La línea telefónica se creó de manera provisional al inicio de la pandemia para agilizar la comunicación con los servicios sociales, y deja de tener justificación -a juicio de CCOO- cuando hace meses que la totalidad de los centros municipales de servicios sociales están a pleno rendimiento.
Para la formación sindical, "el que una empresa privada gestione las citas previas de los centros municipales, incluyendo la información y valoración en primera instancia, de las personas que lo solicitan, va en contra de lo que establece la ley de Servicios Sociales de Aragón que claramente recoge el derecho de las personas solicitantes al acceso directo de un o una profesional de referencia".
Asimismo, recuerdan que la empresa recoge la información de la persona solicitante, recaba información confidencial y hace una primera valoración, que en ocasiones puede tener como resultado que su demanda se traslade a las y los profesionales de los centros municipales o no.
Cuando la o el profesional del centro municipal contacta con la persona afectada para darle cita, esta vuelve a plantear su demanda que puede incluir situaciones sociales muy graves (violencia machista, desahucios, maltrato infantil, etcétera). Y la cita puede retrasarse dependiendo de la situación de saturación de cada centro.
"Si el ciudadano o ciudadana solicitante ve que se retrasa la solución a su demanda, vuelve a contactar con la Línea 900 lo que origina una nueva entrada y produce duplicidades que no son filtradas desde la empresa".
CCOO entiende que el mantenimiento de la Línea 900 "no agiliza la gestión de las solicitudes, y además incumple los artículos 6, 7 y 22 de la vigente ley de SS de Aragón". Por lo que reclama al Gobierno municipal que devuelva "de manera inmediata" a las y los profesionales de los centros municipales la gestión integral del servicio, en sus facetas de información evaluación, orientación y diagnóstico. Y que el coste del mantenimiento de la Línea 900 repercuta en el refuerzo de los servicios públicos ampliando sus plantillas.
