El presunto trato de favor al empresario Forcén se aclarará en la próxima comisión de Urbanismo

Zaragoza en Común solicitó la puesta en marcha de mecanismos de investigación con el fin de obtener las explicaciones pertinentes sobre este caso, que salpica al alcalde Azcón

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Jorge Azcón durante el debate sobre el estado de la ciudad. Foto: Daniel Marcos

El grupo municipal de Zaragoza en Común pregunta en la próxima comisión de Urbanismo sobre el cumplimiento de la moción aprobada en el Pleno del pasado mes de septiembre, relativa a las “incongruencias e irregularidades” en un expediente sobre una licencia de demolición de un quiosco en el Paseo San Sebastián.

Las comisiones especiales de investigación municipales están reguladas en el artículo 122 del Reglamento Orgánico que dice lo siguiente: El pleno del Ayuntamiento, a propuesta de la Alcaldía, de la Junta de Gobierno Local, de dos grupos políticos o de las dos quintas partes de los miembros del Pleno, podrá acordar la creación de una Comisión Especial de Investigación. Las conclusiones de estas deberán plasmarse en un dictamen que habrá de ser debatido y votado por un pleno. Las sesiones de estas comisiones no serán públicas.

Zaragoza en Común ha recordado la importancia de esclarecer los hechos que se conocieron el pasado 13 de septiembre a partir de una noticia que señalaba que el empresario Juan Forcén Martínces, amigo personal del Alcalde Jorge Azcón, había recibido presuntamente un trato de favor en la tramitación de un expediente relativo a la reforma de uno de los quioscos del Parque Grande. Una adjudicación que ya en su día fue criticada por Zaragoza en Común debido a que las empresas propiedad de Forcén fueron adjudicatarias de siete quioscos diferentes, “algo que cuando menos resultó sospechoso y sobre todo que limitó las posibilidades de que pequeños autónomos pudieran obtener la concesión y ganarse la vida con la misma”, han señalado desde la formación.

Según el expediente, la autorización para proceder a la demolición del quiosco fue autorizada el 11 de julio cuando el proyecto de demolición no fue presentado hasta el día siguiente 12 de julio. Además, el proyecto de demolición fue presentado mediante una comparecencia en persona y no a través del registro electrónico, tal y como obliga la ley al tratarse de una persona jurídica. Además, en la autorización fechada el 11 de julio se afirmaba que fue constituida la fianza de 443 euros cuando solamente se habían ingresado 360 euros y los 83 euros restantes no se ingresaron hasta el 14 de julio, tres días después de que el Servicio de Licencias Urbanísticas hubiera afirmado que ya se habían pagado.

Cuando los grupos de la oposición pidieron explicaciones al Gobierno en la Comisión de Urbanismo sobre estas incongruencias en el expediente no se recibió explicación que pudiera arrojar luz sobre un acto reglado que debiera seguir un procedimiento ya establecido.

Para lograr arrojar luz y evitar cualquier sospecha de que hubiera habido un trato de favor al amigo del alcalde, Zaragoza en Común solicitó la puesta en marcha de mecanismos de investigación con el fin de obtener las explicaciones pertinentes sobre la incongruencia en la correlación de las fechas de los informes y documentos que conforman el expediente en cuestión. “Solicitamos una explicación coherente y por escrito que, o bien despeje cualquier duda, o bien de lugar a tomar otro tipo de acciones de carácter legal”, han expresado.

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