Expulsión de los vecinos y vecinas para beneficiar a los fondos de inversión. Es la denuncia de Zaragoza en Común de la operación de compraventa del grupo de viviendas Aloy Sala, en la zona de Tenerías y Parque Bruil, impulsada bajo el mandato de Natalia Chueca. “Una vez más, se demuestra que en materia de vivienda, el gobierno municipal del PP y Vox no defiende el derecho a la vivienda, sino que promueve la especulación y contribuye activamente a agravar la crisis habitacional que sufre Zaragoza”, ha criticado el concejal Suso Domínguez en rueda de prensa.
La reciente venta de 323 viviendas pertenecientes a Edificios Miraflores a un grupo inversor, que se habrían podido adquirir por un precio medio de 68.000 euros por unidad —22 millones en total—, era una “oportunidad única” para aumentar el parque público de vivienda, lamenta ZeC. En este sentido, Domínguez ha subrayado que una adquisición pública de “ese calibre” habría supuesto que el Ayuntamiento de Zaragoza “pasara a controlar el 52% de la propiedad”, lo que “facilitaría la gestión pública, el acceso a los fondos europeos de rehabilitación y, sobre todo, garantizaría el derecho a permanecer de los actuales inquilinos e inquilinas”, así como “una contención de los precios del alquiler en la zona”.
Además, el concejal de ZeC ha señalado que esta operación especulativa “coincide” con “decisiones del propio gobierno de Natalia Chueca” que “contribuyen a revalorizar las viviendas de Aloy Sala”. En concreto, Domínguez ha hecho referencia a la inversión de 704.946,11 euros en la reurbanización de la calle Pedro de Alvarado, y los casi cuatro millones de euros (3.991.280€) de fondos europeos anunciados para rehabilitar 144 viviendas, de las cuales 76 ya pertenecen al nuevo grupo inversor.
Suso Domínguez: “Nos preguntamos si el Gobierno Chueca ha sido colaborador necesario en esta venta”
“Este grupo, según ha trascendido, planea subidas del alquiler de hasta un 50% tras la rehabilitación, en claro perjuicio de los inquilinos e inquilinas actuales”, ha remarcado el edil de Zaragoza en Común. Unas advertencias que vienen poniendo sobre la mesa desde hace tiempo el tejido vecinal de este barrio zaragozano, como la vecina que escribió en AraInfo esta 'Crónica de una gentrificación anunciada'.
De hecho, el Colectivo Vecinal Parque Bruil ya alertó hace unos días de que el propio fondo inversor reconoce que actualizará los alquileres para obtener una “rentabilidad adecuada al precio de demanda”, lo que “en la práctica significa subir el alquiler a quienes ya viven allí. Muchos con rentas bajas. Muchos que llevan toda la vida en esos bloques”, lamentan para preguntarse: “¿Qué pasará con las y los inquilinos de renta antigua? ¿Dónde está el límite? ¿Va a haber negociación real o solo se les invitará a marcharse?”.
Según ha denunciado ZeC, también resulta “llamativo” que, apenas días después del anuncio de estas inversiones, se aprobara en la Gerencia de Urbanismo levantar la interrupción administrativa de licencias urbanísticas para varias comunidades de propietarios en Aloy Sala. “Todo esto genera serias dudas sobre la posible cooperación activa del gobierno municipal en esta operación especulativa”, ha apuntado Domínguez.
“Desde Zaragoza en Común nos preguntamos si el Gobierno de Natalia Chueca ha sido un colaborador necesario en esta venta: si ha habido contactos con el grupo de inversores, el contenido de esos contactos si los hubiera y si se ha tratado alguna condición para futuras ayudas públicas”, ha añadido el concejal. Del mismo modo, Suso Domínguez ha recordado que en esta misma zona se encuentran las instalaciones de Instalaza, empresa que ya en 2012 intentó modificar el PGOU para construir nuevas viviendas, “lo que demuestra el interés especulativo continuado sobre estos suelos”.
“Zaragoza necesita políticas de vivienda valientes, no gobiernos que enriquecen a unos pocos”
El concejal de ZeC ha recordado las advertencias de Europa de la necesidad de aplicar criterios sociales en la distribución de ayudas públicas. “Zaragoza en Común ha presentado propuestas en este sentido para garantizar que las subvenciones no perjudiquen a los vecinos ni provoquen desplazamientos. Sin embargo, tanto el PP como Vox han votado en contra, negándose a garantizar el arraigo de los vecinos y el derecho a la vivienda”, ha denunciado Domínguez.
Por todo ello, en el pleno de este jueves el grupo municipal de ZeC exigirá al Gobierno de Natalia Chueca información relativa a si conocía el Ayuntamiento que las viviendas estaban en venta y si realizó alguna oferta a Edificios Miraflores. En caso negativo, la formación quiere conocer los motivos por los que no se presentó una propuesta de compra.
El grupo municipal también quiere conocer cuántas de las viviendas beneficiadas con los fondos europeos de rehabilitación pertenecen a Edificios Miraflores y si ha habido conversaciones entre el Ayuntamiento y el grupo de inversores. Quieren saber cuál fue el contenido y qué tratamiento se les dará en futuras convocatorias de rehabilitación. “Zaragoza necesita políticas de vivienda valientes y comprometidas con el derecho a una vivienda digna, no gobiernos que promuevan operaciones que expulsan a los vecinos y enriquecen a unos pocos”, concluye Domínguez.
