Izquierda Unida de Aragón ha exigido “la paralización inmediata” del proyecto de telecabina entre Benasque y Cerler (Benás - Sarllé), una infraestructura valorada en 17 millones de euros e incluida “como símbolo” del Plan Pirineos impulsado por el gobierno liderado por Jorge Azcón. Para su coordinador general y portavoz parlamentario en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, “este proyecto representa una atrocidad ambiental y una oportunidad perdida para el territorio, al responder a un modelo de desarrollo especulativo que no atiende las verdaderas necesidades de la población”.
Según el diputado Sanz, “este proyecto tiene de fondo, como todo el Plan Pirineos, la especulación, el desarrollo urbanístico y que, además, poco tiene que ver con la dignidad y con la necesidad de la gente del territorio”.
La sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Uesca, que anula el proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Benás “refuerza los argumentos que llevaron a IU a denunciar el proyecto en la UE a través de su eurodiputada Estrella Galán. El fallo judicial estima el recurso interpuesto por la Asociación SOS Ribagorza y una vecina afectada, y declara nulo el proyecto por ubicarse en una zona inundable del río Ésera, vulnerar el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, carecer de estudio económico de viabilidad y presentar carencias en los informes geotécnicos”, subraya la formación.
Cabe recordar que Sanz ya advirtió de estas cuestiones, especialmente de su ubicación en una zona inundable, en el Pleno de las Cortes de Aragón del pasado mayo y su formación política y social acompañó las plataformas vecinales y a SOS Ribagorza en su denuncia.
Además, Izquierda Unida ha trasladado una pregunta formal a la Comisión Europea a través de su grupo en el Parlamento Europeo, La Izquierda Europea (GUE/NGL) para que advierta al Estado español sobre la incompatibilidad del proyecto con el principio de “no causar un perjuicio significativo” (DNSH), exigido por el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y refuerza ahora su denuncia ante “unas obras ya iniciadas que están causando daños medioambientales irreversibles, y vulneran directivas europeas de protección ambiental. Exigimos que se investigue formalmente el caso, se paralicen las obras y se garantice que no se destinen fondos europeos a esta infraestructura”, señala Sanz, quien demanda una revisión profunda de todos los proyectos incluidos en el Plan Pirineos.
Finalmente, Izquierda Unida reitera su compromiso “con un modelo de desarrollo sostenible, justo y participado, que priorice el bienestar de las personas y la protección del medio natural frente a los intereses especulativos”.
CHA solicita a la UE “la retirada de fondos para el teleférico” de Benás
Por su parte, CHA insta a la Comisión Europea “a retirar la financiación de un teleférico en Benás/Benasque” tras el fallo judicial que destaca “ilegalidades y daños ambientales”.
Chunta Aragonesista (CHA), a través del eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, ha presentado una propuesta en el Parlamento Europeo para que la Comisión Europea “cese la financiación del proyecto de telecabina que conectaría Benasque/Benás con la estación de esquí Cerler-Sarllé”.
Tras comprobar que el fallo judicial subraya “que el proyecto infringe la ley de dominio público hidráulico al planear la construcción de la estación base y su aparcamiento en una zona propensa a inundaciones del río Ésera, ignorando un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)” y que “además, se señala la ausencia de un análisis económico de viabilidad y fallos en los estudios geotécnicos” y que “las construcciones realizadas han afectado gravemente al bosque de abetos de La Mosquera, un área de gran valor ecológico y paisajístico”, CHA reitera su oposición al proyecto.
Un proyecto beneficiado con fondos europeos Next Generation, a través del Plan Pirineos del Gobierno de Aragón, liderado por Jorge Azcón. Así, dados los problemas legales confirmados, CHA y Marzà “exhortan” a la Comisión Europea a tomar “medidas enérgicas”.
“No se puede permitir que dinero europeo sirva para destruir el territorio y saltarse la ley, si el proyecto es ilegal, que devuelvan hasta el último euro”, afrima Vicent Marzà, y remarca que “los fondos europeos deben servir para avanzar hacia una transición ecológica justa, no para premiar la mala gestión ni los incumplimientos normativos”.
Finalmente, Verónica Villagrasa, secretaria territorial de CHA-Alto Aragón, ha recalcado que “la Unión Europea debe garantizar que sus fondos se utilizan para proteger y mejorar el territorio, no para financiar actuaciones ilegales, ambientalmente insostenibles, con desprecio a la legalidad y hacia el territorio”.
