La campaña de incendios de este verano sumó 244 siniestros, cinco grandes incendios y una superficie forestal afectada más de once veces superior a la media histórica de nuestro país. Así lo ha explicado la DGA en rueda de prensa.
Las 35.675 hectáreas de superficie forestal afectadas, 44.193 si se suma la superficie agrícola, 244 siniestros y cinco grandes incendios forestales, destacan del balance oficial de una campaña de incendios de 2026 que el propio Gobierno de Aragón califica de “extraordinariamente dura”. Una dimensión que deja poco espacio para los balances triunfalistas y obliga a mirar más allá del número de medios desplegados para preguntarse qué está fallando en la prevención y en la gestión del territorio.
Los datos del balance gubernamental corresponden al periodo de máxima activación del dispositivo INFOAR, entre el 12 de junio y el 13 de septiembre. En esos tres meses se registraron 95 incendios más que la media histórica, situada en 149, mientras que la superficie forestal afectada multiplicó por más de once la media: 35.675 hectáreas frente a las 3.089,81 habituales. Además, se produjeron cinco grandes incendios forestales —los que superan las 500 hectáreas— frente a uno de media.
El Gobierno de Aragón, a través del consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho (Vox), ha presentado estas cifras como un punto de partida para “sacar conclusiones y tomar decisiones”. Pero precisamente el tamaño de la catástrofe obliga a preguntarse si las decisiones que ahora anuncia la DGA llegan después de que el fuego haya puesto de manifiesto las carencias de una política preventiva que debe desarrollarse durante todo el año y no únicamente cuando comienza la temporada de máximo riesgo.
La imprevisión de la DGA aboca a Aragón a un verano devastador
Los cinco grandes incendios de este verano se produjeron en Alcampell, Leciñena, Orés, Ejulve y las Peñas de Riglos. El incendio de las Peñas de Riglos fue el de mayor extensión, con 16.521,92 hectáreas forestales afectadas, de las que 14.453,12 eran superficie arbolada. El de Orés afectó a otras 11.319 hectáreas. Entre ambos concentran una parte sustancial de la superficie forestal arrasada durante la campaña en nuestro país.
El incendio de Riglos muestra hasta dónde puede llegar un gran fuego cuando confluyen unas condiciones ambientales extremas y un territorio altamente vulnerable. Durante su evolución afectó a 20 núcleos habitados, infraestructuras, un camping y los monasterios Viejo y Nuevo de Sant Chuan d’a Penya, con unas 1.046 personas afectadas.
En una sola jornada llegaron a intervenir 34 medios aéreos y cerca de 500 efectivos terrestres. La extinción se prolongó durante 34 días y quedó además marcada por la muerte de un trabajador de la UME durante las labores vinculadas al incendio. El balance de Riglos no es, por tanto, únicamente una cifra de hectáreas quemadas. Es también el reflejo de la capacidad destructiva de unos incendios que comprometen pueblos, ecosistemas, patrimonio, infraestructuras y vidas humanas.
El calor explica parte del problema, pero no todo
La DGA sitúa las condiciones meteorológicas entre los elementos determinantes de la campaña. En alguna zona de Aragón el nivel de riesgo alcanzó el rojo o rojo plus durante el 75% de los días del verano, mientras que el riesgo muy alto se mantuvo desde mediados de junio durante prácticamente toda la campaña.
La consecuencia fue una elevada disponibilidad de la vegetación para arder durante buena parte del periodo. Pero la propia directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, introduce una cuestión fundamental al señalar que “no existe una única explicación” para entender el comportamiento de los incendios. Junto a la meteorología, la responsable de la DGA cita expresamente “las condiciones del territorio, la continuidad de la vegetación, la carga de combustible, los accesos y las infraestructuras de prevención”.
Es precisamente ahí donde el discurso institucional sobre los incendios se enfrenta a una cuestión de fondo: si buena parte de los factores que determinan la propagación de un gran incendio dependen de cómo se gestiona el territorio, la prevención no puede reducirse a disponer de más aeronaves cuando las llamas ya están avanzando.
Más gestión forestal, y brindis al sol, después de un verano que ha dejado una factura enorme
La respuesta anunciada por el Gobierno de Aragón pasa ahora por reforzar la gestión forestal durante todo el año. La DGA plantea trabajos selvícolas, limpieza de montes, mantenimiento de pistas y accesos, cortafuegos, fajas de protección, puntos de agua y anillos perimetrales alrededor de los núcleos habitados.
También anuncia el impulso de los aprovechamientos de madera y biomasa y la recuperación de usos agrícolas y ganaderos compatibles con la conservación. El argumento del Ejecutivo aragonés es que la actividad agraria y ganadera, junto con una gestión forestal activa, puede contribuir a reducir la acumulación de combustible vegetal.
En esta estrategia se incluye el PIAMA, el Plan de Impulso de Aprovechamientos de Madera y de Intervenciones Selvícolas en Aragón, cuyo objetivo es ampliar la superficie gestionada y extender los tratamientos selvícolas incluso a zonas donde el aprovechamiento comercial no resulte viable. La DGA anuncia ahora que el borrador de los Presupuestos de 2027 contempla ampliar su dotación hasta alcanzar el objetivo de 6,5 millones de euros anuales.
El problema es que la prevención forestal necesita continuidad, planificación y presencia permanente sobre el territorio. El incendio no empieza cuando se declara la máxima activación de INFOAR: empieza mucho antes, en un monte más o menos gestionado, en una pista accesible o abandonada, en una masa forestal con mayor o menor carga de combustible y en unos pueblos con mayor o menor protección frente al fuego.
El personal forestal, la pieza clave que no puede quedar en segundo plano
En paralelo al anuncio de nuevos medios materiales, el Gobierno de Aragón asegura mantener el diálogo con las organizaciones sindicales de las brigadas forestales de SARGA. También asegura ahora que mantiene conversaciones con el personal laboral y funcionario del operativo para abordar mejoras organizativas y laborales.
El refuerzo anunciado por la DGA tendrá que medirse, no solo en helicópteros, aviones o autobombas, sino también en trabajadoras y trabajadores suficientes, estabilidad laboral, formación, condiciones dignas y capacidad para mantener tareas preventivas durante todo el año.
El verano ha vuelto a demostrar que los grandes incendios no se combaten únicamente desde el aire ni con dispositivos activados durante unos meses. La prevención se construye en los montes y en los pueblos, con planificación, inversión pública y personal sobre el terreno.
Un balance que obliga a mirar más allá de los anuncios y propaganda oficial
El Gobierno de Aragón cierra oficialmente la campaña de máxima activación con cifras que están muy lejos de cualquier normalidad estadística: la superficie forestal afectada supera en más de once veces la media histórica y los grandes incendios se multiplican por cinco respecto a esa referencia.
Biendicho asegura que el balance debe servir para “sacar conclusiones y tomar decisiones”. La cuestión ahora será comprobar si esas decisiones se traducen en una política pública de prevención y gestión forestal sostenida, con recursos y personal suficientes, o si el debate vuelve a quedar reducido al habitual ciclo de incendio, despliegue, balance y anuncio de nuevas inversiones, que el gobierno de Azcón no ha cumplido en anteriores años.
Porque cuando las llamas se apagan, comienza precisamente la parte menos visible de la lucha contra los grandes incendios: gestionar el monte, cuidar el territorio y a sus habitantes, y preparar durante todo el año la siguiente temporada. Y en Aragón, después de las miles de hectáreas forestales afectadas este verano, esa tarea ya no admite más demora, ni más excusas e incumplimientos.
La jueza investiga si el gobierno de Azcón filtró información reservada del caso del incendio de Riglos
La magistrada de Chaca que instruye la causa abre una pieza separada para esclarecer cómo llegó al portal oficial Aragón Hoy el contenido de la petición de prisión contra el trabajador investigado por el incendio de Las Peñas de Riglos antes de que, según su defensa, esta hubiera recibido el escrito judicial.
Investiga si el Gobierno de Aragón pudo vulnerar el deber de reserva de las actuaciones judiciales en el caso del incendio de Las Peñas de Riglos. La jueza que instruye la causa en Chaca ha abierto una pieza separada para esclarecer cómo se difundió públicamente el contenido de la petición de prisión provisional formulada por los Servicios Jurídicos de la DGA contra el trabajador investigado por el fuego y, especialmente, cómo pudo hacerse pública esa información antes de que, según sostiene su defensa, el abogado del investigado hubiera recibido formalmente el escrito.
La decisión de la magistrada Silvia Martín Jiménez llega después de que la defensa denunciara ante el juzgado que el Gobierno de Aragón había hecho públicos, a través del portal institucional Aragón Hoy, datos y argumentos contenidos en una actuación procesal que todavía no había sido trasladada a la parte afectada. La jueza ha acordado investigar las circunstancias de esa difusión y determinar quién tuvo acceso al documento, quién autorizó su publicación y cómo llegó su contenido al espacio público.
La investigación judicial no prejuzga que se haya cometido un delito ni atribuye responsabilidad penal al Ejecutivo aragonés. Precisamente, la pieza abierta pretende determinar qué ocurrió y si de los hechos pudieran derivarse responsabilidades.
Una información judicial publicada antes de llegar a la defensa
El episodio se remonta al 3 de septiembre, cuando Aragón Hoy publicó una información en la que el Gobierno de Aragón anunciaba que sus Servicios Jurídicos habían solicitado al juzgado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del trabajador investigado por el incendio de Riglos. Como alternativa, la DGA planteaba una fianza de 100.000 euros.
La comunicación institucional iba más allá de anunciar la existencia de la petición. También exponía los principales argumentos empleados por los Servicios Jurídicos para reclamar el regreso a prisión: el supuesto riesgo de fuga, la falta de arraigo suficiente en Aragón, el traslado del investigado al País Valencià y la consideración de que las medidas cautelares existentes podían resultar insuficientes. El elemento que ha llevado esta cuestión ante la jueza es el momento en que esa información fue difundida.
Según la denuncia presentada por la defensa, cuando el Gobierno de Aragón ya había hecho públicos esos argumentos y distintos medios habían comenzado a hacerse eco de ellos, el abogado del investigado todavía no había recibido el escrito judicial que recogía la petición de prisión y sus fundamentos. La cuestión planteada por la defensa no es, por tanto, el derecho de los medios de comunicación a informar sobre una causa judicial. Lo que se pide investigar es cómo una Administración personada en el procedimiento pudo disponer de información contenida en una actuación procesal y hacerla pública antes de que esta hubiera sido trasladada a la representación legal del investigado.
La defensa reclama que se determine quién autorizó la publicación, qué personas tuvieron acceso al documento y cuál fue el recorrido de la información hasta acabar publicada en Aragón Hoy.
La jueza abre una pieza separada para esclarecer la filtración
La magistrada acordó el 14 de septiembre abrir una pieza separada para investigar las circunstancias de la divulgación pública del contenido del escrito presentado por los Servicios Jurídicos de la DGA. Entre las diligencias planteadas figura la identificación de las personas que tuvieron acceso al documento antes de su publicación, así como de quienes participaron en la elaboración, autorización y difusión de la información institucional.
La defensa también ha solicitado que se conserven y aporten los registros relacionados con la elaboración y publicación de la información difundida a través de Aragón Hoy, incluidos los datos relativos a las distintas fases de redacción, edición y aprobación.
El objetivo es reconstruir el recorrido de la información: quién conoció el contenido de la petición de prisión, cuándo lo conoció, quién decidió convertirlo en una comunicación pública y en qué momento se produjo su difusión. La denuncia de la defensa invoca el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece el carácter reservado de las diligencias del sumario durante la fase de instrucción, y cita jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo relacionada con el deber de reserva. Será la investigación judicial la que determine si las circunstancias denunciadas encajan o no en alguna conducta jurídicamente relevante.
La petición de prisión fue rechazada y el trabajador continúa en libertad
La polémica sobre la difusión de la información se produce, además, en paralelo a la disputa judicial sobre la situación cautelar del trabajador investigado. La DGA, personada como acusación particular, había solicitado su ingreso en prisión provisional o, subsidiariamente, el establecimiento de una fianza de 100.000 euros. La Fiscalía también pidió su ingreso en prisión.
Sin embargo, la jueza de Chaca rechazó finalmente esta petición el 18 de septiembre y mantuvo al investigado en libertad provisional, con las medidas cautelares ya establecidas: retirada del pasaporte, prohibición de abandonar el Estado español, obligación de facilitar un domicilio y un teléfono de contacto y comparecencias periódicas ante el juzgado. La decisión se produjo después de que la Audiencia de Uesca revocara la prisión provisional acordada inicialmente y cuestionara la suficiencia de los indicios existentes para mantener al trabajador privado de libertad.
El tribunal señaló que las imágenes disponibles situaban al investigado en las proximidades del lugar donde se inició el incendio, pero no permitían observar el momento concreto de la ignición. También apuntó a que la causa del incendio no estaba plenamente determinada y que el informe técnico preliminar no permitía descartar otras hipótesis.
La investigación sobre el origen del fuego continúa abierta. Entre las diligencias acordadas se encuentra el volcado y análisis de los teléfonos móviles intervenidos al investigado, con el objetivo de examinar fotografías, mensajes, llamadas y otros datos que puedan resultar relevantes para la instrucción.
Así pues, la instrucción judicial continúa tratando de esclarecer las circunstancias del fuego y las posibles responsabilidades derivadas de los daños ocasionados. La jueza ha abierto asimismo una pieza específica relativa a la responsabilidad civil y ha reclamado documentación a distintas administraciones y entidades relacionada con los daños, las obras de la carretera A-132 y las empresas implicadas.
Nuestros montes desprotegidos a pesar de la propaganda del Gobierno de Aragón
Todas hemos escuchado la expresión ‘el veranillo de San Miguel’, haciendo referencia al repunte de temperaturas que se suele dar a finales de septiembre. Pero en la DGA parecen desconocerlo.
Como el propio balance de la DGA reconoce, tras pasar en 2026 el peor verano de la historia de nuestro país en lo que se refiere a incendios forestales, temperaturas máximas y falta de lluvias, este pasado domingo, 20 de septiembre, la empresa pública SARGA, dependiente del Gobierno de Aragón, finalizó el contrato del 72,5% de los vigilantes de puestos fijos forestales.
¿Y esto que implicaciones tiene? pues que a pesar de la propaganda y anuncios oficiales, la realidad es tozuda y preocupante, pues nuestro país tiene en estos momentos un 72,5% menos de ojos vigilando nuestros montes y por lo tanto el riesgo de que un pequeño incendio se detecte tarde y se convierta en un gran incendio forestal se incrementa considerablemente.
La DGA dio por concluida la temporada de incendios este pasado 13 de septiembre, pero revisando el NAPIF (Nivel de Alerta por incendios Forestales) de fecha 21 de septiembre, tenemos la mayoría de nuestro país en Alerta Naranja, y esta semana se esperan temperaturas máximas de entre 33 y 35º C, en montes que sufren un estrés hídrico crónico.
¿Qué implica un nivel de alerta Naranja según el PROCINFO?: alta probabilidad de ignición, que la propagación de los incendios forestales sea de alta velocidad e intensidad, pudiendo estar fuera de capacidad de extinción en amplias zonas incluso con media alineación de factores de propagación, siendo probables Grandes Incendios Forestales.
Con estos datos, solo podemos esperar que la suerte acompañe a nuestros montes, por que con la propaganda de la DGA no se apagan los incendios.
