El 13 de septiembre de 2024, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) inició, ante el Gobierno de Aragón —dirigido por Jorge Azcón (PP)—, los trámites para llevar a cabo la exhumación en el cementerio municipal de Caspe de una fosa común de dos víctimas de la dictadura franquista, asesinadas el 12 de agosto de 1947.
El objetivo de ARMH es localizar e identificar los restos de Joaquín Sancho Margelín, natural de La Codoñera —municipio del Baixo Aragón—, de 32 años y padre de dos hijas que todavía viven. Y de Elías Mohino Berzosa, natural de Molina de Aragón (Guadalajara). Sin embargo, la Dirección de Patrimonio de Aragón, responsable de autorizar la actuación, no ha contestado en cinco meses al requerimiento de la asociación memorialista, como denuncian en una nota de prensa.
La ARMH, que llevó a cabo la primera exhumación científica de una fosa común de víctimas del franquismo, en el año 2000, en el Bierzo, trabaja en estas actuaciones con sus propios recursos. "No solicitamos ninguna subvención porque estamos en contra de ese modelo de búsqueda de desaparecidos forzados, porque en una democracia los derechos humanos no se subvencionan, los derechos humanos se garantizan", remarcan.
Ante el silencio de la Dirección de Patrimonio del Gobierno de Aragón, responsable de la tramitación de los permisos, la ARMH se digirió a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno español por primera vez el 11 de octubre de 2024 para que, "en aplicación de su ley estatal, interviniese para defender los derechos de las víctimas". Pero la institución "ha mirado para otro lado sin ejercer su mandato de ayudar a garantizar los derechos de las víctimas de la dictadura", critican.
Emilio Silvia: "Es inaceptable que las instituciones no actúen con la urgencia que requieren estos casos habiendo dos hijas vivas"
Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto del primer desaparecido identificado genéticamente en el Estado español, "es inaceptable que las instituciones no actúen con la urgencia que requieren estos casos habiendo dos hijas vivas que también se han dirigido al Gobierno de Aragón". "Los acuerdos de la ONU ratificados por el Estado español hablan de la urgencia en resolver estos casos y una institución democrática que no lo hace demuestra que no ha aprobado ni primero de básica de derechos humanos", añade Silva.
La ARMH alerta que en el caso de la exhumación en Caspe, para localizar e identificar los restos de Joaquín Sancho Margelín y Elías Mohino Berzosa, existe "un agravante" y es que "dos hijas del primero de ellos están vivas y tienen una edad avanzada". Sancho Margelín y Mohino Berzosa fueron asesinados junto a Clemente Lostal Lahoz y José María Martín Comas el 12 de agosto de 1947, en aplicación de la Ley de Fugas, que permitía a las fuerzas del orden de la dictadura franquista asesinar impunemente a cualquier "sospechoso" por la espalda.
Brutal represión contra la guerrilla antifranquista
Repasando la historia, ARMH recuerda que en 1947 fue nombrado Gobernador Civil de la provincia de Teruel el general Manuel Pizarro Cenjor. "Llevó a cabo una brutal represión con el fin de desarticular las redes de la guerrilla, principalmente del AGLA —Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón—".
Joaquín Sancho Margelí estaba siendo vigilado junto a otro grupo de enlaces colaboradores con la guerrilla. "Se le acusaba de ser el primero que obtuvo el contacto con ellos aprovechando su situación de chófer de un camión con madera que hacía su ruta en las proximidades de la Masía 'Mataví', considerado principal lugar del punto de apoyo de la guerrilla. También alegaron que tuvo múltiples reuniones con ellos y que les hacía llegar ropa, medicamentos y enseres que necesitaban. Alegan que su casa servía de refugio para los guerrilleros que bajaban del monte y para los que llegaban desde València", continúa ARMH.
El 26 de julio es detenido Elías Mohíno Berzosa. "El 29 de julio se dirigen a hacer una redada en la casa donde se hospeda junto a más compañeros y detienen a Clemente Lostal Lahoz junto a otros. Al día siguiente, 30 de julio, en un segundo registro, es detenido Joaquín Sancho Margelí junto a José María Martín Comas, que logra escapar siendo detenido dos días después, el 2 de agosto".
Trasladados a la comandancia, según consta en las declaraciones de la Guardia Civil en el "Expediente del Gobierno Civil de la provincia de Teruel, año (1)947" firmado, entre otros, por el Gobernador Civil Manuel Pizarro Cenjor, el 12 de agosto se establece una emboscada en un lugar que indican los cuatro detenidos en el término municipal de Caspe, asegurando que esa noche pasaría una partida de la guerrilla. "Se trasladan en una furgoneta siete guardias civiles, un cuerpo general de policía y los cuatro detenidos. Al llegar al kilómetro 24 de la Carretera Alcañiz-Caspe —siempre según testimonio de la Guardia Civil— los detenidos manifiestan que ése es el lugar más cercano al punto donde pasaría dicha partida. A las 4:40 de la madrugada se detiene la furgoneta y se procede a esposar de dos en dos a los detenidos para bajar del vehículo. En ese momento, manifiesta la Guardia Civil que intentan escapar y son asesinados en la huida. Una vez abatidos se avisa al juzgado de instrucción y se persona en el lugar para levantar los cadáveres. Son enterrados en el cementerio municipal de Caspe", relata ARMH.
Según se anota en el expediente, toda la información sobre la localización de los detenidos la facilita un conocido falangista de Alcañiz que fue posteriormente propuesto por el Gobernador Civil como recompensa por su información.
Imponer el silencio
La denuncia de ARMH por la no autorización de la exhumación de la fosa común de Caspe llega pocos días después del anuncio del Gobierno de Aragón de la actualización del registro de fosas comunes de la guerra de 1936. Un anuncio que fue duramente criticado por la Plataforma de Acción por la Memoria en Aragón (PAMA) por la "falta de rigor", la ausencia de comunicación, el "lavado de cara y autobombo" y el desprecio a la víctimas de la represión franquista por parte del Ejecutivo de Jorge Azcón, el mismo que, junto al ultraderechista Vox, tumbó la Ley de Memoria Democrática aragonesa el pasado año, tratando de imponer el silencio.
