Calatayud se juega varios millones anuales en el empeño de su alcalde por mantener un homenaje a Franco

El Gobierno de Aragón insta de nuevo al consistorio a retirar la medalla de oro de la ciudad que concedió en los años 50 al dictador con la advertencia expresa de que “no subvencionará, bonificará o concederá ayudas públicas” a personas o instituciones sancionadas “por alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática”

Los generales Franco y Mola, artífices del golpe fascista.
Los generales Franco y Mola, artífices del golpe fascista.

Podemos leer "no queda sombra de duda acerca de la necesidad de que el ayuntamiento que usted dignamente preside elimine esa distinción honorífica, a lo que ya se le instó desde esta Dirección General en anteriores ocasiones”, según expone el requerimiento por el que el Gobierno de Aragón insta al consistorio de Calatayud “a que proceda a la aplicación de lo dispuesto por la legislación vigente en los términos señalados e inicie el procedimiento para la revocación de dicha medalla al dictador Francisco Franco Bahamonde”, una orden que incluye la obligación de que “una vez adoptado el acuerdo de revocación, se haga constar en el Libro Registro de Honores y Distinciones”.

La retirada de la medalla de oro de la ciudad que el Ayuntamiento de Calatayud concedió a finales de 1955 a Franco con carácter vitalicio ha provocado hasta la fecha varios enfrentamientos epistolares de esa institución con otras como el Justicia y la Delegación del Gobierno además de con el Gobierno de Aragón, en todos los casos con José Manuel Aranda (PP) en la alcaldía.

Este, que dirige un equipo de gobierno de coalición con Ciudadanos que puntualmente recibe apoyos de Vox y del PAR, viene manteniendo una postura tan paradójica como contradictoria: “Yo reniego y renuncio de aquello”, ha llegado a declarar en medios de comunicación, aunque al mismo tiempo su grupo siempre ha rechazado las mociones que los grupos de la oposición, principalmente el PSOE, han ido presentando para pedir la retirada formal de la medalla y la anotación de esa decisión en el libro de honores del ayuntamiento.

La postura del equipo de gobierno de Calatayud sostiene que al tener la medalla carácter vitalicio su vigencia decayó con la muerte del dictador a finales de noviembre de 1975, un argumento que choca de por sí con la ausencia de cualquier anotación que dé fe de ello en el libro de honores y que no comparten el resto de instituciones que han ido interviniendo en el conflicto ni sus servicios jurídicos.

Un recordatorio con rango de advertencia

El último requerimiento, fechado el 26 de enero y al que ha tenido acceso Arainfo, recoge algunas novedades en relación con las comunicaciones anteriores entre las que destaca la inclusión de un recordatorio, que en este caso presenta rango de advertencia, acerca de cómo el artículo 33 de la Ley de Memoria Democrática aragonesa “establece que el Gobierno de Aragón no subvencionará, bonificará o concederá ayudas públicas a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución administrativa firme con la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática”.

Esos expedientes sancionadores se ponen en marcha en caso de que una administración se niegue a acometer la eliminación de vestigios del franquismo.

Ese movimiento sitúa a Aranda ante la disyuntiva de acatar el requerimiento del Gobierno de Aragón o mantener la vigencia de la medalla y, con ella, exponer al ayuntamiento de la cuarta ciudad del país a perder una inyección de fondos autonómicos que ronda los dos millones de euros por año, algo menos de la décima parte del presupuesto de un consistorio que a finales del año pasado admitía arrastrar una deuda de algo más de seis millones.

Esos fondos autonómicos resultan clave para financiar el funcionamiento de la Policía Local, las escuelas infantiles o los servicios sociales, sin incluir inversiones puntuales como la de un millón de euros para vivienda que recibió el año pasado de un paquete de fondos europeos que gestiona el Gobierno de Aragón ni otras que no llegaron a concretarse como la de 2,3 para la construcción de un nuevo polideportivo.

La posición de Aranda, no obstante, tiene también algo de estrategia de partido en cuanto a la resistencia que están mostrando los principales ayuntamientos aragoneses gobernados por el PP, como el de Zaragoza, a la eliminación de los vestigios del franquismo en los espacios públicos de sus localidades.

El dictador Francisco Franco, durante un acto público en los años 50.

Un acuerdo de concesión que despeja cualquier duda

De la Ley de Memoria Democrática aragonesa, vigente desde 2018, ya se derivaba la “incompatibilidad legal de la concesión de la "medalla de la ciudad en su categoría de oro al Excmo. Señor Francisco Franco Bahamonde”, puesto que recogía la “obligación de las administraciones públicas de Aragón de adoptar las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática, debiendo procederse a revisar e invalidar, por los procedimientos legalmente establecidos, todas las distinciones, nombramientos o títulos honoríficos, las denominaciones de vías, espacios o edificios públicos y demás formas de exaltación de personas o hechos vinculados a la defensa del régimen franquista”.

Y el requerimiento recoge como cuatro años después la nueva norma estatal “establece una serie de medidas en relación con las condecoraciones y recompensas recibidas por personas vinculadas a la defensa del régimen franquista, con el objetivo de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura” entre las que se encuentra la “obligación de adoptar las medidas oportunas para la retirada de los elementos contrarios a la memoria democrática, como es en este caso ‘la medalla de la ciudad de Catalayud en su categoría de oro al Excmo. Señor Francisco Franco Bahamonde”.

¿Cuál sería el motivo jurídico? “Tratarse de una mención conmemorativa de exaltación personal de la sublevación militar, la guerra civil y la represión de la posterior dictadura”, explica el requerimiento.

El propio acuerdo plenario de 1955 despeja cualquier duda en ese sentido cuando define la medalla como “una muestra de agradecimiento a quien salvó la patria en momentos de peligro y continúa, con pulso sereno y bondadoso corazón, llevándola a un destino mejor”, algo que también hace la ley cuando establece que “la revisión y revocación [de ese tipo de títulos] también podrá llevarse a cabo a título póstumo, cuando la persona condecorada ya hubiera fallecido”.

“Si alguno de sus titulares llegara a ser indigno”

En ese escenario, el requerimiento de la Consejería de Cultura, que es la que gestiona las competencias en materia de Memoria Democrática, recuerda cómo esas dos leyes “imponen una conducta a las administraciones públicas consistente en adoptar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas, sin que le corresponda al ayuntamiento ponderar su cumplimiento”.

“Una vez se haya revocado medalla de oro se hará constar en el mismo Libro [Registro] su revocación”, indica la DGA, que recuerda cómo el propio e Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Calatayud, el mismo que reserva la medalla de oro de la ciudad para premiar “los merecimientos relevantes contraídos por actos destacados”, prevé “la posibilidad de revocar las distinciones honoríficas concedidas ‘si alguno de sus titulares llegase a ser indigno de poseerlas por causas que afecten gravemente al honor”.

Por último, la comunicación del Gobierno destaca cómo “la revisión y revocación de las condecoraciones que supongan un enaltecimiento del régimen franquista y sus protagonistas han llevarse a cabo también a título póstumo, lo que constituye una garantía de los principios constitucionales de seguridad jurídica y legalidad para llevar a cabo el procedimiento de revocación de esta distinción concedida al dictador”.

El arzobispo borra a José Antonio en Cerveruela

La posición del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Calatayud, con Aranda al frente, contrasta con la adoptada por el arzobispado de Zaragoza en la no muy alejada localidad de Cerveruela, donde se ha decidido a retirar de la fachada de la iglesia parroquial las alusiones a José Antonio Primo de Rivera, una figura clave en el aparataje ideológico del franquismo pero que al mismo tiempo no se ve afectada por la normativa memorialista por no haber participado en la guerra civil al encontrarse preso en Alicante y morir en la cárcel en los primeros meses de la contienda.

El Ayuntamiento de Cerveruela acaba de comunicar al Senado su acuerdo para autorizar al arzobispado a la retirada de la placa conmemorativa que se encuentra colocada en la iglesia local.

El párroco había solicitado a mediados de julio de 2020 la autorización para la retirada de la placa, algo que la cámara alta había solicitado dentro de los trabajos de limpieza de vestigios del franquismo que viene impulsando el senador de Compromís, Carles Mulet.

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