Asociaciones vecinales exigen "garantías de permanencia" para las actuales inquilinas de Aloy Sala

Tras la compra del grupo de viviendas por un fondo inversor, el precio del alquiler pasa de los 390 euros actuales hasta los 600 tras la reforma. La FABZ, Parque Bruil – San Agustín y Colectivo Bruil – Aloy Sala – Tenerías denuncian la "expulsión encubierta" para muchas familias y reclaman al Gobierno Chueca "explicaciones públicas inmediatas".

Viviendas de Aloy Sala | Foto: Asociación Vecinal Parque Bruil San Agustín

Con "máxima" preocupación e inquietud. Así se manifiestan la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y las asociaciones vecinales Parque Bruil – San Agustín y Colectivo Bruil – Aloy Sala - Tenerías ante la reciente operación inmobiliaria llevada a cabo en Tenerías, donde un grupo de inversores ha adquirido un total de 323 viviendas y 130 locales y sótanos pertenecientes a Edificios Miraflores y que conforman el grupo de viviendas Aloy Sala.

Esta adquisición fue anunciada como la "mayor operación inmobiliaria de los últimos años en la ciudad de Zaragoza", una inversión de 22 millones de euros destinada a la compra de las viviendas por parte del grupo inversor By Venezia, "pero sin transparencia y sin aportar datos claros", denuncian las entidades vecinales en una nota de prensa.

En este sentido, ponen en el acento en que no se haya ofrecido "ninguna garantía concreta" sobre qué sucederá con los actuales inquilinos e inquilinas que viven en el grupo de viviendas Aloy Sala. "No se les ha ofrecido la posibilidad de compra de la vivienda que habitan al mismo precio ofertado al inversor, algunos de ellos residiendo en el barrio durante décadas en régimen de renta antigua, aunque la operación haya sido publicitada como una promesa de revalorización de la zona con alquileres asequibles y no de reventa", critican las vecinales.

"Una expulsión encubierta" para muchas familias

"Queremos denunciar que las entidades públicas implicadas en esta operación no han ofrecido ningún tipo de información sobre esta operación privada que podría tener consecuencias gravísimas para la continuidad del tejido vecinal del barrio. Porque ya se anuncia un incremento medio del precio del alquiler desde los 390 euros actuales hasta los 600 euros tras la reforma. Para muchas familias del barrio esta subida supone una expulsión encubierta. Y todo ello, si no con la complicidad, sí al menos con el consentimiento de las instituciones que deberían haber velado por el bienestar de los vecinos y vecinas", alertan Carmen Turégano, de la vecinal Parque Bruil – San Agustín, y Santos Gil, secretario del colectivo Bruil – Aloy Sala – Tenerías.

Asimismo, denuncian la "oportunidad perdida" para haber aumentado el parque de vivienda pública "si el Ayuntamiento de Zaragoza hubiera asumido su papel como garante del derecho a una vivienda digna, realizando la misma operación que hace apenas dos años llevó a cabo con un edificio de 27 viviendas en el barrio Oliver y poder replicar un proyecto de rehabilitación urbana dese lo público, como fue el de la plaza San Bruno en los años 90 del siglo pasado".

Demandas de las vecinales

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza | Foto: Miguel G. García (AZ)

Por ello, desde la FABZ y desde las asociaciones vecinales Parque Bruil – San Agustín y Bruil – Aloy Sala – Tenerías exigen "garantías de permanencia" para las actuales personas residentes, "sin subidas abusivas del alquiler ni condiciones que dificulten su continuidad", y reclaman "transparencia" a los nuevos propietarios y al Ayuntamiento de Zaragoza. En este sentido, al Gobierno municipal de Natalia Chueca le piden "explicaciones públicas inmediatas" sobre esta operación.

Del mismo modo, muestran su inquietud por la creciente entrada de fondos de inversión en el mercado residencial de Zaragoza e instan a que se amplíe el parque público de vivienda. "Queremos que el Ayuntamiento y/o el Gobierno de Aragón asuman las responsabilidades que en su día les llevó a promover la participación de los vecinos y vecinas de Aloy Sala en la convocatoria de los Fondos Europeos Next Generation", inciden.

Las vecinas y los vecinos de este barrio zaragozano ya han alzado la voz en numerosas ocasiones exigiendo mejoras, seguridad y condiciones dignas. Reclaman que se les escuche, porque "tenemos derecho a seguir viviendo en nuestro barrio con dignidad, sin ser víctimas de procesos especulativos". Y las instituciones "tienen la obligación de velar por ese derecho, no de mirar hacia otro lado".

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