociales y sindicales han elaborado un informe con medidas específicas y estimaciones del número de empleos que se podrían generar llevando a cabo la transición ecológica real que se necesita. Quieren poner en el centro del debate las necesarias transformaciones del modelo productivo y plantean estudios concretos en cinco sectores.

Marcha por el Clima, el viernes 6 de diciembre en Madrid. Foto: © David Fernández (WWF)

Anticapitalistas, Ecologistas en Acción y los sindicatos ELA, LAB, ESK, Intersindical Alternativa de Catalunya y MATS presentaron este jueves el informe conjunto ‘Empleo y transición ecosocial’. En él se analiza la situación del empleo dentro del marco de la crisis ecosocial actual y se plantean propuestas concretas para una transición ecológica distinta a la elaborada por el Gobierno español, que en mayo de 2021 aprobó la primera Ley de Cambio Climático.

El documento señala que la transición ecosocial implica importantes cambios en el mundo del empleo. En algunas ramas habrá aumento de empleo, en otras reconversión y finalmente las habrá que realicen un trasvase a las que crecen.

Asimismo, el estudio explica la necesidad de llevar a cabo soluciones ecosociales y democráticas frente a alternativas autoritarias que discriminen a la población con menos recursos. En este sentido, las organizaciones sociales y ambientales han criticado la subida del precio de la luz y han recordado la importancia de asegurar el acceso a la energía de toda la población y enfrentar la pobreza energética. “La tarifa, tal y como está diseñada, no está fomentando el ahorro ni protegiendo a los sectores sociales más vulnerables”, señala Luis González Reyes, portavoz de Ecologistas en Acción.

Así, en materia de energía, el informe indica que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Ministerio para la Transición Ecológica para 2030 es” insuficiente” para lograr una economía de cero emisiones. Frente a este plan, las formaciones proponen cerrar las nucleares y térmicas, no aumentar la potencia eléctrica instalada, sino ir sustituyéndola por renovables, construir sistemas de almacenamiento y reducir de manera drástica el consumo en todos los sectores, y en especial, en los más dependientes de combustibles fósiles. En términos de empleos, esto significaría la creación de entre 500.000 y 750.000 empleos directos, incluyendo los 100.000 generados en el desmantelamiento de las nucleares.

Un segundo eje central en el informe es el de automoción, especialmente relevante tras la crisis del COVID-19 y sus consecuencias en la venta de vehículos para el sector y el intento de cierre de fábricas como la de Nissan en Barcelona en 2020. Las organizaciones proponen en su estudio pasar de la producción de vehículo privado a la producción de vehículos colectivos y reducir el horario laboral con objeto de distribuir el trabajo de forma más equitativa.

“La industria automovilística, que está en una grave crisis, tiene que ser reducida y reorientada, y los puestos de trabajo deben dedicarse a industrias alternativas que generen los recursos renovables necesarios para la transición”, asegura Juanjo Álvarez, portavoz de Anticapitalistas.

Otros ejes del informe se centran en la gestión de los bosques, ya que la masa forestal es una de las maneras más eficaces de retener carbono en la tierra y su mantenimiento podría generar casi 70.000 ofertas de trabajo, o la gestión de residuos urbanos, donde el volumen de empleo generado se situaría en 42.000 puestos.

En cuanto al turismo, el estudio propone introducir tasas turísticas para la sostenibilidad que tengan carácter finalista, pero que discriminen entre los consumos de lujo, más impactantes, y los más modestos, además de apostar por el fomento del turismo sostenible, de cercanía y de larga estancia. “Esta apuesta generará más empleos que la insostenible, por más que en términos totales este sea un sector que necesariamente tenga que reducir su cantidad total de personas asalariadas”, han explicado en rueda de prensa.

Según el informe, todas las medidas presentadas requieren inversiones que se deben extraer de los enormes porcentajes de los presupuestos públicos que ahora se dedican a infraestructuras turísticas, transporte o finanzas privadas. Apuntan a que dicha inversión tendrá que acompañarse de una reforma fiscal que grave a los sectores sociales privilegiados, “tanto por justicia económica como ambiental”, y de un plan de nacionalización de sectores estratégicos. Todo ello junto a procesos de democratización de los entornos laborales que otorguen mayor capacidad de decisión a los propios trabajadores y trabajadoras.

“Esto no quiere decir que toda la actividad deba pasar a manos del Estado: algunos sectores deben ser propiedad común. Solo el conjunto de la sociedad está legitimado para decidir sobre ámbitos estratégicos como el abastecimiento de energía o la garantía de vivienda, unos pueden ser articulados en forma de cooperativa y otros estatal”, concluye Yolanda García, portavoz de MATS.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies