La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una queja ante el Chusticia d'Aragón por la falta de respuesta del Ejecutivo aragonés de Jorge Azcón (PP) a la solicitud de un permiso para exhumar una fosa común en el cementerio de la localidad de Caspe.
El 13 de septiembre de 2024 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de ámbito estatal y declarada de utilidad pública, inició ante el Gobierno de Aragón los trámites para llevar a cabo la exhumación de esta fosa común en el cementerio de Caspe en la que se encontrarían enterrados los restos de dos víctimas de la represión franquista.
Asesinados en agosto de 1947, ARMH quiere localizar e identificar los restos de Joaquín Sancho Margelí, natural de la localidad de La Codoñera (Baixo Aragón), de 32 años y padre de dos hijas, que todavía viven; y los de Elías Mohíno Berzosa, natural de Molina de Aragón (Guadalajara). Ambos fueron asesinados por la Guardia Civil en aplicación de la Ley de Fugas en medio de la brutal represión contra la guerrilla antifranquista.
La Dirección de Patrimonio de Aragón, responsable de autorizar dicha actuación, no ha contestado en cinco meses al requerimiento de la asociación memorialista. La ARMH lleva a cabo este tipo de actuaciones con sus propios recursos porque está en contra de las subvenciones institucionales para la búsqueda de personas desaparecidas ya que defiende que "el Estado debe garantizar ese derecho a todas y cada una de las víctimas".
"Todas las resoluciones de Naciones Unidas ratificadas por el Estado español, como la Convención contra la Desaparición Forzada e Involuntaria, resaltan la urgencia de las actuaciones como un elemento fundamental, que disminuya el tiempo de espera y sufrimiento de las familias, y eso responsabiliza a todas las instituciones españolas al llevar a cabo esas gestiones con celeridad", recuerda la ARMH.
Por último, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica destaca que la fosa común no está recogida en el mapa de fosas de Aragón, es propiedad de la familia de una de las víctimas y dignificada desde hace muchos años con sus propios medios.
La denuncia de ARMH llegaba pocos días después del anuncio del Gobierno de Aragón de la actualización del registro de fosas comunes de la guerra de 1936. Un anuncio que fue duramente criticado por la Plataforma de Acción por la Memoria en Aragón (PAMA) por la "falta de rigor", la ausencia de comunicación, el "lavado de cara y autobombo" y el desprecio a la víctimas de la represión franquista por parte del Ejecutivo de Jorge Azcón, el mismo que, junto al ultraderechista Vox, tumbó la Ley de Memoria Democrática aragonesa el pasado año.
