El Consejo de Ministros y Ministras del Gobierno español aprobó este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que pretende abordar la lucha contra todas las formas de trata y de explotación, desde la sexual y la laboral al tráfico de órganos.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que permitirá amparar a través de herramientas legales, institucionales y de carácter social "a personas que sufren mucho en nuestro país y también en otros países del mundo" y reforzará la lucha contra las mafias de explotación y el crimen organizado. La trata es el tercer negocio más lucrativo después del tráfico de armas y de drogas según los organismos internacionales.
El anteproyecto parte de un texto elaborado por encargo de la propia ministra a una comisión especial constituida dentro de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, ha sido coordinado por los ministerios de Igualdad, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Interior y Justicia y ha incorporado aportaciones de otros nueve departamentos.
Una de las principales novedades es la creación del Mecanismo Nacional de Derivación (MND) como órgano encargado de la inmediata derivación de las presuntas víctimas de trata a los servicios especializados. Este Mecanismo estará adscrito a una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, que supervisará todas las políticas públicas en materia de trata y explotación y desempeñará el papel de coordinador estatal a los efectos de representación en el ámbito internacional.
El Ministerio de Igualdad consideraba que el proyecto era insuficiente al no garantizar permisos de residencia y trabajo a las víctimas en situación irregular, la inmensa mayoría, pero a última hora se ha incluido en cierta manera. La minstra Llop ha defendido que el texto sigue las recomendaciones del Convenio de Varsovia, que prevé dar papeles por circunstancias excepcionales teniendo en cuenta su situación personal y su colaboración en el procedimiento penal.
Las penas para clientes, locales y tratantes
El anteproyecto impone penas de prisión de uno a cuatro años a quien "haga uso de los servicios, prestaciones o actividades de la víctima". Se incluyen aquí, por tanto, a las personas o clientes que se benefician de esta explotación, quienes quedarán exentas del castigo siempre y cuando el suceso haya sido ocasional y hayan denunciado la situación.
La misma pena de uno a cuatro años de prisión se le impondrá también a quien "promueva, favorezca o facilite" la explotación ajena, alquilando o poniendo a disposición "locales de negocio, establecimientos comerciales o lugares de alojamiento de las víctimas". Según esta misma ley para evitar que esto acabe perjudicando a las propias víctimas, estas quedarán exentas de la pena.
Más duros son los castigos para los responsables directos de la explotación ajena. En este sentido, el texto contempla penas de prisión de cinco a ocho años para quien, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad y vulnerabilidad de la víctima, la obligue a realizar cualquier trabajo o servicio, "incluyendo prestaciones o actividades de naturaleza sexual, la mendicidad y la realización de actividades delictivas".
En este sentido, se elevan también los castigos para tratantes que mantengan a la víctima en un estado de "dependencia" y "sometimiento", restringiéndole su libertad de movimientos. Para estos supuestos, se le castigará como autor del delito de servidumbre con la pena de prisión de seis a nueve años.
Además, se penará con prisión de ocho a doce años por un delito de esclavitud a quien "someta" o "mantenga" a una persona en una situación "de absoluta disponibilidad sobre ella y sus esferas de libertad personal".
