El sacrificio de Aragón por la colonización de centros de datos corre el riesgo de caer en la dinámica electoralista y de polarización de PP y PSOE. Durante la presentación de la aprobación definitiva parcial del PIGA de Blackstone, Azcón culpó al ejecutivo de Lambán de la normativa que provoca el impago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de estos proyectos de interés general. Una enorme mentira, ya que la responsabilidad es compartida por ambos de igual manera. La realidad es que un fondo de inversión dejará de pagar 57 millones de euros a Calatorao, la famosa alfombra roja a promotores a costa de los ayuntamientos.
En la mayoría de ruedas de prensa en las que se ha preguntado a Azcón sobre este impago, siempre ha utilizado la trampa de sobredimensionar otros impuestos como IBI o IAE, muchísimo menores en cuanto a cantidad que el ICIO. Sin embargo cambió de narrativa y se lanzó al lodo electoral: “Los impuestos que va a cobrar el Ayuntamiento de Calatorao no los ha decidido este gobierno, los decidió el gobierno anterior. Los impuestos que pagan una gran inversión que viene a Aragón están fijados en una legislación que aprobó el partido socialista, no nos la hemos inventado nosotros”.
La versión legislativa de Azcón es totalmente falsa, y en favor de tecnológicas como Amazon y Microsoft, o especuladores, como el fondo de inversión Blackstone. Ninguna normativa aragonesa, que delimite los Proyecto de Interés General para Aragón (PIGA), cita expresamente la anulación del ICIO. El impago es una interpretación jurídica que hacen los promotores de centros de datos porque la legislación sí que les permite edificar sin solicitar licencias urbanísticas.
Un claro ejemplo de que esta anulación es simplemente una interpretación promovida por promotores y políticos, es el contencioso-administrativo que ratificó este pasado verano el ayuntamiento de Villanueva de Galligo para solicitar el pago de 23 millones de euros a Amazon por el ICIO. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) lo ha admitido a trámite entre otras posibles usurpaciones de competencias urbanísticas por parte del Gobierno de Aragón.
Otro ejemplo de la pantomima sobre las licencias urbanística, lo está protagonizando el caso de Microsoft y sus centros de datos en Puerto Venecia. Tras aprobase inicialmente su PIGA en noviembre pasado, la tecnológica solicitó dos licencias urbanísticas de limpieza y retirada de acopios al Ayuntamiento de Zaragoza.
Para obtener dichos permisos mintió en su proyecto técnico sobre la no existencia de residuos peligrosos para obtener licencias sin clasificación ambiental. Sin embargo, cuando vecinos y vecinas de Torrero denunciaron la irregular gestión de amianto, modificaron el PIGA con la connivencia del Gobierno de Aragón, para decir que esta fase no pertenecía al proyecto, sino a una fase previa. Recientemente, el consejero de medioambiente. Luis Biendicho, contradijo a la tecnológica y al ayuntamiento en Cortes de Aragón, además de recordar a Microsoft que, según la legislación, deberá pedir de nuevo licencia para el movimiento de tierras.
Azcón y Lambán, el mismo chantaje para los ayuntamientos
La vehemencia que tuvo en defensa de la alfombra roja que han puestos los últimos ejecutivos aragoneses en favor de los promotores le jugó una mala pasada a Azcón. El presidente desveló con claridad el modus operandi que han tenido con el ICIO, tanto Lambán como él, para presionar a los ayuntamientos a aceptar estos impagos, bajo veladas amenazas de que se irían a otros municipios.
En enero 2020, el alcalde de Villanueva de Galligo, Mariano Marcén, reclamó cobrar a Amazon 3,5 millones por el ICIO. Dos días después, Lambán le recordaba que hay "otros 728 municipios dispuestos" a acoger a Amazon.
En rueda de prensa, Azcón explicó de forma sutil como a los ayuntamientos no les queda otra opción que aceptar este impago si no quieren perder el proyecto. Respecto al malestar que está empezando a crecer en muchas poblaciones por el impago del ICIO, manifestó: “Ninguno de los alcaldes, que ahora tiene grandes inversiones en su territorio, en su municipio, cuando se está debatiendo el que esta inversión se instale en su municipio o no se instale, suele poner estos problemas encima de la mesa. Los problemas se ponen cuando la inversión ya se ha decidido y cuando la inversión va a empezar. Pero cuando se está decidiendo que esa inversión vaya a un municipio, vaya a uno o vaya a otro, no recuerdo a ningún alcalde que haya levantado la mano para decir no, si aquí no pagan estas licencias que el partido socialista dijo que no se pagaran, que no vengan, que vaya a otro municipio”.
El periodista de esta noticia desea rectificar la información dada en junio en ‘Calatorao perderá 285 millones de euros si permite que Azcón perdone el ICIO a Blackstone por sus centros de datos’. El cálculo del ICIO se realizó sin tener en cuenta el último artículo de la Ordenanza municipal que permitía un 80% de bonificación en caso de que el fondo de inversión certifique de forma real 80 puestos de trabajo cuando los primeros centros de datos estén operativos. Ante la posibilidad de que esta condición futura fuera una realidad, se ha optado en la presente noticia a restar dicho descuento, obteniendo la cifra final de 57.098.923,99 euros.
