La Diputación de Uesca ha presentado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo una propuesta para financiar mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) un proyecto de ARAMON -Ibercaja y Gobierno de Aragón- de unión de las estaciones de esquí de Candachú, Astún y Formigal, cuyo coste asciende a 34 millones de euros, que se unen a los aproximadamente 30 millones de euros que ya se han solicitado en la fases previas del proyecto. El propio secretario de Estado de Turismo ha confirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el proyecto podría recibir una financiación cercana a esa cantidad.
Para las cinco organizaciones ecologistas estatales, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, dicho proyecto no debe llevarse a término por sus negativos impactos ambientales y porque daría continuidad a un modelo de desarrollo insostenible, que no genera empleo de calidad y que está destinado a desaparecer en el corto plazo por las condiciones meteorológicas provocadas por el cambio climático. Por ello, sus máximas dirigentes se han acercado a Zaragoza para conocer de primera mano estos proyectos que atentas contra el futuro de Aragón. Tras su visita a las Cortes de Aragón de la mano de las plataformas y organizaciones locales, han ofrecido una rueda de prensa en la que han compartido algunas impresiones y medidas en caso de que estos proyectos sigan adelante.
Las organizaciones ecologistas han alertado de que la construcción de esta infraestructura de conexión entre estaciones de esquí comportaría un impacto irreparable en el paisaje y en las especies de fauna y flora de este espacio pirenaico, especialmente en el paraje denominado Canal Roya, un gran valle glaciar, al pie de pico Anayet, de extraordinaria belleza y valores naturales.
El proyecto contempla levantar dos entramados de grandes pilastras metálicas, ancladas en hormigón, para sostener los cables por los que discurrirían telecabinas en ambas direcciones. Además, se pretende construir una carretera de servicio y evacuación a lo largo de todo el recorrido y se edificaría una estación de servicios en el fondo del valle. Las organizaciones que han advertido de que no hay información pública y transparente al respecto de estos proyectos del Gobierno de Lambán, han insistido en que son un peligro no solo para Aragón, sino también para el Estado español, e incluso Europa.
Por ello, Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, anunciado que en caso de llevarse a cabo denunciarán ante la Comisión Europea el proyecto de Unión de Estaciones de Esquí. Además, ha subrayado que dado que este puede ser un problema que afecte a todo el conjunto del Estado español en el caso de que haya que devolver los fondos europeos también reclamarán al Gobierno de Sánchez un análisis ambiental riguroso, así como la paralización de cualquier obra hasta que no finalice el estudio.
En el caso del Gobierno de Lámbán le exigen transparencia así como la puesta en marcha del Plan de ordenación del Anayet para descongelar la declaración del Parque Natural del Anayet. Por último recuerdan que la Mesa pública de la Nieve sigue paralizada desde 2021.
Las organizaciones ecologistas recuerdan que este valioso espacio natural tiene abierto un procedimiento para la creación de un nuevo parque natural, denominado Anayet-Partacua, fundamentado en su singularidad paisajística de origen glaciar, su excepcional vegetación de alta montaña y su fauna singular y que, hasta que dicho procedimiento se resuelva no debería haber ninguna intervención sobre la zona.
WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra denuncian que este proyecto que se enmascara como "turismo sostenible" no cumple con el principio de "No Hacer Daño Significativo" (DNSH por sus siglas en inglés), condición sine qua non establecida por la Unión Europea (UE) para la asignación de los fondos europeos Next Generation que financian el PRTR, que obliga a justificar que los proyectos financiados no impactarán de forma negativa a ninguno de los seis objetivos medioambientales definidos por la UE:
- Mitigación del cambio climático.
- Adaptación al cambio climático.
- Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.
- Transición hacia una economía circular.
- Prevención y control de la contaminación.
- Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
Los grupos ecologistas se muestran convencidos de que el proyecto incumple todos los objetivos ambientales, por lo que el Gobierno español se verá obligado a devolver los fondos. Las organizaciones ecologistas manifiestan que: "Además de los impactos locales sobre la biodiversidad, la creación de nuevas infraestructuras y carreteras supondría un aumento del flujo de vehículos, lo que impide la lucha contra el cambio climático. Vamos a denunciar ante la Comisión Europea esta propuesta si hiciera falta, y no cabe duda de que, si esta ha sido financiada con dinero europeo, la UE va a obligar a su devolución".
Contrario al nuevo escenario climático
Además, en un contexto de cambio climático, con un riesgo alto de descenso de la nieve según las predicciones del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático (OPCC), sostener las instalaciones de esquí supone "apostar por la innivación artificial como la única estrategia, lo que pone en riesgo los humedales y supone un aumento del consumo de energía". En lugar de ello, atendiendo al diagnóstico del propio OPCC, las estaciones de esquí en la montaña aragonesa deben afrontar sin demora su adaptación al cambio climático y la progresiva reducción de la nieve.
