La Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica es parte de la Red de Apoyo Mutuo en respuesta a los Megaproyectos Energéticos y está integrada por numerosas organizaciones medioambientales y ciudadanas.
Se oponen a los proyectos de interconexión eléctrica y gasística acordados entre el Estado español y Francia (interconexión por cable submarino a través del Golfo de Bizkaia, líneas Cantegrit-Nafarroa y Samianigo-Os-Marcelhon y gaseoducto MidCat), así como a los proyectos de Autopista Eléctrica (de 400 kV) Penyalba-Arnero-Isona y Val Salada-A Luenga-Isona, y de aumento de la capacidad de transporte de las líneas de alta tensión (LAT) entre el Pallars Jussà y Samianigo, todos ellos previstos en la Planificación de la red de transporte eléctrico española.
En estos momentos, la Plataforma denuncia que se les acumulan las acciones judiciales, por lo que ven necesario un apoyo económico para la defensa jurídica en contra de la repotenciación de la línea de alta tensión Escalona-Foradada del Toscar. Ecologistas en Acción-Cinca han interpuesto un contencioso administrativo, ya visto para sentencia.
Los datos bancarios para las donaciones son los siguientes. El número de cuenta es el ES74 2085 2465 6101 0024 0709. En el concepto hay que indicar “Donativo campaña Escalona-Foradada”. La campaña estará abierta hasta el 21 de diciembre de 2022.
Acerca de la Repotenciación de la LAT Escalona-Foradada del Toscar
La Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica informaba en noviembre de 2020 que el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Industrial del Gobierno de Aragón desestimaba tres recursos de alzada contra la autorización administrativa que el INAGA concedía en agosto de 2020 al proyecto de aumento de la capacidad de transporte de las líneas de alta tensión Foradada del Toscar-Escalona y Escalona-Escalona, presentados por la plataforma, varias asociaciones de La Terreta y Ecologistas en Acción-Cinca.
La entidad tiene a disposición pública uno de los recursos de alzada contra el proyecto de repotenciación de las LAT. Tal velocidad en contestar “nos llevaba a pensar que el Gobierno de Aragón quería acelerar este proyecto al máximo, ignorando las severas afecciones y las vulneraciones de la legislación señaladas en nuestras alegaciones, pues, como advertimos en su día, está directamente vinculado con el futuro proyecto de interconexión eléctrica por el Pirineo aragonés”.
Su respuesta fue poner en marcha un contencioso administrativo contra la citada autorización del Gobierno aragonés a la repotenciación. “Es importante saber que no plantar batalla suponía abrir las puertas de par en par a un mega proyecto de repotenciaciones troceadas en diferentes proyectos por parte de Red Eléctrica española, que buscaba así esquivar una legislación ambiental más restrictiva”, señala la Plataforma.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) realizó hace un año aproximadamente una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al Proyecto de Repotenciación de la LAT, que es la continuación de la línea en litigio y que está a la espera de autorización administrativa por parte del Ministerio de Industria. “Por tanto, el oligopolio eléctrico, en sus diferentes manifestaciones, marca la hoja de ruta de las administraciones públicas”, denuncian.
En julio de 2021, finalmente, se interpuso la demanda judicial gracias a Ecologistas en Acción-Cinca, que realizaron un análisis y estudio del trazado de la línea en litigio, al tiempo que se personaban como la entidad que presentaba el contencioso administrativo, asumiendo la mitad de los costes de la defensa jurídica: 2.117,50 euros (IVA incluido) del pago al técnico que elaboró un informe pericial con el que dar consistencia a la demanda; 1.200,00 euros de los gastos de la ratificación de la perita en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en Zaragoza, y 404,60 euros (IVA incluido) del pago a la procuradora.
La plataforma también asumió también parte del pago de la defensa jurídica, así como el trabajo pedagógico de concienciación y sensibilización en el Alto Aragón y el Pallars Jussà, que a día de hoy continúa incansable, así como mantener otros frentes judiciales abiertos en la lucha por librar al Pirineo de megaproyectos eléctricos extractivistas y especulativos. Cabe recordar que ahora mismo tienen en marcha otro contencioso administrativo interpuesto contra la autorización administrativa a la Subestación Eléctrica "Isona", en Figuerola d'Orcau.
Actualmente se encuentran a la espera de sentencia judicial y con la necesidad de afrontar el pago de 2.228,90 euros como parte de la defensa jurídica. Por esta razón hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana y asociativa para afrontar estos gastos.
Afortunadamente su abogado consiguió “la concesión de la justicia gratuita, después de recurrir un prematuro rechazo de la administración de justicia, lo que viene a suponer en nuestro caso que no deberemos pagar costas judiciales en el caso de perder la demanda”.
