La gestión de los préstamos sin interés para autónomos y micronegocios afectados por los ceses de la actividad por el estado de alarma que está desarrollando el Ayuntamiento de Zaragoza tiene claros rasgos de sindiós, el castizo término sinónimo de “caos” y “desorden”, vistos los datos que el equipo de gobierno PP-Cs de Jorge Azcón y Sara Fernández maneja sobre el asunto.
Los datos, sencillamente, no cuadran: las cifras oficiales que maneja el ayuntamiento llevan a que su cuantía acabe por no poder conocerse con claridad, y a eso se le suma la ‘desaparición’ de casi medio centenar de deudores en relación con la cifra que hasta ahora venía difundiendo el equipo de gobierno municipal en sus comunicados oficiales.
“El total de microcréditos concedidos fue de 1.699. Correspondiendo 1.118 a la primera convocatoria y 581 a la segunda convocatoria. El importe total concedido fue de 9.980.000,00 euros”, indica el equipo de gobierno en su respuesta a una pregunta formal por escrito de ZeC (Zaragoza en Común).
Y ahí está la primera sorpresa: ¿qué ha pasado con los 44 autónomos y microempresarios empeñados que faltan para llegar a los 1.743 de los que el ayuntamiento lleva meses hablando en notas oficiales como esta o como esta otra?
“En la primera convocatoria se formalizaron 1.146 microcréditos y 597 en la segunda”, señala en el segundo de esos comunicados, lo que incluye un descuadre de 28 y de 16, respectivamente, para la primera y la segunda de esas convocatorias, algo que lleva a plantear algunas dudas más que razonables: ¿por qué la cifra crece cuando el consistorio se dirige a la prensa o decrece cuando el interlocutor es un grupo de la oposición? ¿cuál es, si acaso lo es una de las dos, la correcta?
Con micropréstamos de 5.000 a 10.000 euros, el descuadre derivado de esa merma del número de deudores se movería en una horquilla de 220.000 a 440.000 euros.
El creciente margen de mejora del equipo de Azcón
No es que se trate del primer descuadre que se detecta en la gestión del equipo de Azcón y Fernández en los tres años y medio que van de legislatura. De hecho, tanto el Tribunal de Cuentas como la Intervención ha puesto sobre la mesa una retahíla de irregularidades que incluye la existencia de pagos sin que exista un contrato que establezca la prestación del servicio o el suministro del bien del que se trate, una situación que ha llegado a afectar a uno de cada ocho euros de gasto municipal, más de cien millones de euros en 2020.
Está claro que con Azcón y su equipo llegaba al Ayuntamiento de Zaragoza una forma de gestionar distinta de la registrada en legislaturas anteriores, aunque también es cierto que el cambio supone cierto grado de frustración sobre las expectativas que pudo crear ese mismo político cuando, desde la oposición, se refería a una supuesta “bancarrota” del consistorio “después de 16 años de gobiernos de izquierdas” y señalaba al orden en las cuentas como su primer “empeño”.
En la práctica, y al margen de discursos y soflamas, parece obvio que su margen de mejora, y el de su equipo, han seguido creciendo con el paso del tiempo mientras en los últimos meses se vivían situaciones desconocidas hasta la fecha en el consistorio.
Ahí están episodios como el convenio de 50.000 euros suscrito entre la concejalía de Servicios Sociales que dirige Ángel Lorén con la oenegé en la que trabajan su hermana y su cuñado, la compra de un Iphone de 1.200 euros con cargo al consistorio por la responsable de Hacienda, María Navarro, el aumento de 300.000 euros en el gasto en asesores o el voto favorable del propio Azcón, que aludió abstenerse, a proyectos urbanísticos en los que participan sus familiares.
Dividir las cuantías de esos asuntos por 15,9 permite calcular a la magnitud de los episodios en ‘gominas’, la desmesurada unidad de escandalera mediática que algunas cabeceras aplicaban la pasada legislatura para escrutar la gestión municipal.
Un descuadre equivalente a 5.660 ‘gominas’
El segundo descuadre del programa de los microcréditos para autónomos y micronegocios se encuentra en las cuantías, que no coinciden de ninguna de las maneras.
Según la respuesta del equipo de gobierno a ZeC, “se ha procedido a la devolución completa o parcial de un total de 306 microcréditos con un importe de 1.194.895,08 euros”, a lo que añade que “tras las cifras indicadas queda pendiente de reintegro un total de 8.875.104,92 euros”.
Una sencilla operación indica que esas dos cifras suman 10.070.000, que siempre serían 90.000 euros por encima de los 9,98 millones que el equipo de gobierno asegura haber distribuido entre autónomos y microempresarios.
Noventa mil euros de descuadre en el Ayuntamiento de Zaragoza suponen, en cualquier caso, una cifra susceptible de generar una escandalera de magnitud 5.660 en la escala de ‘gominas’, aunque nada apunta a que el debate municipal, ni tampoco el mediático, vayan a acabar derivando por esos derroteros.
Ese último descuadre procede del único epígrafe en el que los números sí cuadran, que se produce cuando la respuesta cifra en 306 las devoluciones totales (91) y parciales (215) de esos micropréstamos, por un valor de 557.500 euros las primeras y por otro de 637.395,08 las segundas.
Esa suma sí da un total de 1.194.895,08. Aunque, al mismo tiempo, ese número supera en 90.000 al que sale de restar lo que la respuesta consigna como pendiente de devolución a lo que señala como concedido.
¿Qué va a pasar con esos microcréditos?
Los cálculos del ayuntamiento apuntan a una deuda pendiente de devolución de en torno a nueve millones cuya gestión quedará sobre la mesa del próximo alcalde o alcaldesa de la capital aragonesa, ya que el periodo de devolución obligatoria no comienza hasta el 5 de noviembre del año que viene para quienes obtuvieron las ayudas en la primera convocatoria y hasta el 5 de diciembre, también de 2023, para los de la segunda.
La convocatoria, lanzada en la segunda mitad de 2020, establecía tres líneas de ayuda de 5.000, 7.500 y 10.000 euros (en función del número de trabajadores) que debían devolverse, sin intereses, en 36 cuotas mensuales en el primer caso y en 60 en el segundo y el tercero que iban a empezar a correr en mayo de 2021 tras medio año de carencia.
Las condiciones básicas consistían en tener menos de diez trabajadores, haberse visto obligados a suspender la actividad en el segundo trimestre de 2020 como consecuencia de las medidas del estado de alarma y haber cerrado ese ejercicio con una merma de la facturación de “al menos el 50%”, lo que concentraba los candidatos en la hostelería y el comercio.
En febrero del año pasado, el pleno acordó a propuesta del PSOE ampliar otro año la carencia, lo que situaba el inicio de las devoluciones en mayo y junio de este año. Y apenas dos semanas antes de ese vencimiento, el equipo de gobierno decidía ampliar en otros 18 meses, lo que suponía duplicar ese plazo de carencia, que de esta manera pasaba a finalizar en noviembre y diciembre de 2023.
El equipo de Azcón y Fernández argumentó que la medida se debía a las solicitudes que en ese sentido le había hecho llegar la Asociación de Cafés y Bares, Ocio Nocturno o la Cooperativa de Radio Taxi ante las dificultades de los destinatarios de los créditos para devolverlos, aunque está claro que, al mismo tiempo, esa ampliación le permitía eludir el brete de tener que decidir a tres semanas de las elecciones municipales de mayo de 2023 qué hacer con quienes no cubran la primera cuota obligatoria.
La cronología no deja de tener una componente chocante cuando se trata del mismo equipo de gobierno cuyos miembros llegaron a calificar de “ilegal”, “populista” e “injusto” en el pleno de febrero de 2021, en el que se decidió el primer aplazamiento de doce meses, los planteamientos de la oposición de izquierdas para estudiar la posibilidad de condonar esas deudas ante las dificultades de los microempresarios para devolverlas.
A esas dificultades pueden acabar añadiéndoseles las que, previsiblemente, puede encontrarse el ayuntamiento para saldarlas, si no son liquidadas de manera voluntaria por los beneficiarios, por su particular configuración jurídica a caballo entre la subvención y el préstamo.
