El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido con satisfacción la sentencia del Supremo que ha dictaminado la ilegalidad de varias cláusulas que dejaron fuera de la licitación del contrato del bus urbano de la ciudad a la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores (SCUT).
La sentencia "abre la puerta a una gestión pública del bus urbano y deja claro que los y las trabajadoras, organizados en cooperativa, pueden acceder a los contratos públicos en condiciones de igualdad con las sociedades anónimas", ha expresado el portavoz del grupo, Pedro Santisteve.
En este sentido, Santisteve ha subrayado: "¿Cabe la gestión directa de un servicio público como el transporte? La respuesta es sí", para recordar los casos existentes, como el metro de Madrid o los buses urbanos de València gestionados por una cooperativa.
En 2013 el Gobierno municipal del PSOE, al mando de Juan Alberto Belloch, sacó a concurso la contrata del transporte urbano. Finalmente, se presentaron dos licitadores: AUZSA y SCUT. La cooperativa quedó excluida por falta de solvencia técnica, económica y por no ser una sociedad anónima.
SCUT recurrió al TACPA, pero no les dio la razón, recurrieron al TSJA y, en 2016, el tribunal dio la razón a la cooperativa. Este fallo del TSJA fue recurrido al Supremo por la multinacional mexicana ADO (Avanza), la actual adjudicataria del bus urbano. Y hoy, cuatro años, después el Supremo se ha pronunciado en este sentido.
Desde ZeC han recordado que primero Tuzsa, después Auzsa, y luego Avanza, han gestionado el transporte urbano de Zaragoza desde el año 1982, y la concesión acabará en el 2023, "lo que supone 40 años de gestión del mayor contrato municipal".
A este respecto, Santisteve ha preguntado "¿qué ocurre cuando una empresa lleva 40 años gestionando el transporte urbano?", a lo que él mismo ha contestado: "Ningún estímulo para su renovación, pero, por contra, hay corruptelas".
Siguiendo con esta línea, Santisteve ha denunciado lo que ocurrió cuando ZeC llegó al Gobierno municipal, que "el anterior Ayuntamiento había pagado la indemnización de 125 trabajadores por despido y las minutas de los abogados de la empresa". "¿Creéis que el Ayuntamiento está para esto?", ha afeado.
"El Supremo está diciendo que las cooperativas pueden concursar en igualdad de oportunidades con las grandes empresas, que las y los trabajadores tienen el derecho constitucional de hacerse con los medios de control y, en este caso, vemos que hubo trato de favores a las grandes empresas, lo que supone un motivo de escándalo", ha añadido el portavoz de ZeC.
En este sentido, ha ido más lejos para afirmar que "las cooperativas, que se preocupan por el bienestar y las condiciones laborales de sus socios y socias y de la ciudadanía en general, están en mejores condiciones de gestionar un servicio público que una gran empresa, porque, además, el margen del beneficio industrial no lo tienen tan acentuado como las grandes empresas en las que prima el beneficio económico puro y duro".
De este modo, para Santisteve, esta sentencia pone de nuevo en el debate político municipal la gestión directa de los servicios públicos. "Va a ser de obligado debate porque la sentencia plantea tres escenarios: o se indemniza a la cooperativa o se rescinde el contrato y se hace uno nuevo con una nueva licitación o se pasa a una gestión pública del servicio".