El movimiento por la vivienda ha conseguido colocar la huelga general sobre la mesa del sindicalismo laboral. CCOO y UGT han acordado convocar este otoño un paro general de 24 horas “por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla”, una decisión que todavía deberá ser ratificada por sus máximos órganos de dirección. Las dos centrales todavía no han puesto día al paro y anuncian que abordarán el calendario conjuntamente con el Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones sociales.
El anuncio llega después de unas jornadas en las que el conflicto de la vivienda ha sacudido las calles y el tablero político. El desahucio de Maricarmen, las protestas posteriores, las acampadas, el rechazo en el Congreso de los dos decretos de vivienda y las movilizaciones multitudinarias han precedido a la decisión de Pedro Sánchez de disolver las Cortes y convocar elecciones estatales para el 29N.
El adelanto electoral, sin embargo, no ha detenido el proceso abierto en las calles. En un comunicado conjunto, CCOO y UGT vinculan la crisis habitacional con un conflicto de rentas más amplio: sostienen que los salarios son insuficientes para afrontar simultáneamente el encarecimiento de la vivienda y del resto del coste de la vida y plantean incorporar los centros de trabajo a la movilización.
Los dos sindicatos interpelan tanto a las administraciones con competencias en vivienda como a las organizaciones empresariales y vinculan la convocatoria con la negociación salarial y el desbloqueo de los convenios colectivos. “Seguiremos en la movilización y en la negociación colectiva hasta que la vivienda deje de ser un privilegio, y los salarios permitan vivir con dignidad”, sostienen.
Las calles empujan el siguiente paso
El acuerdo sindical llega después de un fin de semana en el que decenas de miles de personas volvieron a ocupar las calles por el derecho a la vivienda en más de medio centenar de ciudades. Entre las consignas comenzó a abrirse paso con fuerza una propuesta: llevar la movilización también a los centros de trabajo.
En Aragón, el fin de semana dejó 40.000 personas movilizadas en Zaragoza, según el Sindicato de Inquilinas, unas 200 en Uesca y 500 en Teruel. Las protestas se extendieron por numerosos territorios y tuvieron este lunes otra demostración de fuerza en Barcelona: según informa La Directa, unas 120.000 personas salieron a la calle en una convocatoria que llamó a avanzar hacia la huelga general. La jornada terminó con cargas de los Mossos d'Esquadra.
El movimiento inquilino llevaba días preparando ese salto. En una tribuna publicada en elDiario.es, las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid Valeria Racu y Alicia del Río plantean trasladar la fuerza mostrada durante estos días “a cada barrio, a cada bloque, a cada centro educativo y a cada centro de trabajo”.
“Se acabó el tiempo de los políticos. Que empiece el tiempo de la política”, escriben. La apuesta pasa por convertir el desborde de las plazas en organización cotidiana y ampliar así la capacidad de presión del movimiento.
CCOO y UGT recogen ahora ese llamamiento y acuerdan un paro general de 24 horas este otoño, todavía sin fecha. Las dos centrales anuncian que el calendario se abordará junto al Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones sociales. La propuesta que recorrió las acampadas y manifestaciones empieza así a dar el salto al sindicalismo laboral.
CGT llama a “poner una fecha” y SOA ofrece su estructura
También CGT ha dado el paso. Su XX Congreso Confederal, celebrado en Parla este fin de semana, terminó con un llamamiento a una huelga general por la vivienda y contra la carestía de la vida. El reelegido secretario general de la organización, Miguel Fadrique, situó entre las primeras tareas de la nueva dirección hablar con los sindicatos de inquilinas y los movimientos sociales para “poner una fecha a la huelga general por la vivienda”.
En Aragón, SOA-STA ya había mostrado su “apoyo rotundo” a las movilizaciones y ofrecido expresamente al Sindicato de Inquilinas “nuestro bagaje y experiencia para convocar una nueva huelga general en Aragón”. El Sindicato Obrero Aragonés plantea poner su estructura a disposición del movimiento, como hace con los colectivos feministas del 8M. Para SOA, el objetivo debe ser “acabar con la vivienda como negocio” y con “el rentismo como forma de explotación”.
Sobre los dos decretos rechazados por el Congreso, SOA mantuvo una posición crítica pero defendió las protecciones que incorporaban: “Eran un parche, un balón de oxígeno. Pero mejor eso que la nada”. Su reivindicación va más allá: “La vivienda debe ser un derecho garantizado en todas sus formas y accesos”.
Inquilinas Zaragoza: “El horizonte es construir una huelga general”
Por su parte, el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha celebrado este martes la convocatoria. Su portavoz, Paula Ríos, ha insistido en que el adelanto electoral no modifica la estrategia del movimiento: “Creemos que hay que continuar luchando. Hay que continuar organizándose”.
El Sindicato no deposita sus expectativas en la campaña electoral. Ríos ha defendido que las grandes conquistas laborales y sociales, como la jornada de ocho horas, llegaron mediante amplios procesos de lucha de la clase trabajadora y grandes huelgas. “Celebramos esta convocatoria, creemos que es el camino por el que tenemos que seguir”, ha afirmado.
Para Inquilinas Zaragoza, además, la vivienda es “la punta de lanza de un malestar social generalizado” relacionado con el deterioro de las condiciones materiales de la clase trabajadora. Ríos ha señalado el estancamiento de los salarios reales frente al crecimiento de los beneficios empresariales y del coste de la vida, especialmente el de la vivienda, y ha denunciado también los ataques a los servicios públicos.
El Sindicato descarta por ahora volver a levantar una acampada en Zaragoza. Considera que aquella herramienta cumplió su función al dar visibilidad a la lucha y permitir que se acercaran personas que hasta entonces no habían entrado en contacto con la organización.
“Ahora mismo el horizonte es construir una huelga general”, ha explicado Ríos. Pero advierte de que un paro de esas dimensiones “no se hace simplemente llamando a la huelga”: requiere mucho trabajo previo en los centros de trabajo, los centros de estudio y los barrios, dar a conocer derechos e incorporar a más personas a su preparación.
El siguiente paso en Zaragoza será este jueves 8 de octubre, a las 19:00, en la plaza San Pablo, donde el Sindicato de Inquilinas ha convocado una gran asamblea abierta para extender la lucha a los barrios y sumar fuerzas al proceso organizativo.
🗣 @InquilinasZgz celebra la convocatoria, pero advierte: una huelga general “no se hace simplemente llamando a la huelga”. Paula Ríos marca la tarea: construirla desde los barrios, los centros de estudio y los centros de trabajo: https://t.co/1weEHA1OFG https://t.co/zhqDRR5QDe
— AraInfo (@arainfonoticias) October 6, 2026
Las elecciones no detienen la agenda de vivienda
La convocatoria electoral ha abierto una nueva fase política, pero el movimiento inquilino mantiene una agenda propia. Paula Ríos ha criticado la política de vivienda desarrollada durante las últimas legislaturas por las distintas fuerzas que han ocupado responsabilidades de gobierno, tanto en el Ejecutivo estatal como en las administraciones autonómicas y locales.
Su conclusión es que los avances dependerán de la capacidad de los sindicatos laborales, los sindicatos de vivienda y las organizaciones de clase para construir suficiente fuerza social. El objetivo último tampoco se limita a detener determinados desahucios o conseguir rebajas parciales de los alquileres: el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza reivindica que la vivienda deje de ser una mercancía y quede universalmente garantizada como un derecho.
Mientras tanto, el Gobierno español ha vuelto a llevar al Consejo de Ministros las medidas de vivienda tumbadas en el Congreso, pero mantiene fuera del decreto principal una de las principales demandas del movimiento inquilino: la prórroga automática de los contratos de alquiler. Según informa El Salto, el Ejecutivo la relega a un segundo decreto pese a las movilizaciones de los últimos días y Pedro Sánchez reconoce que no cuenta con mayoría suficiente para garantizar su convalidación en la Diputación Permanente, por lo que su entrada en vigor queda de nuevo en el aire.
El Salto señala además el contraste con la nueva apuesta anunciada por Sánchez para acceder a una vivienda: un préstamo público de hasta 50.000 euros sin intereses destinado a facilitar la compra de la primera vivienda. El Salto cuestiona así que, mientras el Ejecutivo vuelve a dejar pendiente una medida destinada a dar estabilidad a quienes viven de alquiler, incorpore una nueva fórmula de financiación para acceder a la propiedad. Eso sí, sigue en pie el veto a los fondos buitres hasta el 31 de diciembre de 2028 y la paralización de los desahucios hasta el último día de 2030.
El nuevo movimiento del Gobierno español llega cuando la presión por la vivienda ha saltado de las plazas y las manifestaciones al terreno laboral. Frente a un calendario electoral que culminará el 29N, el movimiento inquilino marca el suyo: organizar desde abajo una huelga general capaz de llevar el conflicto a barrios, centros de estudio y centros de trabajo.
