Hace poco más de una semana, el antiguo quiosco de Flandes y Fabiola, ahora convertido en una gran instalación de hostelería denominada ‘Roto’, volvió a estar envuelto en la polémica al protagonizar la sesión de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza celebrada el 15 de diciembre. En esta ocasión, Suso Domínguez, concejal de Zaragoza en Común, apuntó hacia las irregularidades que se traslucen de los informes municipales respecto a la ejecución del proyecto y también en relación con la actividad empresarial objeto de la adjudicación.
Desde un inicio, la sombra de un presunto trato de favor hacia el empresario Juan Forcén —íntimo de Jorge Azcón y presente en muchas de las grandes operaciones urbanísticas e inmobiliarias de la ciudad y de Aragón— sobrevuela en la adjudicación de distintas concesiones públicas, entre ellas las de cinco de los seis quioscos del Parque Grande José Antonio Labordeta. Adjudicaciones que se encuentran en el marco del escándalo que este Diario Libre d'Aragón bautizó como el "kioscogate".
Disparidad entre proyecto y obras ejecutadas
Según la documentación y los informes municipales del expediente, a los que AraInfo ha tenido acceso, se constata que, al presentar la solicitud de licencia de actividad por parte de la empresa adjudicataria, queda en evidencia que las obras ejecutadas son distintas al proyecto presentado para el que se concedió la licencia urbanística y ambiental. Según los técnicos municipales, el plano presentado con el certificado de final de obra “difiere en forma y distribución respecto al aprobado en el proyecto de ejecución”. Se señalan modificaciones realizadas en la zona de aseos y del ascensor que incumplen las ordenanzas de edificación. También se indica que la escalera de acceso al sótano, los materiales utilizados en los aseos o los sistemas de protección solar no coinciden con los aprobados en el proyecto.
En el mismo expediente se señala la existencia de un equipo musical con mesa de mezclas, siete etapas, 56 altavoces y tres subwoofer (altavoces de graves), aunque la licencia prevista para este tipo de actividad (bar, restaurante o cafetería) es clara y no permite la instalación de dichos equipos, más allá de lo que podría considerarse como “ambientación musical”. Entre otras cuestiones, la normativa aragonesa establece una limitación a un máximo de 75 decibelios para el tipo de actividad del establecimiento y, sin embargo, el equipo instalado en ‘Roto’ estaría limitado a 88, muy por encima de lo permitido. El equipo instalado estaría mucho más cercano a la actividad de discoteca —para la que no tiene licencia— que a la necesaria en un bar, restaurante o cafetería. “Han legalizado la apertura de una discoteca en la principal zona verde de la ciudad”, sentenció Domínguez en la Gerencia de Urbanismo.
El documento también reitera que los rótulos instalados en el exterior no cumplen con las condiciones impuestas por Patrimonio. El mismo informe señala, además, distintos incumplimientos o documentación no aportada en relación con cuestiones de seguridad y accesibilidad.
Sin embargo, la actividad seguirá adelante y se “legalizarán” todas las irregularidades. La actuación municipal al respecto parecería un “todo vale” en favor de la sociedad ‘Capricho Parque Grande’, adjudicataria de la explotación y propiedad, como hemos explicado, de Juan Forcén. En este sentido, el edil de Zaragoza en Común señaló que al empresario se le permiten “cosas que a un ciudadano anónimo no se le pasarían”.
Denuncia por daños al arbolado
Pero la polémica en torno a ‘Roto Zaragoza’ no termina aquí. La Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) ha presentado en la tarde de este lunes una denuncia ante el Ayuntamiento de Zaragoza por posibles daños al arbolado del Parque Grande José Antonio Labordeta, uno de los principales pulmones verdes y el parque más emblemático de la ciudad.
Según la asociación, en el entorno del “quiosco” se han instalado cables, altavoces y otros elementos sujetos directamente a los árboles, una práctica que está prohibida por la Ordenanza Municipal de Protección del Arbolado, ya que puede causar daños y deteriorar la salud de los ejemplares.
ANSAR recuerda que los árboles urbanos son patrimonio común, fundamentales para la calidad ambiental, la biodiversidad y el bienestar de la ciudadanía, y que su protección no es opcional, sino una obligación legal tanto para particulares como para la propia administración.
Esta laxitud al respecto contrasta con la contundencia en la aplicación de la ordenanza cuando el Ayuntamiento de Zaragoza impuso sanciones a dos activistas del colectivo Iniciativa por Palestina, que en el marco de una actuación artística de denuncia del genocidio en Gaza fueron multados por colocar una bandera palestina, sujeta de forma temporal con un pulpo, en un árbol de la calle Marqués de la Cadena, junto a ‘Hierros Alfonso’.
Volviendo al escrito, ANSAR solicita al Ayuntamiento de Zaragoza que “abra un expediente sancionador para aclarar responsabilidades” y que “adopte medidas inmediatas para evitar que continúen los daños”. Exigen “la retirada de los elementos instalados y la restauración del arbolado afectado”, así como que se “refuerce la vigilancia e inspección para impedir que situaciones similares se repitan en otros parques y calles de la ciudad”.
La asociación subraya que este tipo de prácticas no solo se han detectado en el Parque Grande, sino también en otras zonas de Zaragoza, donde árboles urbanos se utilizan como soporte de luces y cableado, contraviniendo la normativa municipal. La asociación insiste en que “proteger el arbolado urbano es proteger la salud y la calidad de vida de toda la ciudadanía”.
