El ‘nuevo’ Pacto Europeo de Migración y Asilo pretende legalizar “las mayores vulneraciones y represiones contra estas personas y sus derechos”, y pretende también por primera vez desde la segunda guerra mundial “arrancar la universalidad de un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: el derecho a asilo”, explican diferentes organizaciones civiles europeas.
Esta modificación del Pacto “tendrá catastróficas consecuencias para las vidas de millones de personas, familias, niños y niñas que huyen de persecuciones, guerras, expolio y genocidios”, recalcan.
Las comunidades afectadas, las organizaciones de la sociedad civil, colectivos y defensores de los Derechos Humanos junto con la ciudadanía aragonesa y europea “levantamos nuestras voces y puños en lucha contra esta nueva realidad que se pretende, llena de sufrimiento humano y vulneraciones de los principales derechos fundamentales y del Menor”, enfatizan. “Vamos a luchar por la justicia y la humanidad, por un futuro en el que prevalezca la vida humana y la justicia”, aseguran.
¿Por qué la movilización? ¿Cuáles son los mayores peligros del nuevo Pacto?
Las entidades convocantes explican que:
En territorio europeo, pero sin derechos: se va a aplicar la llamada "Ficción Jurídica de No-Entrada", que esencialmente significa tratar a las personas que llegan como si aún estuvieran fuera del territorio de la UE. Esto implica que las personas serán detenidas en masa en centros o islas. La regla se aplica durante los dos procesos que a continuación se explican.
Procedimiento de control previo: el screening es un proceso de evaluación de hasta siete días que implica la recogida de datos biométricos y un análisis de riesgos de seguridad, incluso con menores a partir de seis años, y con posibilidad de uso de la fuerza. Se aplica a todas las personas que ingresan al territorio europeo, provocando retrasos en el acceso al procedimiento de asilo, un aumento en el uso de la detención en las fronteras y controles raciales una vez dentro del territorio.
Menos garantías en materia de asilo: nuevo procedimiento fronterizo acelerado de aplicación obligatoria. Une los procesos de asilo y retorno sin una distinción clara entre ellos, lo que conlleva una evaluación menos individualizada y discriminatoria de las solicitudes de asilo. Se pueden rechazar solicitudes si se considera que el solicitante puede encontrar seguridad en otro país o en un “zona” de otro país, y es obligatorio para ciertas nacionalidades con baja tasa de aceptación de asilo o que “supongan un riesgo de seguridad”. También se les aplica a las familias con menores o a los menores sin referentes adultos que “representen un riesgo para la seguridad”.
El gran peligro, el Reglamento de “crisis”:
- Derogación en situaciones de crisis: Los Estados pueden suspender normas y leyes en caso de "crisis", "fuerza mayor" o "instrumentalización".
- Extensión del procedimiento fronterizo: Se extiende el procedimiento fronterizo de asilo y/o retorno hasta seis semanas, sin excluir a familias con menores, lo que podría afectar la evaluación individualizada de solicitudes de asilo.
- En situaciones de "instrumentalización" (interpretación de posible manipulación de la situación migratoria con otros propósitos, como fines políticos o económicos), todas las personas serán sometidas al procedimiento fronterizo, lo que también pone en riesgo a las ONG de búsqueda y rescate.
Más presión a los países de llegada: que hacen ya un gran esfuerzo de acogida. Se obliga a pedir asilo sólo en el primer país de llegada, alargando la responsabilidad de éstos estados.
Pagar para no acoger: sistema flexible que permite a los Estados pagar 20.000 euros por persona para no acogerlas en sus territorios. Este dinero irá destinado a fronteras, screening, deportaciones y lo que han llamado “principio de solidaridad”.
Menos vías legales y más externalización de fronteras: evita la aplicación de vías legales y seguras y delega la gestión migratoria en terceros países.
Las entidades o personas a título individual pueden suscribir el manifiesto en este formulario. La movilización del viernes, 5 de abril, en Aragón, en plaza España de Zaragoza supuso el arranque de esta semana de movilizaciones en diferentes ciudades europeas, desde Cáceres a Berlín, pasando por Barcelona o Sevilla, para reforzar la concentración a las puertas del Parlamento Europeo en Bruselas el 10 de abril a las 15 horas, coincidiendo con el debate y voto del Pacto en el Parlamento Europeo durante los días 10 y 11 de abril.
