El Cementerio Municipal de Caspe guardaba, desde hace más de siete décadas, una historia que nunca figuró en los mapas oficiales de fosas comunes. Joaquín Sancho Margelí y Elías Mohíno Berzosa, guerrilleros antifranquistas asesinados el 12 de agosto de 1947 aplicándoles la Ley de Fugas, fueron enterrados allí en secreto, señalados sólo por la memoria de sus familias. Fueron, precisamente, las dos hijas de Joaquín —Josefina y Pilar— y familiares de Elías, quienes, décadas después, han impulsado la exhumación junto a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
Represión y resistencia
Elías Mohíno, natural de Molina de Aragón (Guadalajara) y afiliado a la CNT, había combatido como capitán del Ejército Republicano y tras la guerra se sumó a la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA). Usaba su trabajo de agente de seguros para burlar controles y mantener el contacto entre columnas guerrilleras. Joaquín Sancho, de 31 años y natural del municipio bajoaragonés de La Codoñera, transportaba madera por rutas del Maestrazgo para enlazar con los grupos de resistencia. Detenidos en julio de 1947, ambos fueron obligados a participar en una falsa emboscada en la que la Guardia Civil aplicó la Ley de Fugas, una práctica común para eliminar a militantes antifranquistas sin juicio ni registro de ejecución.
Familias frente a la desmemoria
Los trabajos de exhumación comenzaron finalmente el pasado 22 de abril, tras semanas de retrasos por la falta de permisos de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón —el mismo que derogó la Ley de Memoria Democrática— y del propio Ayuntamiento de Caspe, al mando del Partido Popular. “Ha sido una carrera de obstáculos administrativos. Sin la insistencia de las familias y la perseverancia del equipo técnico, hoy estos restos seguirían bajo un panteón olvidado”, denuncian desde la ARMH.
El hallazgo fue posible gracias a los planos del enterrador de 1947 y a los recuerdos de la familia: “Mi madre siempre me dijo que mi padre llevaba una prótesis dental. Cuando apareció, supimos que era él”, relata Pilar, hija de Joaquín Sancho. Las familias de ambos guerrilleros han entregado muestras de ADN para completar la identificación.
Memoria contra la impunidad
La ARMH critica que este caso revela el abandono institucional de la memoria histórica en Aragón. “Esta fosa ni siquiera estaba en el mapa oficial, a pesar de ser propiedad de la familia y estar señalizada durante años. El Gobierno de Aragón ni facilita ni impulsa estas exhumaciones. Es indigno y vulnera el derecho de las familias a enterrar a los suyos dignamente”, denuncian.
En Aragón, según la última actualización existen 1.246 fosas comunes. Cerca de un millar siguen pendientes de exhumación. “En 47 años de democracia se ha actuado solo en el 25% de las fosas existentes”, denunciaba PAMA hace unos meses. Mientras, decenas de familias mantienen viva la memoria sin ayuda de las instituciones. “No es sólo una cuestión de huesos. Es una cuestión de verdad, justicia y reparación”, subrayan desde la ARMH.
En Caspe, la tierra ha hablado. Y con ella, la dignidad de quienes, pese al miedo y al exilio, sostuvieron la resistencia antifascista mucho después de que callaran los fusiles de la guerra.
